Sin foto ni certezas, el Presidente intenta blindar a su jefe de Gabinete en medio de denuncias, sospechas de corrupción y una caída abrupta de imagen.
La escena es tan elocuente como inquietante: dos horas de reunión en Olivos, sin foto, sin declaración conjunta y con un único mensaje que suena más a contención desesperada que a conducción política. Javier Milei decidió respaldar públicamente a Manuel Adorni “hasta el final del mandato”, pero lo hizo en el peor momento posible, cuando las versiones de renuncia, las denuncias judiciales y el deterioro de imagen convierten al jefe de Gabinete en un problema imposible de disimular.
Lejos de despejar dudas, el encuentro profundizó la sensación de fragilidad. Que el Presidente reciba durante dos horas a su jefe de Gabinete —algo que debería ser rutinario— y que eso se convierta en noticia habla menos de gestión que de crisis. El anuncio posterior, que Adorni se reunirá con tres ministros, no aporta nada nuevo: es, en rigor, una obligación básica del cargo. Pero en el clima actual, ese gesto mínimo se presenta como un intento de sostener lo insostenible.
El trasfondo es mucho más grave. Las acusaciones que rodean a Adorni ya no son rumores de pasillo sino un entramado que combina denuncias por enriquecimiento ilícito con situaciones difíciles de explicar. El caso de Claudia Sbabo sintetiza esa tensión: una jubilada que percibe un beneficio social destinado a personas de bajos ingresos aparece, al mismo tiempo, como acreedora de un préstamo de 100 mil dólares al funcionario. La contradicción es tan evidente que erosiona cualquier intento de defensa.
A esto se suma otra revelación explosiva: la escribana vinculada a Adorni, Adriana Nechevenko, habría trabajado para organizaciones narcocriminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas. Aunque el vínculo no implica necesariamente responsabilidad directa, el impacto político es devastador. En un gobierno que hizo de la “casta” y la corrupción su principal enemigo discursivo, cada nuevo dato funciona como un boomerang.
El efecto ya se mide en números. Según la última encuesta de Sergio Berenztein, la imagen negativa de Adorni alcanza el 76%, mientras que un 70% de los argentinos lo considera corrupto. Son cifras que no solo comprometen al funcionario, sino que empiezan a arrastrar al propio Milei. La crisis dejó de ser individual para convertirse en estructural.
Dentro del oficialismo, el clima es de tensión creciente. Sectores cercanos a Karina Milei temen que Adorni se transforme en otro “cabo suelto”, como ya ocurre —según admiten en voz baja— con figuras como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La preocupación no es solo política, sino judicial: el caso $Libra aparece como un punto de convergencia donde las responsabilidades podrían escalar.
En ese expediente, Adorni no es un actor secundario. Su participación en el TechForum, considerado el origen del vínculo entre Milei y empresarios del mundo cripto, lo ubica en una posición delicada. Su eventual salida del gobierno no sería, entonces, un cierre del problema sino el inicio de otro: el de un exfuncionario con información sensible y sin incentivos para el silencio.
Esa es, probablemente, la razón de fondo por la que Milei decide sostenerlo. No se trata de lealtad política ni de confianza personal, sino de cálculo. Desplazar a Adorni podría implicar abrir una caja de Pandora en un momento en que el gobierno ya enfrenta demasiados frentes abiertos.
La trama judicial agrega otro nivel de complejidad. La causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, se mueve en un terreno donde la política y la Justicia parecen entrelazarse de manera peligrosa. El intento del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de impulsar el ascenso de la esposa del magistrado, Ana Juan, como jueza federal, aparece como una maniobra difícil de justificar. Más aún cuando, según versiones que circulan en Comodoro Py, existieron presiones para “congelar” el expediente.
Ese tipo de operaciones, lejos de desactivar la crisis, la profundizan. Porque instalan la idea de un gobierno que no solo enfrenta denuncias, sino que además intenta influir en los mecanismos institucionales que deberían investigarlas.
Mientras tanto, en la superficie, la política sigue su curso. Se mencionan posibles reemplazos, se habla de reestructuraciones de gabinete y se ensayan estrategias para “disfrazar” una eventual salida. Pero ninguna de esas opciones parece resolver el problema de fondo: la pérdida de credibilidad.
Milei, que llegó al poder prometiendo dinamitar las prácticas de la vieja política, se encuentra ahora atrapado en una lógica que combina opacidad, internas y maniobras de supervivencia. El caso Adorni funciona como un síntoma de ese desvío. Ya no es solo un funcionario cuestionado, sino el espejo de un gobierno que empieza a mostrar sus fisuras más profundas.
La decisión de sostenerlo puede ganar tiempo, pero también tiene un costo. Cada día que pasa, la crisis se vuelve más difícil de contener y más cara en términos políticos. Y en ese equilibrio precario, el Presidente parece haber optado por lo único que le queda: resistir. Aunque eso implique cargar con un problema que, lejos de disiparse, amenaza con crecer.
