La investigación judicial sobre Manuel Adorni revela una red de inconsistencias patrimoniales, destacando un piso en Caballito subvaluado y financiado por jubiladas que dicen no conocerlo. Entre sospechas de enriquecimiento ilícito y omisiones en declaraciones juradas, el vocero presidencial queda expuesto por la opacidad de sus negocios inmobiliarios personales.