El Gobierno de Javier Milei oficializó tres designaciones en la Justicia Federal de Santa Fe mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Santiago Joaquín Saux, Emilio Rosatti y Walter Alberto Rodríguez asumirán cargos estratégicos en Rafaela y Santa Fe, en una decisión con impacto institucional y político de largo alcance.
El Gobierno nacional autorizó una nueva emisión de deuda pública que combina instrumentos atados al dólar, bonos ajustados por inflación y títulos vinculados a tasas bancarias. La medida extiende compromisos financieros hasta 2030, impulsa canjes para postergar vencimientos inmediatos y profundiza la centralidad de la deuda en la estrategia económica oficial.
La autorización para que militares trabajen en Uber, reparto o seguridad privada expone el profundo deterioro salarial que atraviesan las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Javier Milei. La medida, presentada como una ampliación de libertades, revela dificultades para retener personal calificado y sostener capacidades estratégicas.
La venta de más de 66 hectáreas estatales sobre el Paraná de las Palmas en Campana vuelve a encender el debate sobre el destino del patrimonio público. Con una base cercana a los siete millones de dólares, el Gobierno profundiza una política que privilegia ingresos inmediatos sobre activos estratégicos permanentes.
El Gobierno nacional profundizó el proceso de privatización de Intercargo mediante una nueva modificación al pliego licitatorio para la venta total de la empresa estatal. La medida, firmada por Luis Caputo, ratifica el avance de una política orientada a transferir activos estratégicos al sector privado.
La Resolución 827/2026 desafecta más de 132.000 metros cuadrados de tierras ferroviarias en Cañada de Gómez y habilita su futura venta. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía, profundiza el proceso de transferencia de activos públicos al mercado y reabre el debate sobre soberanía territorial, infraestructura y patrimonio estatal.
La despedida del Indio Solari se convirtió en un acontecimiento político y cultural de enorme magnitud. Mientras el gobierno de Javier Milei quedó envuelto en una crisis por su manejo del homenaje, la provincia de Buenos Aires organizó una ceremonia masiva que expuso la vigencia del fenómeno ricotero.
El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones públicas mediante el Decreto 427/2026. La reforma amplía las facultades de secretarios y subsecretarios para intervenir en licitaciones y gastos estatales. Aunque se presenta como una medida de eficiencia administrativa, reabre el debate sobre transparencia, discrecionalidad y control democrático.
La Resolución 32/2026 profundiza la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria. Bajo el argumento de reducir burocracia y fomentar la competencia, el Estado limita su intervención en precios y controles, trasladando al mercado una actividad clave para la seguridad vial.
El SENASA derogó disposiciones históricas que regulaban la producción de margarinas al considerar que los avances tecnológicos vuelven innecesarios ciertos requisitos creados para prevenir fraudes. La medida promete simplificar procesos sin afectar la inocuidad alimentaria, aunque deja interrogantes sobre los mecanismos de control que reemplazarán las exigencias eliminadas.
El acuerdo militar impulsado por Javier Milei junto a Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con el ingreso formal del tema al Congreso. Un pedido de informes exige explicaciones sobre alcances, costos, presencia extranjera e intercambio de información estratégica, mientras crecen las dudas sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
La llegada de Peter Thiel a la Argentina reabre un debate crucial sobre soberanía digital, inteligencia artificial y control estatal. Mientras Palantir expande una visión geopolítica basada en vigilancia, datos y poder tecnológico, el país enfrenta el riesgo de transformarse en un laboratorio periférico de intereses estratégicos extranjeros.
Axel Kicillof denunció que el plan de Javier Milei para concesionar los hoteles de Chapadmalal encubre un posible negocio inmobiliario y reclamó que la Provincia asuma la administración del complejo. La disputa enfrenta dos modelos opuestos sobre el patrimonio público, el turismo social y el rol del Estado.
El gobierno de Javier Milei eliminó las medidas antidumping que protegían a la industria nacional de rodamientos frente a las importaciones chinas. La decisión se produjo tras el cierre de la planta de SKF en Tortuguitas y expone una paradoja inquietante: la protección desaparece porque ya no queda producción local que defender.
El Gobierno nacional autorizó nuevas actualizaciones tarifarias para empresas transportistas de energía eléctrica mediante resoluciones del ENReGE. Los incrementos se apoyan en mecanismos indexatorios vinculados a la inflación y forman parte de la política de “corrección de precios relativos” impulsada por el Ministerio de Economía.
El gobierno de Javier Milei aprobó el ingreso del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino al RIGI y otorgó beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros extraordinarios a Minera San Jorge. La iniciativa expone el avance del modelo extractivista libertario en Mendoza y reabre el debate sobre soberanía, ambiente y saqueo de recursos.
El gobierno de Javier Milei profundizó su estrategia de endeudamiento mediante nuevas Letras del Tesoro, bonos ajustados por inflación y títulos atados al dólar. La medida revela una creciente dependencia financiera mientras el ajuste golpea salarios, jubilaciones y políticas públicas en nombre de un supuesto equilibrio económico que sigue siendo frágil.
La denuncia contra el diputado libertario Santiago Santurio expone una trama de créditos VIP, inconsistencias patrimoniales y posibles delitos financieros en el corazón del mileísmo. Mientras el gobierno aplica ajuste y destruye derechos sociales, dirigentes oficialistas acceden a beneficios bancarios imposibles para cualquier trabajador argentino común.
