La nueva normativa otorga un plazo de 360 días para inscribir armas de uso civil y uso civil condicional que carezcan de registro o hayan quedado en situación irregular. Además, exime de sanciones penales a quienes se presenten voluntariamente ante la ANMAC.
Con la promulgación de la Ley 27.805, el Gobierno nacional pone en marcha un régimen excepcional de regularización de armas de fuego. La medida habilita a los poseedores de armamento sin registrar a incorporarlo al sistema oficial sin enfrentar consecuencias penales por la tenencia ilegal previa, una decisión que reabre el debate sobre el papel del Estado en materia de seguridad, control y prevención de la violencia armada.
La publicación de la Ley 27.805 en el Boletín Oficial marca un punto de inflexión en la política estatal vinculada al control de armas de fuego en Argentina. La norma, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada de hecho el 10 de junio de 2026, establece un amplio proceso de regularización destinado a personas que posean armas de fuego clasificadas como de uso civil o uso civil condicional que nunca hayan sido registradas o cuya situación registral haya quedado irregular con el paso del tiempo.
El corazón de la iniciativa reside en su artículo primero. Allí se dispone que quienes se encuentren en posesión de este tipo de armamento deberán presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) dentro de un plazo de 360 días para iniciar el procedimiento de autorización correspondiente. Una vez realizadas las verificaciones técnicas y registrales, tanto el arma como su poseedor serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos del organismo.
La decisión implica reconocer una realidad que durante años permaneció en una zona gris: la existencia de una cantidad indeterminada de armas fuera de los registros oficiales. En lugar de profundizar mecanismos de persecución penal sobre quienes mantuvieron estas armas al margen del sistema, la ley opta por un camino diferente. El Estado abre una puerta para que quienes se encuentran en situación irregular ingresen voluntariamente al circuito legal.
Sin embargo, el aspecto más controvertido de la norma aparece en el artículo tercero. Allí se establece expresamente que las personas que se presenten para regularizar su situación quedarán exentas de sanción penal por la tenencia ilegal previa de esas armas. La exención también alcanza a las faltas administrativas relacionadas con dicha tenencia. En otras palabras, quien durante años haya conservado un arma de uso civil o uso civil condicional fuera de los registros oficiales podrá iniciar el trámite de regularización sin enfrentar consecuencias penales por esa situación, siempre que no exista una imputación judicial previa al momento de presentarse.
La medida constituye una suerte de amnistía legal para la tenencia irregular de armas de fuego. El mensaje político resulta evidente: el Gobierno considera prioritario incorporar esas armas al sistema registral antes que castigar a quienes las mantuvieron fuera de control. Los defensores de esta estrategia podrían argumentar que resulta preferible conocer la existencia de esas armas antes que mantenerlas ocultas. Los críticos, en cambio, observan un precedente delicado al premiar con inmunidad a quienes incumplieron durante años las normas vigentes.
El texto legal intenta equilibrar esa discusión mediante una obligación específica para la ANMAC. Antes de iniciar cualquier trámite, el organismo deberá informar a los interesados sobre los peligros asociados a la tenencia de armas de fuego y sobre las alternativas existentes para la entrega voluntaria y anónima de armamento en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La inclusión de esta cláusula revela una tensión evidente dentro de la propia norma: mientras por un lado se habilita la regularización de armas previamente irregulares, por otro se insiste en recordar los riesgos que implica su posesión y se mantiene abierta la posibilidad de entregarlas al Estado.
La ley también otorga amplias facultades reglamentarias a la ANMAC para definir aspectos técnicos y registrales de la operatoria. El organismo podrá establecer modalidades, límites y procedimientos para ejecutar el proceso de regularización. Asimismo, se prevé la recopilación de información estadística sobre las razones o circunstancias que motivaron la posesión de hecho de las armas involucradas.
Otro aspecto significativo es la continuidad del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La Ley 27.805 extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, prolongando una política pública que desde hace años busca retirar armamento de circulación mediante mecanismos voluntarios. La coexistencia de ambas herramientas dentro de una misma norma resulta particularmente llamativa. Mientras una parte de la ley incentiva la registración de armas que permanecían ocultas, otra ratifica una política destinada precisamente a reducir la cantidad de armas disponibles en manos de particulares.
Esa dualidad refleja una de las contradicciones más profundas que atraviesan históricamente el debate sobre las armas de fuego. ¿Es más seguro un país con más armas registradas o un país con menos armas circulando? La ley no responde de manera explícita esa pregunta, pero sí deja entrever una apuesta institucional: antes que ignorar la existencia de armas fuera del sistema, el Estado prefiere identificarlas, registrarlas y someterlas a control administrativo.
No obstante, el interrogante permanece abierto. La regularización podría traducirse en una mayor capacidad estatal para conocer quién posee armas y bajo qué condiciones. Pero también podría interpretarse como una señal de flexibilización frente a conductas que hasta ahora eran consideradas ilegales. La exención penal prevista por la norma se convierte así en el elemento más sensible del debate público.
La sanción de la Ley 27.805 ocurre además en un contexto político donde las discusiones sobre seguridad ocupan un lugar central en la agenda nacional. En ese escenario, las decisiones vinculadas al control de armas adquieren inevitablemente una dimensión simbólica. No se trata solamente de registros administrativos o procedimientos burocráticos. Se trata de definir cuál es la relación que el Estado pretende construir con miles de ciudadanos que poseen armas y cuál es el modelo de seguridad que busca promover.
La norma fue registrada bajo el número 27.805 y lleva las firmas institucionales de Victoria Villarruel, Martín Alexis Menem, Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán. Su entrada en vigencia se producirá treinta días después de su publicación oficial. A partir de entonces comenzará una cuenta regresiva de 360 días para que los poseedores de armas no registradas decidan si continúan en la clandestinidad o ingresan al proceso de regularización impulsado por el Estado.
Lo que está en juego excede ampliamente una cuestión registral. La ley inaugura una nueva etapa en la relación entre el Estado y los tenedores de armas de fuego. Para algunos, se trata de una medida pragmática destinada a recuperar capacidad de control sobre un universo que hasta ahora permanecía oculto. Para otros, constituye una decisión riesgosa que relativiza el cumplimiento de la ley al ofrecer una vía de perdón para quienes mantuvieron armamento fuera de los mecanismos de control establecidos. Lo único indiscutible es que la Ley 27.805 vuelve a colocar en el centro de la escena una discusión que atraviesa a toda la sociedad: cuánto armamento está dispuesto a tolerar un Estado democrático y cuáles son los límites entre el control, la prevención y la seguridad.
Fuentes
Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2026). Ley 27.805. Armas de Fuego. Disposiciones. Boletín Oficial de la República Argentina, N.º 35.932, 18 de junio de 2026.
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