Gas bajo control: la Resolución 409/2026 y el nuevo mapa energético que traslada el costo a la sociedad. El rediseño del sistema gasífero consolida la dependencia de Vaca Muerta, impone contratos rígidos a largo plazo y prepara un ajuste silencioso que impactará en tarifas y en la vida cotidiana. Detrás del discurso técnico del ENARGAS, el gobierno de Javier Milei impulsa una reconfiguración estructural que redefine el flujo del gas en Argentina, concentra el poder energético y traslada riesgos al usuario final en nombre de la “previsibilidad”
La llamada Resolución 409/2026 del ENARGAS no es una norma más en el entramado regulatorio. Es, en rigor, un punto de inflexión. Un documento que, bajo apariencia técnica, redefine cómo se organiza el sistema gasífero de la Argentina y, sobre todo, quién carga con sus costos. Porque detrás de cada fórmula, cada coeficiente y cada contrato, hay una decisión política que impacta directamente en la vida cotidiana.
Durante décadas, el país funcionó con un esquema energético donde el gas fluía desde el norte hacia el centro y el sur, sostenido por la producción de Salta y el abastecimiento desde Bolivia. Ese modelo, con sus limitaciones, garantizaba cierta diversificación. Hoy, ese mapa se terminó. La resolución oficializa su defunción sin demasiados rodeos.
El nuevo esquema tiene un único corazón: Vaca Muerta. Desde allí, el gas redefine su recorrido, invierte su dirección histórica y obliga a rehacer toda la arquitectura del sistema. La Cuenca Noroeste, que supo ser un actor relevante, hoy aporta menos del cinco por ciento del total nacional. El norte quedó relegado, y esa relegación no es solo productiva: también es política y territorial.
Este cambio implica una concentración inédita. La dependencia de una sola región productiva aumenta la vulnerabilidad del sistema frente a cualquier imprevisto. Una caída en la producción, un conflicto sectorial o un cuello de botella en la infraestructura pueden tener consecuencias inmediatas en todo el país. Sin embargo, la resolución avanza como si ese riesgo fuera un dato menor.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei introduce uno de los puntos más controvertidos: la obligación de que las distribuidoras contraten transporte de gas por un plazo mínimo de diez años. Presentada como una garantía de abastecimiento, esta medida encierra una lógica mucho más áspera. Las empresas deberán comprometerse a largo plazo en un mercado que, por definición, es volátil.
Distribuidoras como Metrogas y Litoral Gas ya expresaron su rechazo. No es difícil entender por qué. Firmar contratos a diez años implica asumir riesgos que no pueden prever: cambios en la demanda, modificaciones tecnológicas o incluso transformaciones en la matriz energética. Pero esos riesgos no desaparecen. Se trasladan.
Y acá aparece el núcleo del problema. Cuando se dice que los costos se trasladan al usuario, no se está hablando de una hipótesis lejana. Es el funcionamiento mismo del sistema. Las empresas no absorben pérdidas de manera sostenida. Si deben pagar más por el transporte, si quedan atadas a contratos rígidos o si el sistema se encarece, esos costos se incorporan a la estructura tarifaria.
Primero aparecen como números en balances y resoluciones. Después se convierten en aumentos concretos en las facturas. El usuario, que no participó en esas decisiones, termina pagando por una infraestructura sobredimensionada, por contratos que no eligió y por un sistema que prioriza la rentabilidad. Es una transferencia silenciosa pero constante: del riesgo empresario al bolsillo de la sociedad.
A esto se suma otro elemento clave, menos visible pero igual de determinante: la modificación del factor de carga. Para empresas como Camuzzi Gas del Sur y Naturgy NOA, este indicador se eleva al 45 por ciento, mientras que para otras se mantiene en el 35. Detrás de ese número hay una consecuencia directa: mayores costos reconocidos y, por lo tanto, mayor presión sobre las tarifas.
El argumento oficial es que este ajuste refleja mejor el uso real de la capacidad de transporte, especialmente en regiones con alta estacionalidad. Pero lo que no se dice es que este recalculo se hace sobre una sociedad ya golpeada, donde cada aumento en los servicios impacta de manera directa en la economía familiar. El sistema no se está adaptando para ampliar derechos, sino para administrar un escenario de restricción.
El invierno de 2026 aparece, en este marco, como una instancia decisiva. El ENARGAS ordenó un relevamiento exhaustivo para medir el consumo real, los picos de demanda y la capacidad efectiva del sistema. Será una prueba concreta de si esta reconfiguración funciona o si, por el contrario, expone sus propias limitaciones.
Si el sistema falla, ya sea por falta de capacidad, problemas de transporte o tarifas impagables, quedará en evidencia que el rediseño fue más un ajuste que una solución. Y el costo, nuevamente, no recaerá en quienes diseñaron el esquema.
En el centro de esta transformación aparece una figura clave: Marcelo Alejandro Nachón, actual interventor del organismo. Su designación se formalizó mediante la Resolución 18/2026 de la Secretaría de Energía tras la renuncia de Carlos Casares. Licenciado en Economía, Nachón tiene una trayectoria extensa en el sector energético, con más de dieciséis años en la petrolera Wintershall Dea.
Su perfil combina experiencia en el sector privado con antecedentes en la gestión pública, ya que entre 2004 y 2007 fue Director Nacional de Economía de los Hidrocarburos durante la presidencia de Néstor Kirchner. Antes de asumir la intervención, se desempeñaba como asesor dentro del propio ENARGAS.
Este recorrido no es un dato menor. Explica, en buena medida, la lógica que atraviesa la resolución. No se trata solo de ordenar un sistema, sino de garantizar condiciones que hagan viable el negocio energético. El problema es que, en ese equilibrio, el usuario queda relegado a un rol pasivo, sin capacidad de incidir en decisiones que afectan directamente su economía.
La Resolución 409/2026 no es neutral. Consolida un modelo donde la energía deja de ser pensada como un derecho y pasa a ser administrada como una variable económica. Un esquema donde la previsibilidad se construye a partir de contratos rígidos, donde la concentración productiva aumenta los riesgos y donde los costos encuentran siempre el mismo destino: la tarifa.
La pregunta final es incómoda, pero inevitable. ¿Se está construyendo un sistema más eficiente o simplemente uno donde las reglas garantizan que las empresas nunca pierdan? Porque si la respuesta es la segunda, entonces no estamos frente a una modernización del sistema energético, sino ante una reconfiguración que profundiza desigualdades y convierte un servicio esencial en una carga cada vez más difícil de sostener.
Fuente:
Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). (2026). Resolución 409/2026 (RESOL-2026-409-APN-DIRECTORIO#ENARGAS). Boletín Oficial de la República Argentina, Año CXXXIV, Número 35.888, Primera Sección, 14 de abril de 2026, páginas 6-27
