Con una inversión de más de 613 millones de dólares, el gobierno de Javier Milei habilitó beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros extraordinarios para la Minera San Jorge en Uspallata. El proyecto contempla una mina a cielo abierto para extraer cobre y oro en plena precordillera mendocina y expone, una vez más, el modelo de entrega de recursos naturales impulsado desde el Ministerio de Economía.
La maquinaria del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el polémico RIGI diseñado por el gobierno de Javier Milei para seducir al gran capital extranjero, sigue avanzando sobre los territorios argentinos con una velocidad que asusta. Esta vez fue el turno de Mendoza. A través de la Resolución 801/2026 publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo aprobó oficialmente el ingreso del proyecto “PSJ Cobre Mendocino” al esquema de beneficios extraordinarios previsto por la Ley 27.742, consolidando un modelo extractivista que promete dólares rápidos mientras profundiza la dependencia económica, la flexibilización regulatoria y la cesión de soberanía sobre bienes estratégicos.
El proyecto pertenece a Minera San Jorge SA, identificada en la resolución como MSJSA, y se desarrollará en Uspallata, departamento de Las Heras, en plena precordillera mendocina, entre los 2.400 y 2.900 metros sobre el nivel del mar. Según el expediente oficial, la empresa planea desarrollar una mina a cielo abierto para la extracción y procesamiento de minerales sulfurados de cobre con recuperación de oro como subproducto. La iniciativa incluye además una planta concentradora basada en técnicas de flotación convencional, con una capacidad de procesamiento estimada en diez millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro. Una cifra monumental que revela la escala de la intervención sobre el territorio y los recursos naturales.
El Gobierno nacional presenta este tipo de emprendimientos como la gran solución para el ingreso de divisas y la recuperación económica. Pero detrás del lenguaje burocrático y tecnocrático del RIGI aparece una lógica conocida: exenciones, privilegios y garantías extraordinarias para corporaciones mineras mientras la sociedad argentina soporta ajuste, recortes, despidos y licuación salarial. El propio texto oficial deja en evidencia el alcance de los beneficios otorgados. La resolución habilita incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios especiales para el proyecto, incluyendo facilidades para importaciones y mecanismos de resolución de controversias específicos bajo el llamado “Panel RIGI”, una estructura creada para blindar jurídicamente a las empresas beneficiarias.
La dimensión económica del emprendimiento también expone las prioridades del gobierno libertario. Minera San Jorge declaró una inversión total de 613.430.234 dólares en activos computables, con inicio de construcción previsto para junio de 2027 y entrada en operación en enero de 2029. El Estado nacional no sólo acepta la propuesta sino que se compromete a garantizar condiciones de previsibilidad y estabilidad para el capital privado en un país donde millones de trabajadores sobreviven en condiciones de creciente precarización. La resolución incluso establece plazos específicos para que la empresa alcance el monto mínimo de inversión exigido y le concede acceso a franquicias de importación contempladas en el artículo 190 de la Ley 27.742.
La narrativa oficial insiste en que el RIGI traerá empleo y desarrollo. De hecho, el expediente sostiene que el 27% de la inversión destinada a proveedores, bienes y obras de infraestructura correspondería a proveedores locales. Sin embargo, la propia lógica del esquema deja abiertos múltiples interrogantes sobre cuánto valor agregado quedará realmente en la Argentina y cuánto terminará fugándose al exterior a través de mecanismos de flexibilización cambiaria y ventajas fiscales. El documento también señala que el Banco Central no formuló observaciones respecto de los aspectos cambiarios del proyecto, un detalle que no pasa inadvertido en un país históricamente condicionado por la fuga de capitales y la escasez estructural de dólares.
El gobierno de Javier Milei convirtió al RIGI en una pieza central de su programa económico. Lo presenta como una herramienta para “garantizar la prosperidad”, “incrementar exportaciones” y “fortalecer la competitividad”, pero en los hechos funciona como un régimen de privilegio extraordinario para grandes grupos económicos. La resolución sobre PSJ Cobre Mendocino es explícita al describir el objetivo de otorgar “certidumbre”, “seguridad jurídica” y “protección de derechos adquiridos” a las empresas adheridas. Es decir: el Estado se reconfigura para proteger inversiones privadas mientras abandona áreas esenciales como salud, educación, ciencia o políticas sociales.
La aprobación del proyecto también vuelve a poner en el centro del debate el histórico conflicto ambiental y social alrededor de la minería metalífera en Mendoza. Uspallata no es un territorio cualquiera. Allí existen antecedentes de resistencia social contra proyectos extractivos por el impacto potencial sobre el agua, la montaña y las economías regionales. Aunque el expediente asegura que la empresa presentó estudios técnicos y declaraciones de factibilidad económica, financiera y ambiental, el texto oficial no profundiza sobre los riesgos ecológicos concretos de una explotación minera de semejante magnitud en un ecosistema particularmente sensible.
El discurso libertario intenta instalar que cualquier cuestionamiento a estos emprendimientos constituye una forma de “anti progreso” o “hostilidad hacia las inversiones”. Pero la discusión de fondo es otra: quién se beneficia verdaderamente con este modelo. Porque mientras se otorgan ventajas excepcionales a corporaciones mineras, el gobierno aplica una motosierra brutal sobre jubilaciones, salarios, universidades y programas públicos. El contraste es obsceno. Para las mayorías, ajuste permanente; para los grandes capitales, estabilidad garantizada por décadas.
Luis Caputo, figura emblemática del endeudamiento macrista y actual arquitecto financiero del experimento libertario, vuelve a aparecer en el centro de una decisión estratégica que consolida un patrón económico primarizado y dependiente. El mismo funcionario que construyó su carrera vinculado al mundo de las finanzas internacionales es quien ahora firma resoluciones destinadas a abrir las puertas de los recursos naturales argentinos a grandes jugadores del extractivismo global. No se trata solamente de minería: se trata de un proyecto político y económico que concibe al país como plataforma de negocios para actores concentrados, reduciendo el rol del Estado a garante de rentabilidad privada.
El expediente oficial intenta revestir todo el procedimiento con un tono técnico y administrativo. Habla de “vehículos de proyecto único”, “activos computables”, “cronogramas de inversión” y “matrices de riesgo”. Pero detrás de esa jerga fría aparece una definición profundamente política: el Estado argentino decide poner su estructura institucional al servicio de un modelo que prioriza exportaciones extractivas y beneficios corporativos por encima de cualquier discusión sobre soberanía, ambiente o distribución de la riqueza.
La resolución establece además que Minera San Jorge aceptó resolver eventuales disputas mediante los mecanismos previstos por el RIGI, incluyendo el Panel RIGI. Ese punto resulta especialmente sensible porque evidencia la construcción de marcos jurídicos especiales para proteger a los inversores frente a eventuales cambios políticos o regulatorios futuros. En otras palabras, el gobierno libertario busca blindar legalmente estos proyectos incluso ante posibles resistencias sociales o modificaciones de rumbo en próximas administraciones.
El caso PSJ Cobre Mendocino sintetiza con crudeza la lógica del mileísmo económico. Un gobierno que predica “libertad” mientras concentra poder en favor de grandes corporaciones; que denuncia privilegios estatales pero diseña beneficios extraordinarios para sectores concentrados; que ajusta a jubilados y trabajadores mientras garantiza estabilidad fiscal y cambiaria a proyectos extractivos multimillonarios. Todo envuelto en una narrativa de modernización que, lejos de romper con la vieja dependencia argentina, parece profundizarla.
La discusión minera en Argentina nunca fue solamente técnica. Es una disputa sobre territorio, riqueza, ambiente y soberanía. Y el RIGI aparece como la herramienta más agresiva construida en los últimos años para acelerar esa transformación estructural. La aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino no es un hecho aislado: es otro capítulo de un proceso de reconfiguración económica donde el Estado deja de actuar como organizador del desarrollo nacional para convertirse en administrador de intereses privados transnacionales. En nombre de las inversiones, el gobierno libertario avanza hacia una Argentina cada vez más subordinada al extractivismo y a las necesidades del capital financiero global.
Fuentes:
Ministerio de Economía de la Nación Argentina. (2026). Resolución 801/2026. Boletín Oficial de la República Argentina, Nº 35.918, Primera Sección, pp. 14-17. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/
