La ingeniería financiera que patea vencimientos y nos expone a una devaluación. Deuda pateada, riesgo multiplicado: el canje silencioso con el BCRA que hipoteca 2027. El Gobierno de Javier Milei ejecutó una conversión de títulos por hasta billones de pesos y deuda atada al dólar, trasladando vencimientos inmediatos hacia el futuro y profundizando la exposición del Estado a una eventual devaluación
A través de la Resolución Conjunta 18/2026, el Ministerio de Economía concretó un canje de deuda intraestatal con el Banco Central. La operación, presentada como ordenamiento financiero, revela en realidad una estrategia de postergación que no reduce el endeudamiento y amplifica riesgos estructurales.
Hay decisiones económicas que se anuncian con tecnicismos y lenguaje hermético para que pasen desapercibidas. La conversión de deuda dispuesta por el Ministerio de Economía el pasado 10 de abril de 2026 es una de ellas. Bajo la apariencia de una ingeniería financiera sofisticada, el Gobierno de Javier Milei ejecutó una maniobra que, lejos de resolver los problemas estructurales del endeudamiento argentino, los reconfigura en el tiempo y los agrava en silencio.
La operación, formalizada mediante la Resolución Conjunta 18/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, consistió en un canje de títulos públicos que estaban en poder del Banco Central de la República Argentina. Dicho de manera menos elegante: el Estado se sentó a negociar consigo mismo para evitar pagar ahora lo que no puede —o no quiere— pagar en el corto plazo.
El núcleo de la maniobra es simple, aunque sus consecuencias distan de serlo. El Banco Central entregó al Tesoro una serie de instrumentos de corto plazo que vencían en abril de 2026. Entre ellos, dos Letras Capitalizables en pesos —LECAP S17A6 y LECAP S30A6— y una Letra vinculada al dólar, la LELINK D30A6. Estos títulos no son meros papeles técnicos: representan compromisos concretos de pago que, de no ser refinanciados, obligarían al Estado a desembolsar grandes sumas en el corto plazo.
La medida lleva las firmas de Federico Matías Furiase y Carlos Jorge Guberman, funcionarios a cargo de las áreas de Finanzas y Hacienda, respectivamente, y piezas centrales del engranaje económico del gobierno de Javier Milei. Furiase, economista con trayectoria en el sector privado y una marcada afinidad con las recetas de mercado, y Guberman, hombre clave en la arquitectura fiscal del oficialismo, no sólo rubrican un acto administrativo: avalan una estrategia que redefine el perfil de la deuda pública trasladando tensiones presentes hacia el futuro.
¿Qué recibió el Banco Central a cambio? Una “canasta” de nuevos instrumentos que, en apariencia, ofrecen más aire financiero. Para las LECAP, el Tesoro entregó una combinación de BONCAP con vencimientos en enero y mayo de 2027. Para la LELINK, la sustitución fue más delicada: mitad en una nueva letra dólar linked con vencimiento en septiembre de 2026 y mitad en un bono atado al tipo de cambio con vencimiento en junio de 2027.
La operación incluyó, además, autorizaciones de emisión por cifras que hablan por sí solas: hasta 6 billones de pesos para los nuevos BONCAP y hasta 1.150 millones de dólares en instrumentos vinculados al tipo de cambio. Todo valuado según precios de mercado registrados en Bolsas y Mercados Argentinos antes de las 13:30 del día de la operación, un detalle técnico que, lejos de transparentar, encierra una pregunta incómoda: ¿quién fija realmente el valor del riesgo argentino en este esquema?
El relato oficial insiste en presentar la medida como un paso hacia el ordenamiento del perfil de deuda. Y es cierto que, en términos estrictamente cronológicos, los vencimientos se estiran. Lo que debía pagarse en abril de 2026 ahora se traslada hacia fines de ese año y, en gran medida, hacia 2027. Pero ese “alivio” es, en realidad, una ilusión contable. La deuda no desaparece. Se transforma, se reetiqueta, se esconde detrás de nuevas fechas. Es, en esencia, una patada hacia adelante.
Más aún, el problema no es sólo temporal. Es también cualitativo. Porque una parte significativa de los nuevos instrumentos está atada al dólar. En un país atravesado históricamente por crisis cambiarias, esto no es un detalle menor. Es, de hecho, una bomba de tiempo. Si el tipo de cambio oficial sufre una corrección brusca —algo que ni siquiera los más optimistas descartan— el costo de esa deuda se disparará automáticamente.
En otras palabras, el Gobierno no sólo patea los vencimientos: también apuesta, de manera implícita, a que no habrá sobresaltos cambiarios. Una apuesta arriesgada, casi temeraria, en un contexto donde la estabilidad del peso es más una aspiración que una certeza.
La operación también deja al descubierto otra dimensión incómoda: el uso del Banco Central como sostén financiero del Tesoro. Lejos de la narrativa libertaria que prometía independencia monetaria y disciplina fiscal, lo que se observa es una continuidad —con matices— de prácticas históricas. El Estado se financia con el propio Estado. El Banco Central, debilitado y cargado de pasivos, sigue siendo una pieza clave en el andamiaje de la deuda pública.
Este tipo de maniobras suele presentarse como “saneamiento” del balance del BCRA. Pero la realidad es más compleja. Lo que se produce es un traslado de riesgos. El Central se desprende de títulos de corto plazo, sí, pero el Tesoro asume compromisos más largos y, en muchos casos, más peligrosos. Es una limpieza que, en lugar de eliminar la suciedad, la esconde debajo de la alfombra.
El argumento de la reducción de la “bola de pesos” tampoco resiste un análisis riguroso. Transformar letras de alta liquidez en bonos a más largo plazo puede, en el corto plazo, aliviar presiones sobre el mercado. Pero no elimina el problema de fondo: la acumulación de pasivos que, tarde o temprano, deberán ser honrados. Y cuando llegue ese momento, el costo puede ser aún mayor.
Hay, además, un componente político que no puede soslayarse. Javier Milei, economista mediático convertido en presidente, construyó su discurso sobre la crítica feroz al endeudamiento y la emisión. Sin embargo, en la práctica, su gobierno recurre a herramientas que, aunque maquilladas con retórica técnica, reproducen lógicas que decía combatir. La diferencia, en todo caso, es el envoltorio ideológico.
La conversión de deuda con el Banco Central no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia más amplia de administración del pasivo público que prioriza la supervivencia inmediata sobre la sostenibilidad a mediano plazo. Se gana tiempo, sí. Pero se pierde margen de maniobra. Y, lo que es más grave, se incrementa la vulnerabilidad frente a shocks externos.
En este escenario, la incertidumbre no es un efecto colateral: es el núcleo del problema. Porque nadie puede asegurar que en 2027 —cuando empiecen a acumularse los nuevos vencimientos— las condiciones económicas serán más favorables. De hecho, la historia argentina sugiere lo contrario. Las crisis no suelen anunciarse con anticipación. Irrumpen.
La operación del 10 de abril, liquidada el 13, se ampara en la Ley de Presupuesto 2026 y en el Decreto 846/2024, que habilita la suscripción de deuda con otros títulos, independientemente de su moneda. Es un marco legal que otorga flexibilidad, pero también abre la puerta a decisiones que, bajo el ropaje de la legalidad, pueden profundizar desequilibrios estructurales.
En definitiva, lo que se presenta como una sofisticada estrategia financiera es, en el fondo, una vieja receta: postergar, reconfigurar, esperar. El problema es que el tiempo no siempre juega a favor. Y cuando las decisiones se toman con la lógica de patear hacia adelante, lo que se construye no es estabilidad, sino una nueva forma de fragilidad.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: ¿cuánto de este “ordenamiento” es realmente una solución y cuánto es, simplemente, una forma de evitar el costo político de ajustar hoy trasladándolo al futuro? La respuesta, como tantas veces en la historia económica argentina, probablemente llegue cuando ya sea demasiado tarde.
Fuente:
Resolución Conjunta 18/2026 (Ministerio de Economía. Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda). Boletín Oficial de la República Argentina, Año CXXXIV, Número 35.888, 14 de abril de 2026.
