El Ministerio de Economía autorizó nuevas Letras del Tesoro y amplió emisiones millonarias de bonos ajustados por inflación y tipo de cambio. Mientras el ajuste golpea salarios y jubilaciones, el Estado garantiza rentabilidades extraordinarias al sistema financiero.
Con una economía asfixiada por tasas altísimas, presión cambiaria y necesidad desesperada de refinanciación permanente, el gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a una receta conocida en la historia argentina: más deuda, más especulación y mayor dependencia financiera. A través de la Resolución Conjunta 28/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda dispusieron la emisión de nuevas Letras del Tesoro capitalizables en pesos y títulos vinculados al dólar, además de ampliar bonos ajustados por CER y deuda en moneda estadounidense. El relato libertario del “equilibrio fiscal” empieza a mostrar su verdadera arquitectura: un Estado que ajusta brutalmente sobre la sociedad mientras garantiza negocios multimillonarios para el capital financiero.
El gobierno de Javier Milei sigue construyendo una paradoja feroz. Mientras predica la destrucción del Estado, demoniza el gasto público y repite como mantra la necesidad de “terminar con la casta”, la maquinaria económica oficial se sostiene gracias a una intervención permanente del aparato estatal para garantizar la rentabilidad de bancos, fondos de inversión y operadores financieros. La publicación de la Resolución Conjunta 28/2026 en el Boletín Oficial terminó de desnudar esa contradicción estructural: detrás de la motosierra libertaria aparece un esquema de endeudamiento masivo diseñado para sostener una economía frágil y crecientemente subordinada a la lógica especulativa.
La normativa, firmada por el secretario de Finanzas Federico Furiase y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, autoriza la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública y amplía colocaciones previas para cubrir las necesidades financieras del ejercicio 2026. El texto oficial invoca las facultades otorgadas por la Ley 27.798 de Presupuesto y por la Ley de Administración Financiera, aunque detrás del formalismo jurídico aparece una decisión política mucho más profunda: continuar alimentando un esquema de refinanciación permanente donde el Estado depende de manera obsesiva de nuevas licitaciones para sobrevivir financieramente.
Entre los instrumentos aprobados sobresale la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 15 de septiembre de 2026”, por un monto que podría alcanzar los seis billones de pesos. El mecanismo es tan técnico como revelador. Se trata de títulos donde los intereses se capitalizan mes a mes, generando una bola financiera creciente que obliga al Estado a pagar tasas cada vez más agresivas para atraer inversores. En otras palabras, el Gobierno necesita ofrecer rentabilidades extraordinarias para sostener la confianza del mercado en medio de una economía marcada por la incertidumbre, la inflación persistente y la fragilidad cambiaria.
La lógica financiera del mileísmo empieza a mostrar rasgos inquietantemente familiares para la historia argentina. La administración libertaria prometió cerrar el Banco Central, eliminar la emisión y terminar con el “curro” de la política monetaria. Sin embargo, lo que aparece en la práctica es una gigantesca estructura de deuda pública donde el Tesoro emite instrumentos a tasas siderales y compromete recursos futuros para sostener una estabilidad extremadamente precaria. El problema ya no es solamente el volumen de deuda emitida, sino la dependencia permanente del Estado respecto del humor de los mercados.
La situación se vuelve todavía más delicada con la emisión de Letras del Tesoro vinculadas al dólar estadounidense, conocidas como “dólar linked”. La resolución habilita títulos con vencimiento en julio de 2026 y marzo de 2027 por montos que podrían superar los 4.306 millones de dólares en cada caso. Aunque estos instrumentos se suscriben en pesos, su valor está atado a la evolución del tipo de cambio oficial definido por el Banco Central. Traducido al lenguaje cotidiano: el propio Gobierno reconoce implícitamente que la amenaza de una devaluación futura continúa latente y ofrece cobertura especial a los inversores para protegerlos ante una posible explosión cambiaria.
El dato resulta demoledor para el relato oficial. Milei construyó buena parte de su legitimidad política prometiendo estabilizar la economía y destruir la inflación. Pero la proliferación de títulos atados al dólar demuestra que el sistema financiero sigue preparándose para escenarios devaluatorios. Nadie compra cobertura cambiaria si cree sinceramente en la estabilidad absoluta. Lo que hace el Gobierno, entonces, es garantizarle al mercado un seguro frente a futuras turbulencias mientras el resto de la sociedad queda completamente expuesto al deterioro del salario, al aumento de tarifas y al ajuste permanente.
La resolución también amplía emisiones de bonos ajustados por CER, mecanismo que traslada automáticamente el impacto inflacionario al stock de deuda pública. El “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de septiembre de 2027” podrá incrementarse hasta seis billones de pesos adicionales. A eso se suma la ampliación del bono TAMAR con vencimiento en 2028 por otros cinco billones de pesos. La señal política es clarísima: lejos de controlar definitivamente la inflación, el Gobierno necesita emitir instrumentos que protejan a los acreedores justamente frente al avance de los precios.
La paradoja libertaria adquiere ribetes grotescos cuando se observa el contraste social. Mientras el Ministerio de Economía garantiza exenciones impositivas, cotización en mercados financieros y mecanismos de cobertura sofisticados para grandes inversores, millones de trabajadores enfrentan salarios pulverizados, jubilaciones deterioradas y un brutal recorte de derechos sociales. El ajuste no desapareció: simplemente cambió de destinatarios. La austeridad es feroz para universidades, hospitales y programas sociales, pero el Estado aparece extremadamente generoso cuando se trata de sostener rentabilidades financieras.
También fueron ampliadas emisiones de bonos en dólares con tasas del 6% y vencimientos en 2027 y 2028. La operación incluye títulos por cientos de millones de dólares destinados a cubrir la demanda de inversores en sucesivas rondas de licitación. El mensaje es inequívoco: el Gobierno profundiza un esquema de endeudamiento externo mientras intenta contener la presión cambiaria y sostener reservas. Otra vez aparece la vieja historia argentina de financiar fragilidades estructurales mediante deuda creciente.
Federico Furiase, uno de los hombres centrales del equipo económico libertario y defensor histórico de las ortodoxias de mercado, aparece como uno de los responsables directos de este modelo financiero. Economista formado en el corazón del pensamiento neoliberal, Furiase se convirtió en uno de los principales voceros técnicos del ajuste mileísta. Carlos Guberman, desde Hacienda, completa el engranaje burocrático encargado de administrar una arquitectura financiera cada vez más compleja y peligrosa. Ambos representan la continuidad de una tradición económica argentina donde el capital financiero ocupa el centro absoluto de la política pública.
El problema de fondo es que este esquema depende de un delicado equilibrio permanente. Cada licitación necesita ser exitosa. Cada vencimiento debe refinanciarse. Cada presión cambiaria exige nuevas intervenciones. La estabilidad libertaria, lejos de descansar sobre una transformación estructural de la economía productiva, parece sostenida sobre una bicicleta financiera gigantesca que obliga al Estado a emitir más deuda para pagar deuda anterior. La historia argentina ya demostró demasiadas veces cómo terminan estos experimentos.
La resolución publicada en el Boletín Oficial expone, además, una dimensión política incómoda para el discurso oficialista. El mismo gobierno que acusa de “estatistas” a sindicatos, universidades y organizaciones sociales termina utilizando todo el aparato estatal para blindar la rentabilidad del sistema financiero. No hay ausencia de Estado en el modelo libertario. Lo que existe es un Estado puesto al servicio de la especulación.
En ese contexto, las nuevas Letras del Tesoro, los bonos CER, los títulos dólar linked y las ampliaciones de deuda en moneda extranjera funcionan como síntomas de una economía profundamente inestable. El Gobierno intenta vender la imagen de una administración eficiente y ordenada, pero los documentos oficiales muestran otra realidad: una estructura financiera cada vez más dependiente del endeudamiento, de tasas elevadas y de mecanismos de cobertura frente a una crisis que sigue latente debajo del relato triunfalista.
Fuentes:
Boletín Oficial de la República Argentina. (2026, 28 de mayo). Resolución Conjunta 28/2026. Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda. https://www.boletinoficial.gob.ar/
