Mientras predican contra lo público, funcionarios, tuiteros y diputados oficialistas accedieron a préstamos millonarios del Banco Nación en condiciones privilegiadas, en plena crisis crediticia.
Felipe Núñez y Federico Furiase encabezan la lista de beneficiarios de créditos por cientos de millones otorgados por el Banco Nación. La nómina incluye también a tuiteros oficialistas y legisladores libertarios, en un esquema que expone contradicciones, sospechas de favoritismo político y el uso estratégico del Estado que dicen combatir.
El relato libertario contra el Estado vuelve a chocar con la realidad. Esta vez, no por una declaración altisonante ni por una consigna de campaña, sino por los propios actos de quienes integran el núcleo duro del poder económico del gobierno. Funcionarios cercanos a Luis “Toto” Caputo, junto a legisladores y operadores digitales del oficialismo, accedieron a créditos millonarios del Banco Nación, la misma institución pública que el presidente Javier Milei intentó privatizar.
El caso más emblemático es el de Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, quien en televisión aseguró que “no cree que la gente esté peor”. Su optimismo contrasta con el contexto de restricción crediticia generalizada y, sobre todo, con su situación personal: obtuvo un crédito de 367 millones de pesos del Banco Nación, al que suma otro préstamo de aproximadamente 100 millones del Banco Ciudad. Un acceso privilegiado en un sistema financiero donde la mayoría de la población ni siquiera califica para montos significativamente menores.
Pero Furiase no está solo. Felipe Núñez, funcionario del área económica y conocido por su rol de difusor de la narrativa oficial en redes sociales, consiguió un crédito aún más abultado: 475 millones de pesos en febrero de 2025. Lo llamativo no es solo el monto, sino el timing: el préstamo fue otorgado pocos meses después de su desembarco en la gestión. En un mercado inmobiliario donde operadores del sector reconocen no haber visto cifras similares para ciudadanos comunes, el caso encendió críticas incluso en redes sociales afines.
La lista se amplía con nombres que evidencian un patrón. Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe” en X y encargado de la fallida Oficina de respuesta oficial, accedió a un crédito de 112 millones. Los diputados Lorena Villaverde y Mariano Campero también fueron beneficiados con préstamos hipotecarios de 225 y 322 millones respectivamente. A ellos se suma Santiago Santurio, con un crédito de 340 millones, y Alejandro Bongiovanni, con otros 255 millones.
Todos los créditos comparten un denominador común: fueron otorgados por el Banco Nación durante la gestión de Daniel Tillard, en plena administración libertaria. Y en todos los casos, sobrevuela la sospecha de un criterio de asignación atravesado por afinidades políticas más que por condiciones objetivas de mercado.
El contraste es brutal. Mientras el discurso oficial insiste en la ineficiencia del Estado y en la necesidad de su reducción al mínimo, sus propios cuadros recurren a la banca pública para financiar operaciones personales de gran escala. No se trata de casos aislados, sino de un comportamiento sistemático que pone en cuestión la coherencia ideológica del gobierno.
La situación adquiere un matiz aún más delicado cuando se considera el contexto. En medio de una crisis del crédito que golpea a familias y pequeñas empresas, el acceso a financiamiento se vuelve un privilegio. Las tasas, los requisitos y la incertidumbre económica dejan fuera del sistema a amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, para un grupo selecto de funcionarios y aliados políticos, las puertas parecen abrirse con facilidad.
Además, estos créditos funcionan como una herramienta de cobertura patrimonial. Es habitual —según se señala— que funcionarios recurran a préstamos para justificar adquisiciones inmobiliarias que no se condicen con sus ingresos declarados, evitando así potenciales conflictos judiciales. En ese sentido, el crédito deja de ser una herramienta financiera para convertirse en un mecanismo de blindaje.
El caso de Lorena Villaverde agrega otro nivel de controversia. La diputada, cuya carrera política quedó marcada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado, habría obtenido su crédito tras una intervención directa en el Banco Nación luego de un rechazo inicial. Un dato que, de confirmarse, consolidaría la hipótesis de discrecionalidad en la asignación.
Lo que emerge de este entramado es una lógica de poder que contradice abiertamente el discurso fundacional del oficialismo. La “casta” que prometían combatir parece haber mutado, o más bien reciclado, en una nueva elite que utiliza las herramientas del Estado para su propio beneficio.
En definitiva, los créditos del Banco Nación funcionan como un espejo incómodo para el gobierno libertario. Reflejan no solo la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, sino también la persistencia de prácticas que, lejos de erradicarse, encuentran nuevas formas de reproducción bajo un discurso renovado. La pregunta ya no es si hay contradicción, sino hasta qué punto esa contradicción es el verdadero motor del sistema.
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