Con 260 MW de demanda eléctrica, infraestructura a medida y capitales globales detrás, el megaproyecto en San Juan avanza bajo un esquema que prioriza exportaciones mientras multiplica interrogantes sociales, ambientales y energéticos. La Resolución 214/2026 del ENRE, presentada como una simple corrección administrativa, deja al descubierto la magnitud de un emprendimiento que redefine el uso de la energía en Argentina. El proyecto Josemaría no solo consume recursos: los reordena, los concentra y los subordina a un modelo económico que vuelve a poner en discusión quién gana y quién pierde.
Hay decisiones que se disfrazan de trámite técnico pero en realidad son definiciones políticas de alto voltaje. La Resolución 214/2026 del ENRE entra en esa categoría. Bajo la apariencia de una rectificación administrativa, el organismo corrige un “error material involuntario” en expedientes anteriores y aclara que el acceso a la red eléctrica corresponde exclusivamente a la Fase 1 del proyecto Josemaría. Pero detrás de esa precisión burocrática emerge una verdad incómoda: el Estado argentino está reconfigurando su sistema energético para abastecer a uno de los emprendimientos mineros más grandes del continente.
El proyecto Josemaría, ubicado en la provincia de San Juan, a más de 4.000 metros de altura y en plena cordillera, no es un actor menor. Es, según la propia documentación técnica, un complejo a cielo abierto que aspira a procesar decenas de miles de toneladas de roca por día para extraer cobre, oro y plata. No se trata de una explotación marginal, sino de una maquinaria industrial a gran escala que requiere una infraestructura acorde: planta de procesamiento, caminos de alta montaña, depósitos de relaves y, sobre todo, energía. Mucha energía.
Los números son elocuentes. La demanda proyectada de 260 MW ubica al emprendimiento en la categoría de Gran Usuario Mayor dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Traducido a lenguaje cotidiano, la mina consumirá una potencia similar a la de ciudades enteras. En un país donde las tarifas energéticas son un campo de batalla permanente y donde millones de usuarios padecen ajustes, cortes o tarifazos, la prioridad otorgada a un proyecto extractivo no puede leerse como un simple dato técnico. Es, más bien, una señal clara de hacia dónde se orienta el modelo económico.
Entremos en detalles. Para tomar verdadera dimensión del proyecto, los 260 megavatios que demandará no son un número abstracto ni una cifra perdida en un expediente técnico. Es, literalmente, la energía que sostiene la vida cotidiana de una ciudad entera. Hablamos de un consumo equivalente al de capitales provinciales como Salta o Santa Fe, con todo lo que eso implica: hogares, alumbrado público, comercios, hospitales, escuelas. Traducido a escala doméstica, esa potencia podría abastecer entre 250.000 y 300.000 viviendas en simultáneo. En otras palabras, una sola mina concentrando la electricidad que podría iluminar cientos de miles de vidas.
La comparación con el fútbol —ese lenguaje que en Argentina vuelve tangible cualquier desmesura— también ayuda a bajar la cifra a tierra. Un estadio moderno como Estadio Monumental o La Bombonera, con sus luces LED encendidas y toda la infraestructura funcionando a pleno, demanda apenas entre 1 y 1,5 MW en su pico. Josemaría, en cambio, consumiría lo mismo que entre 150 y 200 estadios operando al mismo tiempo en una noche de partido. Una postal desbordada de luz y energía… pero concentrada en un único punto de la cordillera.
El dato se vuelve todavía más inquietante cuando se lo mide contra la propia matriz energética nacional. Para sostener ese nivel de consumo, la mina necesitaría prácticamente la producción completa de una central hidroeléctrica mediana. Es una fracción significativa de lo que genera una obra emblemática como Represa El Chocón, o cerca de un tercio de la potencia de Atucha II. No se trata, entonces, de “sumar demanda” al sistema: se trata de redirigir una porción considerable de la energía nacional hacia un enclave extractivo.
Y esa voracidad energética no responde a caprichos ni a lujos superfluos. La electricidad que consumirá Josemaría está destinada a lo que en la jerga minera se conoce como “fuerza bruta”. Molinos gigantescos que trituran toneladas de roca por minuto, motores colosales que funcionan sin pausa, sistemas de bombeo que movilizan enormes volúmenes de agua en procesos químicos continuos. Es una maquinaria que no descansa, que devora energía para transformar montaña en concentrado exportable.
Por eso mismo, el sistema eléctrico convencional no alcanza. Las redes urbanas de 132 kV, pensadas para abastecer ciudades, no podrían soportar semejante demanda sin colapsar. De ahí la necesidad de construir una línea de 500 kV de extra alta tensión, una infraestructura diseñada específicamente para alimentar a la mina sin provocar apagones en el resto de la región. Es, en definitiva, una autopista energética exclusiva que revela hasta qué punto el proyecto no se adapta al sistema existente, sino que obliga al sistema a adaptarse a él.
La empresa responsable, Vicuña Argentina S.A., no opera en soledad. Forma parte de un entramado de capitales internacionales vinculado al grupo Lundin y su asociación con BHP, dos gigantes del negocio minero global. En ese esquema, Argentina aparece como proveedor de recursos estratégicos en bruto, en este caso cobre, clave para la llamada transición energética mundial. Pero esa narrativa verde convive con una realidad más áspera: la aceleración de proyectos extractivos de alto impacto en territorios sensibles.
Son dos gigantes globales: Lundin Mining y BHP, que desde 2025 operan en un esquema de control compartido del 50% cada una. La canadiense, con décadas de presencia en San Juan —y responsable histórica del hallazgo de Veladero en los años noventa—, encontró en la irrupción de BHP, la mayor minera del mundo, un socio capaz de escalar el negocio a una dimensión completamente distinta.
No se trata solo de Josemaría: la alianza dio origen al llamado “Distrito Vicuña”, un entramado que integra también el proyecto Filo del Sol y que apunta a una explotación coordinada, con infraestructura compartida y reducción de costos operativos. La lógica es clara y brutal: cuanto más grande es el enclave, más eficiente se vuelve la extracción y más concentrado el poder de decisión.
En ese esquema, las figuras que conducen el proceso no son meros ejecutivos técnicos, sino actores con peso político y capacidad de influencia directa sobre gobiernos y regulaciones. Jack Lundin, heredero de una dinastía minera y actual CEO global de la compañía, ha sido uno de los principales impulsores de la expansión en Argentina, con presencia activa en negociaciones vinculadas al régimen de inversiones. A su lado, Ron Hochstein, con experiencia en megaproyectos como Fruta del Norte, lidera la estructura corporativa que articula Josemaría y Filo del Sol como una sola unidad estratégica.
En el plano local, el nombre que sintetiza esa articulación entre empresa y poder territorial es José Luis Morea, actual country director y flamante presidente de la Cámara Minera de San Juan, una posición que no solo refleja influencia sectorial sino también la capacidad de moldear el clima político en una provincia donde la minería dejó de ser una actividad para convertirse en un eje estructural del poder.
Volviendo a la parte técnica, la infraestructura eléctrica necesaria para sostener Josemaría no es un detalle menor, sino una obra de ingeniería que redefine el mapa energético regional. La construcción de una línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro, la instalación de una nueva estación transformadora con tecnología GIS y la ampliación de nodos existentes como Nueva San Juan y Rodeo no responden a una lógica de expansión del servicio para la población, sino a la necesidad puntual de alimentar un enclave productivo. Es un corredor energético diseñado casi a medida de la mina.
El nivel de sofisticación técnica impresiona. Estaciones transformadoras con bancos de hasta 600 MVA, reconfiguración de líneas que pasan de 132 kV a 500 kV, y sistemas GIS preparados para condiciones extremas de alta montaña. Todo esto no surge espontáneamente: es el resultado de decisiones coordinadas entre empresas privadas, organismos reguladores y el propio Estado. Incluso la intervención de TRANSENER en la solicitud formal de acceso y la evaluación de CAMMESA sobre la prioridad de uso de la red muestran que el proyecto no solo tiene viabilidad técnica, sino respaldo institucional.
Sin embargo, el expediente también deja ver fisuras. La necesidad de convocar a una audiencia pública tras la aparición de oposiciones revela que no hay consenso social en torno al emprendimiento. Y no es para menos. La minería a cielo abierto en zonas de alta montaña implica un consumo intensivo de agua en regiones donde ese recurso es escaso, además de la generación de residuos potencialmente contaminantes. En San Juan, donde la actividad minera ya dejó antecedentes como Veladero, el debate sobre controles y riesgos vuelve a encenderse.
La insistencia en que la resolución se refiere a la “Fase 1” del proyecto abre otra puerta de incertidumbre. En la lógica minera, las fases no son compartimentos estancos, sino etapas de expansión progresiva. Lo que hoy se presenta como un desarrollo inicial puede convertirse mañana en un complejo mucho mayor, con impactos acumulativos que rara vez se evalúan de manera integral. La fragmentación administrativa funciona así como una herramienta para suavizar la percepción del riesgo.
El trasfondo económico es el argumento más repetido por quienes impulsan el proyecto. Josemaría promete exportaciones, ingreso de divisas y dinamización de la economía. En un país atravesado por la restricción externa, ese discurso encuentra terreno fértil. Pero la pregunta incómoda sigue en pie: ¿cuánto de esa riqueza queda realmente en Argentina y cuánto se fuga en forma de utilidades hacia las casas matrices? La historia reciente del extractivismo en América Latina invita, como mínimo, a la cautela.
En el contexto del gobierno de Javier Milei, este tipo de emprendimientos adquiere un significado aún más profundo. La lógica libertaria de desregulación, apertura irrestricta y priorización del capital privado encuentra en la megaminería un aliado perfecto. Se trata de un modelo que reduce al Estado a un facilitador de negocios, incluso cuando eso implica reasignar recursos estratégicos como la energía en favor de grandes corporaciones. Mientras se ajustan presupuestos sociales, se habilitan infraestructuras millonarias para proyectos extractivos.
El caso Josemaría condensa esa tensión de manera brutal. Por un lado, la promesa de desarrollo y modernización. Por el otro, la concentración de beneficios, los riesgos ambientales y la subordinación de la política energética a intereses privados. No es casual que la resolución del ENRE, en lugar de generar debate público, haya sido presentada como una mera corrección técnica. En ese gesto hay algo más que burocracia: hay una forma de gobernar que evita discutir las consecuencias de sus propias decisiones.
Al final del día, cada megavatio asignado a Josemaría es una definición sobre el país que se está construyendo. Un país donde la energía se convierte en insumo de exportación indirecta, donde las infraestructuras se diseñan en función de enclaves productivos y donde las comunidades quedan, muchas veces, al margen de las decisiones que afectan su territorio. La mina no solo extrae minerales; también extrae sentido político de cada resolución que la habilita.
La Resolución 214/2026, lejos de ser un documento técnico menor, funciona como una radiografía del modelo en marcha. Un modelo que, bajo la promesa de crecimiento, vuelve a apostar por la explotación intensiva de recursos naturales, con escaso valor agregado local y altos costos sociales. Josemaría, en ese contexto, no es una excepción. Es la regla.
Fuente:
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Resolución 214/2026, «RESOL-2026-214-APN-ENRE#MEC», Boletín Oficial de la República Argentina, Año CXXXIV, N° 35.890, 16 de abril de 2026, p. 10.
