Con el traslado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la designación de un nuevo funcionario y un fuerte recorte del área, el gobierno libertario profundiza una política que promete “desideologizar” la memoria histórica, pero que para sindicatos y organismos implica un vaciamiento del Estado frente a los crímenes de la última dictadura. Entre traslados administrativos, despidos masivos y un discurso que cuestiona el consenso construido desde la recuperación democrática, la política de derechos humanos del gobierno de Javier Milei atraviesa un giro abrupto. Mientras el oficialismo habla de “ordenamiento” y “ahorro”, trabajadores del área denuncian degradación institucional y abandono de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Hay momentos en la historia en que las decisiones administrativas parecen meros movimientos burocráticos, pequeños gestos de gestión sin mayor trascendencia. Pero hay otros en los que cada decisión del Estado se vuelve un mensaje político contundente. El anunciado traslado de la Subsecretaría de Derechos Humanos desde el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada —uno de los símbolos más potentes del terrorismo de Estado en la Argentina— pertenece sin duda a esta segunda categoría. No se trata simplemente de una mudanza. Es una señal. Y como toda señal política, dice mucho más de lo que aparenta.
El gigantesco predio de la ex ESMA, ubicado sobre la Avenida del Libertador en el barrio porteño de Núñez, concentra una historia que todavía atraviesa a la sociedad argentina. Durante décadas funcionaron allí institutos educativos de la Armada, talleres técnicos y espacios de formación militar. Pero en los sótanos del casino de oficiales operó desde 1976 uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la última dictadura. Miles de personas pasaron por ese lugar. Muchas de ellas nunca volvieron a aparecer.
Con el retorno de la democracia, la reconstrucción de esa memoria se transformó en una política de Estado. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner dispuso la cesión del predio para convertirlo en el “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”. El acuerdo fue firmado entre el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y su administración quedó en manos de una comisión integrada por organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros.
Ese gesto político marcó un punto de inflexión en la manera en que la Argentina enfrentó su pasado reciente. La memoria, la verdad y la justicia dejaron de ser consignas de los organismos para convertirse en políticas públicas respaldadas por el Estado. Durante dos décadas, ese consenso permitió impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad y consolidar una narrativa histórica centrada en el terrorismo de Estado.
Hoy ese consenso parece estar bajo revisión.
El gobierno de Javier Milei anunció el traslado de la Subsecretaría de Derechos Humanos a un edificio en el barrio de Constitución. A primera vista, el cambio podría parecer una cuestión logística. Sin embargo, el contexto político en el que se produce invita a otra lectura. La administración libertaria viene impulsando una profunda reestructuración del área que, según sus funcionarios, apunta a “ordenar” y “desideologizar” las políticas públicas.
En ese marco se produjo también el nombramiento de Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, en reemplazo de Alberto Baños, quien renunció recientemente. El anuncio fue realizado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien explicó que la designación responde a los lineamientos definidos por el presidente para la “segunda etapa del gobierno”.
Mogaburu es abogado con formación de posgrado en derechos humanos y derecho penal. Tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, donde trabajó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales. Hasta su designación se desempeñaba como director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.
La llegada del nuevo funcionario se inscribe en un proceso de reforma del área que el propio gobierno presenta como un avance hacia una administración más eficiente. Amerio sostuvo que durante los primeros dos años de gestión se eliminaron catorce cargos jerárquicos y se redujo a la mitad la planta de personal. Según sus cifras, el recorte implicaría un ahorro anual de 13.550 millones de pesos.
En el discurso oficial, esas medidas permitirían garantizar mayor transparencia y terminar con lo que consideran una utilización ideológica de las políticas de derechos humanos.
Pero esa narrativa choca con la visión de los trabajadores del sector. La Asociación de Trabajadores del Estado difundió un informe en el que denuncia un panorama diametralmente opuesto. Según el sindicato, el área sufrió un proceso de degradación institucional marcado por despidos masivos y el vaciamiento de programas clave.
Los números son contundentes. De los 1050 trabajadores que se desempeñaban en el área en diciembre de 2023, hoy quedarían apenas 390. Para ATE, esa reducción afecta directamente el funcionamiento de las políticas públicas vinculadas a la memoria, la investigación histórica y el acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado.
Las consecuencias ya empiezan a sentirse en el propio sitio de memoria de la ex ESMA. Según el informe sindical, el espacio ya no cuenta con personal especializado suficiente para el mantenimiento del edificio, cuya preservación resulta clave no sólo desde el punto de vista simbólico sino también judicial. El lugar constituye una prueba material fundamental en los procesos por delitos de lesa humanidad.
El impacto más delicado, sin embargo, podría estar en el terreno judicial. El Estado nacional decidió retirarse como querellante en numerosos juicios vinculados a los crímenes de la dictadura. La medida fue acompañada por el despido de gran parte de los abogados que integraban esa área.
Durante años, la participación del Estado fue decisiva para impulsar causas complejas, especialmente en regiones donde las víctimas o sus familias no tenían los recursos necesarios para sostener procesos judiciales largos y costosos. Sin ese respaldo institucional, muchos juicios corren el riesgo de quedar debilitados.
En paralelo, el debate público sobre la memoria histórica parece haber entrado en una nueva etapa. Desde sectores afines al oficialismo se cuestiona la narrativa construida durante las últimas décadas y se insiste en la necesidad de revisar lo que consideran una interpretación parcial del pasado.
En ese discurso se plantea que la historia reciente fue contada de manera maniquea, omitiendo el contexto de violencia política que atravesó al país durante los años setenta. Bajo esa perspectiva, la política de derechos humanos habría privilegiado la memoria de un solo grupo de víctimas.
La polémica no es nueva. La discusión sobre cómo interpretar aquel período ha acompañado a la democracia argentina desde sus inicios. Pero lo que sí resulta novedoso es que esa revisión se combine ahora con una reducción drástica del aparato estatal dedicado a sostener las políticas de memoria.
La pregunta que empieza a instalarse, entonces, es inevitable. ¿Se trata simplemente de un ajuste presupuestario en línea con la lógica de recorte que atraviesa toda la gestión libertaria? ¿O estamos ante un cambio más profundo en la relación del Estado con su propio pasado?
El gobierno insiste en que su objetivo es construir una política de derechos humanos más “equilibrada”. Sin embargo, las decisiones adoptadas hasta ahora parecen apuntar en otra dirección: menos recursos, menos presencia institucional y un repliegue del Estado en los procesos judiciales que investigan los crímenes de la dictadura.
En un país cuya democracia se construyó en gran parte sobre la base del “Nunca Más”, ese repliegue no puede leerse como una simple reestructuración administrativa. Tiene un peso simbólico enorme. Y plantea un interrogante inquietante sobre el futuro de una de las políticas públicas más emblemáticas de la Argentina democrática.
Porque si algo enseñó la historia reciente es que la memoria no se sostiene sola. Necesita instituciones, recursos y voluntad política. Cuando esas tres cosas empiezan a faltar, lo que se debilita no es solamente una política estatal. Se resquebraja, lentamente, el pacto social que permitió convertir el horror del pasado en un compromiso colectivo con la democracia.
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/editoriales/el-traslado-de-la-subsecretaria-de-derechos-humanos-nid09032026/
https://www.ambito.com/politica/joaquin-ignacio-mogaburu-es-el-nuevo-subsecretario-derechos-humanos-n6222891
