La aparición del nombre de Adriana Mónica Nechevenko de Schuster en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni no es un hecho aislado ni surgido de la nada, sino que remite a un antecedente concreto dentro de uno de los entramados más oscuros del país, el de la ruta de la efedrina, cuya expansión descontrolada durante los años previos a 2008 terminó conectando intereses empresariales, estructuras legales y violencia extrema en el episodio conocido como el triple crimen de General Rodríguez.
La trama de la efedrina y el negocio que desbordó al Estado
Entre 2007 y 2008, Argentina se transformó en una pieza clave dentro del circuito internacional de precursores químicos, especialmente la efedrina, una sustancia que, aunque tenía usos farmacéuticos legítimos, comenzó a importarse en volúmenes absolutamente desproporcionados respecto de la demanda interna, lo que despertó las primeras alarmas en organismos estatales que, sin embargo, no lograron frenar a tiempo una operatoria que se expandía con velocidad y sofisticación. Empresas sin trayectoria, con estructuras mínimas o directamente inexistentes, accedían a permisos de importación mediante documentación formalmente correcta, mientras detrás de esa fachada se consolidaba un negocio orientado al desvío sistemático de la sustancia hacia circuitos ilegales vinculados a la producción de metanfetaminas, en muchos casos con conexiones internacionales que incluían organizaciones criminales de gran escala.
El crecimiento de este circuito no sólo implicó un flujo millonario de dinero, sino que generó tensiones internas entre distintos actores que disputaban el control del negocio, tensiones que terminaron estallando en el asesinato de tres empresarios vinculados de una u otra forma a ese entramado, en un episodio que marcó un antes y un después en la visibilidad pública del narcotráfico en Argentina y que quedó registrado como el triple crimen de General Rodríguez.
En ese episodio, ocurrido en agosto de 2008, fueron secuestrados y asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos aparecieron días después en un descampado, en un caso que la Justicia vinculó con disputas dentro del negocio de la efedrina y por el cual fueron condenados, entre otros, Martín Lanatta, Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, mientras que la investigación también apuntó como autor intelectual a Ibar Pérez Corradi, señalado como una figura clave dentro de la red de tráfico de efedrina.
La legalidad como condición: el rol de los escribanos
Detrás de cada importación, cada sociedad constituida y cada movimiento formal dentro de ese circuito existía una condición indispensable que muchas veces queda fuera del foco mediático, pero que resulta central para entender el funcionamiento del esquema, y es la necesidad de dotar de apariencia legal a cada uno de los actos que lo sostenían, lo que implicaba necesariamente la intervención de profesionales que validaran documentalmente esas operaciones.
En ese punto, la figura del escribano adquiere una relevancia estructural, no porque participe del delito en sí mismo, sino porque su función es la de certificar la existencia formal de actos jurídicos, validar firmas, dar fe de identidades y garantizar que los documentos cumplan con los requisitos legales exigidos por el Estado, lo que convierte su intervención en un elemento indispensable para que cualquier estructura, incluso una ilícita, pueda operar dentro del sistema sin ser detectada de manera inmediata.
La aparición de Nechevenko en el entramado
Es en ese nivel donde aparece el nombre de Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, cuya intervención quedó registrada en documentación vinculada a empresas que formaban parte del circuito de importación de efedrina y que posteriormente fueron investigadas y, en varios casos, asociadas a maniobras ilegales, lo que la ubica no como protagonista del negocio, sino como una pieza dentro del engranaje formal que permitió su funcionamiento.
Su participación consistió en la certificación de firmas y en la intervención en actos societarios que dieron forma jurídica a empresas utilizadas para canalizar importaciones, muchas de las cuales operaban con características típicas de estructuras pantalla, es decir, sin actividad económica real, con cambios frecuentes de titulares y con la utilización de personas que no contaban con la capacidad patrimonial necesaria para justificar los volúmenes de dinero y mercancías que manejaban.
Durante el juicio oral que años más tarde abordó parte de este entramado, Nechevenko fue convocada a declarar en calidad de testigo, donde reconoció haber intervenido en la certificación de documentación y en la constitución de sociedades, enmarcando su actuación dentro del ejercicio habitual de su profesión, mientras que varios de los actores para los que había trabajado terminaron siendo condenados por su participación en el tráfico de efedrina.
Testaferros, firmas y la construcción de una ficción legal
Uno de los aspectos más reveladores de ese proceso judicial fue la exposición de cómo funcionaba el mecanismo de los testaferros, es decir, personas sin recursos ni antecedentes empresariales que aparecían como titulares de compañías que, sin embargo, realizaban operaciones millonarias, lo que evidenciaba la existencia de una estructura diseñada para ocultar a los verdaderos beneficiarios del negocio.
En ese contexto, la certificación de firmas adquiría un valor central, ya que permitía dotar de legitimidad formal a documentos que, en los hechos, sostenían una ficción jurídica, y es precisamente en ese punto donde la intervención de una escribana como Nechevenko se vuelve relevante dentro del expediente, no por una participación directa en la maniobra delictiva, sino por haber sido parte del proceso que le dio forma legal a esa operatoria.
De la efedrina al crimen: una conexión estructural
La relación entre el circuito de la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez no se explica a partir de vínculos personales directos entre todos sus actores, sino a través de la dinámica propia de un negocio ilegal que creció sin control, generando disputas internas que terminaron resolviéndose mediante la violencia, en un contexto donde los límites entre lo legal y lo ilegal se desdibujaban constantemente.
En ese sentido, la conexión entre la escribana y aquel episodio no es directa en términos penales ni personales, sino estructural, en tanto su intervención se inscribe dentro del entramado más amplio que permitió el desarrollo de ese mercado, un entramado que, al expandirse, terminó derivando en consecuencias mucho más graves que las operaciones económicas que le dieron origen.
El presente: por qué este antecedente vuelve a cobrar relevancia
La reaparición del nombre de Nechevenko en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni no puede analizarse de manera aislada, ya que remite a un perfil profesional que ya había estado vinculado a estructuras que, aunque formalmente legales, terminaron siendo cuestionadas por su utilización en maniobras de mayor complejidad.
En ambos escenarios, separados por más de una década, se observa un patrón que se repite y que resulta central para comprender la lógica de este tipo de investigaciones, en la medida en que se trata de operaciones que cumplen con los requisitos formales exigidos por la ley, pero que al mismo tiempo generan interrogantes sobre su sustento material, especialmente cuando involucran movimientos patrimoniales significativos o estructuras difíciles de justificar en términos económicos.
Una figura incómoda dentro del sistema
La figura del escribano, lejos de ser un mero actor administrativo, ocupa un lugar clave dentro del sistema jurídico y económico, ya que su intervención otorga validez a actos que luego pueden tener consecuencias mucho más amplias, lo que lo convierte en un punto de contacto inevitable entre la legalidad formal y las prácticas que buscan aprovecharse de ella.
En el caso de Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, su aparición en el expediente de la efedrina y su rol actual en una causa que investiga movimientos patrimoniales vuelve a poner en discusión ese lugar, no desde una acusación directa, sino desde la constatación de que su firma ha estado presente en operaciones que, con el tiempo, terminaron siendo objeto de investigación judicial.
La conexión entre la escribana de Adorni y el triple crimen de General Rodríguez no se construye a partir de una relación directa con los hechos violentos ni con sus autores materiales, sino a partir de su participación en el entramado legal que permitió el desarrollo de un negocio que, al expandirse, derivó en uno de los episodios más impactantes del narcotráfico argentino, lo que vuelve a poner en evidencia cómo determinadas figuras profesionales pueden quedar situadas en el centro de procesos mucho más amplios que exceden su intervención individual, pero que no podrían haberse desarrollado sin la validación formal que su rol garantiza.
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