El histórico revés judicial en el Segundo Circuito entierra la condena de los 16.000 millones de dólares y deja al desnudo la inconsistencia de quienes apostaban por el fracaso argentino.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York acaba de propinar un golpe de realidad que resuena en las oficinas más encumbradas de Wall Street y, muy especialmente, en los despachos del actual gobierno libertario que parecía regodearse con la posibilidad de una derrota nacional. El pasado 27 de marzo de 2026 quedará marcado en los libros de historia jurídica como el día en que la razón técnica y la soberanía política se impusieron sobre la prepotencia de los capitales especulativos. Al revocar la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, el tribunal estadounidense no solo anuló una condena asfixiante de 16.100 millones de dólares, sino que validó la estrategia que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof sostuvieron desde el mismísimo momento en que decidieron que los recursos energéticos del país no podían seguir en manos extranjeras para financiar el vaciamiento de la empresa de bandera.
Es imposible no sentir un alivio profundo al ver cómo se desmorona esa cifra astronómica que, con intereses caprichosos, ya arañaba los 18.000 millones de dólares. Ese dinero, que los profetas del libre mercado ya daban por perdido, representa escuelas, hospitales y jubilaciones que el neoliberalismo local estaba más que dispuesto a entregar en el altar de la seguridad jurídica para los de afuera. Lo que la Cámara de Apelaciones entendió, y que aquí muchos comunicadores a sueldo de la timba financiera prefirieron ignorar, es que no se puede juzgar un acto soberano de una nación con el manual de instrucciones de una sociedad anónima de la década de las privatizaciones. La clave del fallo es tan contundente como humillante para quienes pedían de rodillas que Argentina pagara: la jueza Preska se equivocó groseramente al intentar aplicar interpretaciones del derecho estadounidense a una entidad que, por naturaleza y contrato, se rige por el derecho argentino.
Este fallo representa, además, un golpe político letal y una derrota moral para el presidente Javier Milei. Durante años, el hoy mandatario apostó sistemáticamente al fracaso de la Argentina en los tribunales internacionales, utilizando el caso YPF como una plataforma de campaña para destilar odio. Resulta imposible olvidar los insultos constantes, la violencia verbal y la descalificación personal que Milei lanzó contra Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, tildándolos de ignorantes y criminales por haber defendido el patrimonio nacional. El líder libertario, que siempre se mostró más alineado con los intereses de los tribunales de Nueva York que con los de sus propios compatriotas, ve ahora cómo su narrativa del «desastre jurídico» se hace pedazos frente a la realidad de un fallo que le da la razón, punto por punto, a quienes él tanto denostó. La justicia que él tanto invoca como autoridad suprema terminó ratificando la legalidad de lo que él llamó un robo, dejando su discurso reducido a un berrinche ideológico sin sustento legal.
El «remedio legal» que exigía Burford Capital, ese fondo que compra juicios en el mercado de remates para luego extorsionar Estados enteros, fue descartado de plano. Los jueces de Nueva York comprendieron que la indemnización basada en los estatutos de YPF de 1993 no tenía lugar bajo las leyes de nuestro país. Este fallo no es solo un número en una cuenta corriente; es la confirmación de que la expropiación fue un acto de soberanía legítimo. Se acabó el cuento de que las reglas de una corporación privada pueden estar por encima de la facultad del Estado para recuperar un recurso estratégico como el petróleo y el gas. Aquella estatización de 2012, tan denostada por los que hoy predican el anarcocapitalismo, fue el escudo que permitió el desarrollo de Vaca Muerta y que ahora recibe su validación definitiva en el corazón del sistema financiero global.
Resulta casi tragicómico observar cómo el gobernador Axel Kicillof, blanco predilecto del odio mediático y de las injurias presidenciales, ahora ve cómo su postura técnica es ratificada por los propios tribunales internacionales que sus críticos tanto idolatran. Kicillof tenía razón cuando sostenía que no era obligatorio lanzar una Oferta Pública de Adquisición bajo los términos de los acreedores buitres. El fallo deja en evidencia años de mentiras, de operaciones de prensa destinadas a convencer al pueblo argentino de que defender lo propio era un pecado que nos costaría el futuro. Sin embargo, lo que realmente nos estaba costando el futuro era la sumisión a estas demandas parasitarias. La justicia norteamericana finalmente le dio la derecha al argumento soberano: el Estado Nacional tiene facultades que los contratos privados, por más leoninos que sean, simplemente no pueden anular.
La repercusión en los mercados fue un poema para quienes defienden la producción sobre la especulación. Las acciones de Burford Capital se desplomaron casi un 45%, demostrando que hasta los tiburones de Wall Street saben cuándo han perdido la batalla contra la verdad jurídica. Mientras tanto, las acciones de YPF respiraron, subiendo de valor al quitarse de encima el lastre de una deuda que nunca le correspondió pagar. Es cínico ver al presidente Milei intentar ahora apropiarse de este éxito en sus redes sociales, calificándolo como un logro de su gestión y de su «alineación internacional». No hay alineación que valga cuando la base del fallo es precisamente la defensa del derecho nacional por sobre la jurisprudencia extranjera que Milei tanto admira. La victoria es de la defensa técnica que sostuvo la vigencia de la ley argentina y del coraje político de haber recuperado YPF cuando el neoliberalismo nos quería sin energía y sin soberanía.
A pesar de la euforia necesaria, persiste esa incertidumbre propia de los litigios internacionales donde los intereses en juego son tan oscuros como el petróleo mismo. Siempre habrá una nueva instancia, una nueva maniobra de los fondos para intentar morder el patrimonio de los argentinos. Pero este precedente es una muralla. Nos enseña que la lucha por una sociedad más justa y solidaria también se da en los tribunales, desafiando el sentido común colonial que nos quieren imponer. En un contexto donde el gobierno actual nos empuja a una precariedad laboral extrema y a la entrega total de nuestros recursos, recordar que pudimos plantarnos frente a los buitres más poderosos del planeta y ganar es un combustible indispensable para la resistencia que se viene. La patria no se vende, y ahora, hasta la justicia de Nueva York parece haberlo entendido mejor que los libertarios locales que festejaban por anticipado una condena contra su propio pueblo.
