Entre sesiones maratónicas, acuerdos comerciales celebrados y cambios de último minuto, el oficialismo logró avanzar con una reforma de la Ley de Glaciares que pone en tensión la protección del agua, la seguridad jurídica y el propio funcionamiento democrático del Congreso. Mientras el Gobierno festeja la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea como una hazaña internacional, el Senado aprobó también, casi en silencio y con métodos cuestionados, una modificación clave a la Ley de Glaciares. El resultado: más poder para las provincias, menos resguardo ambiental y un mensaje inquietante sobre las prioridades del proyecto libertario.
El Senado de la Nación vivió una de esas jornadas que condensan, en apenas diez horas de debate, el ADN político de un gobierno. Bajo la presidencia de Javier Milei, el oficialismo logró dos de sus objetivos centrales: la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras 26 años de negociaciones, y la aprobación de una reforma profunda a la Ley de Glaciares, una norma que desde 2010 funciona como uno de los pilares en la protección de las reservas estratégicas de agua del país. Dos proyectos distintos, pero atravesados por una misma lógica: la urgencia por mostrar resultados, la subordinación de los resguardos ambientales y sociales frente a la promesa de inversiones, y un modo de ejercer el poder que bordea peligrosamente el desprecio por el debate democrático.
La escena fue elocuente. Con el quórum justo, negociaciones frenéticas entre bloques y un recinto atravesado por tensiones, el bloque de La Libertad Avanza, conducido por Patricia Bullrich, se alzó con una victoria parlamentaria que el Gobierno necesitaba exhibir como señal hacia los mercados y hacia el exterior. En el caso del acuerdo Mercosur–UE, la votación fue amplia: 69 votos afirmativos, apenas tres en contra y algunas abstenciones. El oficialismo celebró el resultado como un “hito histórico”, aunque la euforia se vio empañada por un detalle que irritó especialmente al Presidente: Uruguay ratificó el acuerdo antes que la Argentina, frustrando el relato libertario de ser los primeros en cruzar la meta.
Pero si el tratado comercial generó críticas por las asimetrías productivas, la falta de cláusulas de resguardo para la industria nacional y el impacto desigual sobre las economías regionales, la reforma de la Ley de Glaciares desató una controversia mucho más profunda y sensible. No se trata solo de minería, ni siquiera de inversiones. Se trata de agua. De reservas estratégicas. De bienes comunes que trascienden gobiernos y coyunturas económicas.
La modificación aprobada por el Senado —con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención— introduce cambios sustanciales: reduce el alcance de las áreas protegidas y otorga a las provincias mayores facultades para definir qué glaciares y geoformas periglaciares quedan bajo resguardo y en cuáles se habilitan actividades extractivas. En la práctica, se desarma el corazón de la ley sancionada en 2010, que establecía presupuestos mínimos de protección ambiental a nivel nacional y prohibía actividades industriales en zonas glaciares y periglaciares.
El argumento del oficialismo fue reiterado hasta el cansancio: no existe una dicotomía entre ambiente y desarrollo, proteger no es paralizar, cuidar no es prohibir. Patricia Bullrich fue la voz más enfática de esta postura. Habló de “capitalismo productivo”, de “volver a ser un país rico”, de “enterrar la riqueza” si no se habilitan inversiones mineras. Incluso apuntó contra las provincias, sugiriendo que deben cambiar su “matriz de empleo público” y confiar en el derrame de la minería como motor de desarrollo.
El problema no es solo el contenido del discurso, sino el contexto y la forma. Durante la sesión, senadores de distintos bloques denunciaron que el oficialismo introdujo modificaciones de último momento en el dictamen, sin explicación previa ni debate público. Daniel Bensusán, senador por La Pampa, lo dijo sin rodeos: recibieron el texto definitivo apenas minutos antes de la votación. “Van a terminar votando algo que no saben”, advirtió. Comparó la maniobra con lo ocurrido durante el tratamiento de la reforma laboral y habló directamente de una vergüenza institucional.
Esa metodología encendió alarmas incluso más allá de las diferencias ideológicas. Porque cuando una ley que regula la protección del agua se modifica “entre gallos y medianoche”, sin discusión abierta ni transparencia, lo que se erosiona no es solo una norma ambiental, sino la calidad misma del proceso legislativo.
Las críticas no se limitaron a la oposición más dura. Alicia Kirchner fue una de las voces más firmes en señalar los riesgos de la reforma. Recordó que el agua es un recurso estratégico, vital para la vida, la producción y la soberanía, y advirtió que cambiar la ley sin los recaudos necesarios implica un retroceso institucional y una pérdida de seguridad jurídica. Pidió devolver el proyecto a comisión, escuchar a los especialistas, respetar el trabajo del instituto científico encargado del inventario de glaciares. Su pedido fue desoído.
Del otro lado, senadores como Flavia Royón y Luis Juez defendieron la reforma con argumentos que rozaron, por momentos, la descalificación. Royón habló de “terrorismo ambiental” y sostuvo que no se está entregando el agua, sino reforzando la protección con estudios técnicos y controles. Citó cifras de San Juan para minimizar el impacto de la minería en el uso del recurso hídrico y llamó a confiar en los equipos técnicos provinciales. Juez, en un giro político que no pasó desapercibido, ironizó sobre quienes se oponen a los cambios y justificó su cambio de voto respecto de 2010 apelando a la evolución del “plexo legal”.
Sin embargo, las dudas persisten. La reforma introduce conceptos ambiguos, como el de “función hídrica relevante”, que varios senadores advirtieron como potencialmente judicializables. Reduce el rol del Estado nacional y fragmenta la protección ambiental en función de intereses provinciales desiguales, en un país donde no todas las jurisdicciones cuentan con la misma capacidad técnica ni con la misma independencia frente a las presiones económicas.
Mientras tanto, afuera del Congreso, ambientalistas protestaban contra la reforma y algunos fueron detenidos. La postal es elocuente: adentro, votos apurados y festejos en los palcos; afuera, represión y reclamos por el agua.
El Gobierno de Javier Milei insiste en presentar estas decisiones como parte de un “momento histórico”, alineado con la transición energética global y la apertura al mundo. Pero lo que queda en evidencia es otra cosa: una concepción del Estado mínimo para proteger, pero máximo para habilitar negocios; un desprecio por los tiempos del debate democrático; y una peligrosa naturalización de que los bienes comunes pueden ponerse en riesgo en nombre de una promesa de dólares que, una vez más, no tiene garantías.
La media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares ahora pasa a la Cámara de Diputados. Allí se jugará otra batalla, no solo legislativa, sino simbólica. Porque lo que está en discusión no es solo una ley, sino qué país se quiere construir: uno que cuide sus reservas estratégicas pensando en el largo plazo, o uno que las entregue con apuro, convencido de que el mercado siempre sabe más que la sociedad.
Fuente:
https://www.infobae.com/politica/2026/02/26/senado-en-vivo-las-ultimas-noticias-del-debate-sobre-la-ley-de-glaciares-y-el-acuerdo-mercosur-ue/
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/milei-logro-la-media-sancion-para-modificar-la-ley-de-glaciares-que-protegia-las-reservas-de-agua/
https://www.lanacion.com.ar/politica/con-los-votos-justos-el-gobierno-apuesta-a-cambiar-la-ley-de-glaciares-en-el-senado-nid26022026/
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