La Pampa contra la reforma de glaciares: cuando el agua entra en tribunales. La provincia judicializó la modificación de la ley que protege los reservorios hídricos cordilleranos y denunció una regresión ambiental que, bajo la promesa de desarrollo, abre la puerta a la expansión minera. En el centro del conflicto: el control del agua. La…
Greenpeace alertó sobre el grave retroceso ambiental que implica la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares en el Senado. La organización advirtió que el proyecto pone en riesgo las principales reservas de agua dulce del país y llamó a Diputados a frenar el avance sobre una norma clave.
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre denuncias de apuro legislativo y retroceso ambiental. Bajo la promesa de inversiones, la norma debilita la protección del agua y expone una preocupante lógica de poder.
El pedido de informes de Pablo Carro y Gabriela Estévez expone la inacción oficial frente a denuncias vecinales sobre filtraciones en la mina de uranio Los Gigantes, cerrada hace más de 25 años. Vecinos, organizaciones ambientales y legisladores acusan al Gobierno de Javier Milei y a la CNEA de ocultar información y desatender la amenaza…
El Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de ley para anular los decretos de Javier Milei que buscan privatizar AySA. Proponen una empresa estatal bajo control de trabajadores y usuarios, repudian la injerencia de Mekorot y denuncian el ajuste ultraliberal que pone en riesgo un derecho humano esencial: el agua.
La diputada Julia Strada presentó un proyecto para anular el DNU 493/2025, que desregula el acceso al agua potable y cloacas. Denuncia que se trata de una privatización encubierta, inconstitucional e inmoral, que pone en riesgo la salud, el ambiente y los derechos básicos del pueblo argentino.
Mekorot desmintió su participación en la compra de AySA, dejando expuesto al presidente Javier Milei por anunciar una operación inexistente. La farsa privatizadora revela la falta de seriedad del gobierno libertario, que busca imponer un relato épico mientras acumula papelones diplomáticos y erosionan su credibilidad a nivel internacional.
El gobierno de Javier Milei autorizó a AySA a cortar el servicio de agua a usuarios morosos, una medida que reaviva el fantasma de la privatización. Con un cambio normativo silencioso pero devastador, se consolida la mercantilización de un derecho humano esencial y se expone a los sectores vulnerables a mayor exclusión.
Con la excusa de achicar el Estado, el gobierno de Milei avanza en el desmantelamiento de organismos claves para el conocimiento del territorio. Funde SEGEMAR y el IGN, y transforma el INA en un ente no estatal, dejando al país sin planificación hídrica ni soberanía científica en plena crisis climática.
