La operación perfecta: cuando una “investigación” se convierte en propaganda. El informe sobre la supuesta injerencia rusa en medios argentinos no sólo exhibe inconsistencias metodológicas y vacíos probatorios: construye, con notable liviandad, un relato funcional a la deslegitimación del periodismo crítico.
Hay textos que se presentan como investigaciones pero operan, en realidad, como dispositivos políticos. El informe titulado “Ensalada rusa” es uno de esos casos: bajo la apariencia de una filtración global y un consorcio internacional de prestigio, despliega una narrativa que, lejos de probar una red de propaganda extranjera, termina configurando un ataque sistemático a la credibilidad de los medios no alineados con el gobierno de ultraderecha de Javier Milei.
El primer problema es estructural: el texto se apoya casi exclusivamente en documentos cuya autenticidad no puede ser verificada de manera independiente. Se menciona una filtración de más de mil páginas, pero en ningún momento se exhiben pruebas concluyentes que permitan corroborar los supuestos pagos, las operaciones o incluso la existencia concreta de los mecanismos descriptos. El propio artículo admite, en un gesto que roza la contradicción, que “no se pudo corroborar que los pagos se hayan realizado y a quién”. Sin embargo, esa falta de verificación no impide que se construya una acusación de alcance masivo contra más de veinte medios argentinos.
La inconsistencia es evidente: se afirma la existencia de una red de financiamiento ilegal mientras se reconoce que no hay evidencia de que el dinero haya circulado. El resultado es una acusación sin prueba, sostenida únicamente por la autoridad narrativa de la filtración.
En segundo lugar, el texto incurre en una operación clásica: transformar prácticas habituales del periodismo en supuestos indicios de irregularidad. La mención a artículos “ofrecidos gratuitamente por un tercero” o a intermediarios que funcionan como “consultoras” o “prenseros” es presentada como algo sospechoso, cuando en realidad forma parte del funcionamiento cotidiano de los medios digitales, especialmente en contextos de precarización laboral.
Más aún, el señalamiento sobre artículos pagos roza lo absurdo cuando se lo plantea como una anomalía ética. Las llamadas publi-notas o contenidos patrocinados son una práctica extendida a nivel global. En muchos casos se explicita su carácter pago; en otros, se integran dentro del flujo editorial como notas sobre empresas, productos o servicios. Esta lógica, discutible pero absolutamente instalada en el ecosistema mediático mundial, no implica necesariamente adhesión ideológica del medio ni del periodista. Convertir esta práctica en evidencia de una operación extranjera no sólo es forzado: es intelectualmente deshonesto.
El tercer punto crítico aparece en el tratamiento de las firmas. El informe expresa “asombro” por la existencia de autores desconocidos o falsos, como si se tratara de una innovación propia de una maquinaria de desinformación. Sin embargo, el uso de pseudónimos tiene una larga tradición en el periodismo, especialmente en investigaciones sensibles o en contextos de riesgo. Basta recordar a Nellie Bly, que se infiltró en un hospital psiquiátrico fingiendo otra identidad, o a Günter Wallraff, que construyó personajes completos para exponer abusos estructurales. Incluso en el caso del Watergate, la figura de “Garganta Profunda”, luego identificada como Mark Felt, fue clave para revelar una trama de poder que de otro modo habría permanecido oculta. Presentar el uso de identidades alternativas como prueba de una operación clandestina no sólo desconoce esta tradición: la tergiversa.
Otro elemento llamativo es la selección sesgada de ejemplos. El artículo menciona un caso concreto de una noticia falsa —la supuesta operación terrorista en Chile— y lo utiliza como ancla para sugerir una red mucho más amplia. Sin embargo, el propio texto reconoce que en “varios medios argentinos citados en la filtración no surgen evidencias de artículos falsos o firmas inventadas”. Es decir: el caso excepcional, un sólo artículo se convierte en regla a través de una generalización arbitraria.
Pero hay un punto aún más revelador que desnuda la fragilidad del planteo: el propio informe menciona a este medio como supuesto receptor de pagos por 11 artículos, pero no ofrece ni un solo título, enlace o fragmento verificable de esas publicaciones. Ni siquiera permite identificar cuáles serían esos contenidos, cuál fue su enfoque o de qué manera responderían a una hipotética agenda extranjera. La acusación queda así en el terreno de lo meramente declarativo: se señala, pero no se prueba; se sugiere, pero no se demuestra. En cualquier estándar mínimo de rigurosidad periodística, una imputación de este tipo exigiría al menos la posibilidad de contrastación.
El problema no es menor. Sin esos datos básicos, resulta imposible evaluar la supuesta intencionalidad de los contenidos, analizar su línea argumental o incluso confirmar su existencia. La omisión no parece casual: es funcional a una lógica donde el efecto buscado no es demostrar una operación, sino instalar la sospecha.
A esto se suma otro silencio significativo. El artículo despliega un foco exclusivo sobre una supuesta injerencia rusa, pero omite por completo cualquier mención a otras formas históricas y conocidas de influencia internacional sobre el ecosistema mediático. Resulta, como mínimo, llamativo que no se aborde —ni siquiera de manera tangencial— el rol que actores como la diplomacia estadounidense han tenido tradicionalmente en la construcción de agenda, vínculos con periodistas, encuentros, eventos y diversas formas de relacionamiento con medios.
No se trata aquí de afirmar una equivalencia ni de sostener acusaciones sin pruebas —de hecho, no existen elementos fácticos verificables que permitan demostrar esos vínculos en términos de financiamiento directo de contenidos—, pero sí de señalar la evidente asimetría del enfoque. Lo que en un caso se presenta como una operación estructurada, en otros ni siquiera se sugiere como posibilidad. Esa selectividad no es neutral: delimita el campo de sospecha y construye un único actor como fuente de manipulación, mientras deja fuera del análisis a otros que, históricamente, también han ejercido influencia.
En ese marco, el punto más delicado aparece cuando se analiza el efecto político del artículo. Bajo la excusa de denunciar una operación extranjera, el texto termina construyendo un manto de sospecha sobre un conjunto amplio de medios que, casualmente, comparten una mirada crítica del gobierno. No los acusa de manera directa, pero los coloca dentro de una red difusa, sin pruebas concluyentes, donde la sospecha funciona como condena anticipada.
Puede leerse —y con fundamentos— como un ataque a los medios alternativos. No por lo que declara explícitamente, sino por el modo en que articula su narrativa. Agrupa actores disímiles, omite distinguir responsabilidades y proyecta una hipótesis no verificada sobre todo un ecosistema mediático. En ese movimiento, convierte la duda en herramienta de disciplinamiento.
El propio texto refuerza esta lectura al admitir que no pudo verificar pagos ni identificar con certeza a los responsables, mientras publica listados, cifras y nombres con una contundencia que no se condice con la fragilidad de la evidencia. Esa asimetría —entre lo que se prueba y lo que se sugiere— no es menor: es el núcleo de una operación que erosiona reputaciones sin necesidad de demostrar culpabilidad.
Además, al problematizar prácticas habituales del periodismo digital, como el uso de intermediarios, contenidos ofrecidos o firmas poco conocidas, instala la idea de que los medios que recurren a ellas operan en un terreno sospechoso. En un contexto de precarización estructural, esto impacta de lleno en los medios independientes, que muchas veces dependen de esos mecanismos para sostenerse.
Así, lo que se presenta como una investigación termina funcionando como una pieza más dentro de una disputa política más amplia. En lugar de aportar claridad, siembra dudas; en lugar de demostrar, sugiere; en lugar de informar, construye un relato.
En tiempos donde la credibilidad es un bien escaso, este tipo de trabajos no sólo fallan en su objetivo: contribuyen a profundizar la desconfianza. Y lo hacen, paradójicamente, utilizando los mismos recursos que dicen denunciar.
¿Identidades falsas o pesudónimos?
Hay varios antecedentes concretos —y documentados— en el periodismo internacional que desmontan esa supuesta “rareza” del uso de identidades ficticias:
Uno de los casos más emblemáticos es el de Nellie Bly, pionera del periodismo de investigación encubierto en el siglo XIX. Bly no sólo firmaba con seudónimo —su nombre real era Elizabeth Cochran— sino que además utilizó identidades falsas para infiltrarse en instituciones. Su investigación más célebre, publicada en New York World, consistió en fingir una enfermedad mental para ingresar al asilo de Blackwell’s Island y exponer las condiciones inhumanas del lugar.
Otro ejemplo clave es Günter Wallraff, quien llevó el uso de identidades falsas a un nivel sistemático. En la década de 1970 se hizo pasar por “Hans Esser” para infiltrarse en la redacción del tabloide Bild y denunciar sus prácticas manipuladoras. Más tarde, en los años 80, adoptó la identidad de “Ali Levent”, un trabajador inmigrante turco, para investigar la explotación laboral en Alemania. Sus trabajos no sólo utilizaron pseudónimos: directamente construyeron personajes completos para acceder a realidades ocultas.
En Estados Unidos, otro caso relevante es el de Bob Woodward y Carl Bernstein durante la investigación del Watergate. Si bien ellos no firmaban con seudónimo, su fuente clave sí lo hacía: “Deep Throat” (Garganta Profunda), luego identificado como Mark Felt. El uso de una identidad encubierta fue central para revelar uno de los mayores escándalos políticos del siglo XX.
Más cerca en el tiempo, el periodista Michael Finkel documentó el caso de Christian Longo, quien vivió durante semanas bajo la identidad robada del propio Finkel en México. Aunque aquí el uso del nombre falso no fue periodístico sino criminal, el caso derivó en una investigación donde el propio Finkel exploró los mecanismos de construcción de identidades falsas y su impacto en la verdad narrativa.
También puede mencionarse a Hunter S. Thompson, quien si bien no utilizaba exactamente seudónimos, construía una figura autoral distorsionada —el “doctor Gonzo”— para infiltrarse en ambientes como las campañas políticas o el mundo del motociclismo en su cobertura de los Hell’s Angels. Su método, conocido como “periodismo gonzo”, rompía deliberadamente con la identidad tradicional del periodista para acceder a otro tipo de verdad.
Finalmente, en América Latina, el uso de nombres ficticios o firmas colectivas también ha sido habitual en contextos de censura o persecución. Durante las dictaduras del Cono Sur, muchos periodistas publicaban bajo seudónimos para evitar represalias, una práctica extendida que, lejos de ser excepcional, fue condición de posibilidad para que ciertas investigaciones vieran la luz.
En todos estos casos hay un patrón común: el uso de identidades alternativas no es un indicio de manipulación, sino una herramienta —a veces imprescindible— para investigar estructuras de poder opacas. Pretender que la existencia de firmas desconocidas constituye, por sí sola, evidencia de una operación clandestina no sólo ignora esta tradición: la distorsiona deliberadamente.
