Milei y el Atlántico Sur: cuando la “ciencia” se vuelve coartada para ceder soberanía estratégica. Bajo la excusa de una campaña científica internacional, el Gobierno de Javier Milei autorizó a un buque de la Armada de Estados Unidos a relevar información sensible en aguas argentinas. La decisión expone una peligrosa combinación de ingenuidad política, desprotección normativa y alineamiento automático con intereses que chocan de frente con la soberanía nacional.
El ingreso del buque oceanográfico R/V Roger Revelle al Atlántico Sur, autorizado por el Estado argentino, reabre un debate profundo sobre el uso dual de los datos científicos, la indefensión en materia de contrainteligencia y el rol del Gobierno libertario en un escenario geopolítico marcado por la disputa en Malvinas y la creciente presencia de la OTAN.
El Atlántico Sur volvió a convertirse en escenario de una decisión política que, lejos de ser técnica o neutral, condensa una concepción de país. A partir del 5 de marzo de 2026, el buque oceanográfico R/V Roger Revelle, propiedad de la U.S. Navy y operado por la Universidad de California en San Diego, comenzó a operar en aguas bajo soberanía y jurisdicción argentinas con la venia del gobierno de Javier Milei. El argumento oficial es seductor: estudios sobre cambio climático, monitoreo oceánico y cooperación científica internacional. El problema es lo que se esconde detrás de esa narrativa amable.
Porque el Roger Revelle no es un buque civil cualquiera. Se trata de una plataforma oceanográfica de clase global, diseñada para campañas de larga duración y equipada con sistemas hidroacústicos de altísima precisión capaces de mapear el fondo marino hasta profundidades oceánicas. Sus ecosondas multihaz, su capacidad de medición de la estructura térmica y acústica de la columna de agua y su autonomía extendida lo convierten en una herramienta estratégica de primer orden. No solo para la ciencia, sino también para usos militares. Esa es la dimensión que el discurso oficial evita mencionar, pero que resulta imposible ignorar.
En oceanografía moderna no existe una frontera nítida entre lo civil y lo militar. Los datos de temperatura, salinidad, presión y velocidad de propagación del sonido son clave para comprender procesos climáticos, pero también constituyen el insumo básico para la guerra antisubmarina. En términos simples: quien controla la información del fondo marino y de la acústica subacuática controla el tablero invisible donde se mueven submarinos y sistemas de detección. En un Atlántico Sur atravesado por la disputa colonial en Malvinas y la creciente militarización asociada a la OTAN, esa información no es inocente.
La autorización al Roger Revelle fue canalizada desde la Cancillería hacia el Consejo Federal Pesquero, que dejó constancia en el Acta N.º 1/2026 de que no formulaba objeciones en el marco de sus competencias. El pedido diplomático de la Embajada de Estados Unidos fue aceptado sin fisuras, con una condición que, aunque presentada como resguardo, resulta claramente insuficiente: la entrega de los datos básicos y de los informes preliminares y finales a la Argentina antes de su publicación.
Aquí aparece la primera grieta del relato oficial. ¿Qué capacidad real tiene el Estado argentino para auditar, verificar y resguardar información de semejante sensibilidad? La respuesta es incómoda. Mientras se habilita a una potencia extranjera a relevar datos estratégicos de nuestra plataforma continental, el propio sistema de defensa nacional sigue atado por una normativa que prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar tareas de contrainteligencia. La Resolución 381/2006 continúa vigente y limita incluso la protección de información crítica frente a actores externos.
La paradoja es brutal. El Gobierno libertario impulsó el DNU 941/25, que promete modernizar el sistema de inteligencia y detectar riesgos sobre recursos naturales, pero en la práctica mantiene un país sin escudo informativo. Se abre la puerta para que un buque de la Armada estadounidense navegue, mida, escuche y registre, mientras el Estado argentino carece de herramientas legales para controlar qué información se produce, cómo se procesa y a qué centros de decisión internacionales termina llegando.
La campaña del Roger Revelle se inscribe en el programa internacional GO-SHIP, una red de monitoreo oceánico integrada mayoritariamente por países de la OTAN. Los datos obtenidos no quedan guardados en un cajón: se cargan en servidores compartidos, de acceso público para las naciones participantes. Entre ellas se encuentran países que sostienen y respaldan la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas. El conflicto de intereses es evidente, aunque el Gobierno prefiera mirar para otro lado.
Desde el oficialismo se intenta atenuar la polémica destacando la presencia de una observadora argentina del INIDEP a bordo del buque. La participación de una científica nacional es, sin duda, un gesto formal de control, pero dista mucho de garantizar soberanía efectiva. Una observadora no decide qué se mide, cómo se procesa la información ni qué uso final tendrán los datos. En el mejor de los casos, es un testimonio; en el peor, una coartada.
La historia reciente agrega una capa más de inquietud. El Roger Revelle es buque gemelo del R/V Atlantis, la nave que participó activamente en la búsqueda del ARA San Juan en 2017, utilizando sonar multihaz y sistemas acústicos avanzados para mapear el fondo marino argentino. Aquella experiencia dejó en evidencia el enorme valor estratégico de este tipo de plataformas y su capacidad para operar bajo coordinación militar estadounidense en el Atlántico Sudoccidental. Pensar que hoy ese despliegue se limita a la “ciencia pura” es, como mínimo, ingenuo.
El Gobierno de Javier Milei insiste en una política exterior de alineamiento automático con Estados Unidos, presentada como pragmatismo moderno. Sin embargo, en el terreno concreto de los recursos estratégicos y la soberanía marítima, ese alineamiento se traduce en concesiones difíciles de justificar. No se trata de rechazar la cooperación científica internacional, sino de reconocer que en determinadas áreas —como el Atlántico Sur— la información es poder, y regalarla equivale a resignar capacidad de decisión futura.
El derecho del mar es claro: la investigación científica marina en zonas bajo jurisdicción del Estado ribereño requiere consentimiento y condiciones. Argentina tiene la potestad de autorizar, condicionar y limitar. La pregunta que queda flotando es por qué el Gobierno elige ejercer ese derecho de la manera más laxa posible, incluso cuando el contexto regional y global exige máxima prudencia.
En definitiva, permitir que un buque de la U.S. Navy realice relevamientos de alta precisión en aguas argentinas, mientras se mantiene desarmado el sistema de contrainteligencia y se relativiza el conflicto por Malvinas, no es cooperación ni modernización. Es una decisión política que expone una concepción de país subordinado, donde la soberanía se negocia en silencio y se disfraza de ciencia. El Atlántico Sur no es un laboratorio neutral: es un territorio en disputa. Y en esa disputa, el Gobierno de Milei parece haber elegido de qué lado pararse.
Fuente:
https://agendamalvinas.com.ar/noticia/milei-entregara-datos-estrategicos-del-atlantico-sur-a-los-eeuu
https://pescare.com.ar/el-cfp-autorizo-al-buque-r-v-roger-revelle-a-realizar-una-campana-cientifica-internacional-en-aguas-argentinas/
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