Mientras el ajuste castiga a trabajadores, jubilados y universidades, la Cancillería adjudicó más de 114 millones de pesos sin licitación a una asociación dirigida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger. El caso desnuda contradicciones, tensiones internas y una trama de privilegios que erosiona el relato anticorrupción del oficialismo.
El ministro que predica el Estado mínimo y justifica recortes salariales quedó en el centro de una denuncia penal por una contratación directa a la entidad conducida por su esposa. El episodio desató fuego amigo dentro del Gobierno, denuncias judiciales y un debate incómodo sobre transparencia, conflicto de intereses y el verdadero sentido del ajuste libertario.
El gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su legitimidad política sobre una narrativa simple y contundente: el Estado está lleno de “ñoquis”, el gasto público es un botín capturado por vivos de siempre y la única salida posible es la motosierra. Bajo ese paraguas discursivo, se justificaron recortes brutales, licuaciones salariales, ajuste a jubilados, universidades desfinanciadas y hasta la idea de pagar solo la mitad del sueldo a quienes se enferman. Sin embargo, como suele ocurrir cuando el relato choca contra la realidad, la motosierra parece tener filo selectivo.
El escándalo que envuelve al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no es un ruido menor ni una operación pasajera. Es una grieta profunda en el corazón del discurso oficial. Mientras el funcionario pontifica sobre austeridad y eficiencia, la Cancillería adjudicó de manera directa un contrato por más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por su esposa, María Josefina Rouillet. No hubo licitación. No hubo competencia. Hubo, según la documentación oficial, una “contratación directa por especialidad”. Y ahí empieza el problema.
La pregunta que flota, incómoda y persistente, es tan sencilla como devastadora: ¿en serio la capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería solo podía ser realizada por la institución conducida por la esposa de un ministro clave del gabinete? ¿No existen otras entidades, universidades, institutos públicos o privados capaces de brindar ese servicio? ¿O la especialidad, en este caso, fue el parentesco?
La adjudicación, formalizada mediante una disposición fechada el 19 de enero de 2026, encendió todas las alarmas. No solo por el monto, que en un contexto de ajuste feroz resulta obsceno, sino por la modalidad. La contratación directa por especialidad, según la normativa vigente, está pensada para casos excepcionales: obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución solo pueda confiarse a un proveedor único. Cuesta imaginar que enseñar inglés a diplomáticos —que para ingresar al ISEN ya deben dominar el idioma— encaje en esa categoría.
La reacción no tardó. Desde la oposición, las críticas fueron inmediatas. Margarita Stolbizer puso el foco en lo esencial: la esposa de un ministro no puede ser proveedora del Estado, menos aún sin licitación, y menos todavía cuando el propio Estado cuenta con personal capacitado para brindar esos cursos. El contraste con el ajuste a universidades, jubilados y personas con discapacidad volvió el cuadro todavía más áspero.
Pero el golpe más duro llegó desde el Senado. Juliana Di Tullio anunció que denunciaría penalmente a Sturzenegger y fue más allá del escándalo mediático. Apuntó directamente al corazón legal de la maniobra: el uso forzado de la figura de contratación por especialidad. Según explicó su entorno, el decreto que regula estas excepciones exige que la idoneidad y la singularidad del proveedor sean determinantes para el cumplimiento de la prestación. Sostener que una capacitación en idiomas solo podía ser garantizada por la asociación dirigida por Rouillet resulta, como mínimo, forzado.
La senadora también puso el foco en un aspecto clave: la transparencia. La normativa obliga a informar a la Oficina Anticorrupción cuando existe un vínculo entre un funcionario con poder de decisión y un proveedor del Estado. En este caso, aunque la disposición afirma que se detectó un “vínculo positivo” y que intervinieron la OA y la SIGEN, no hay constancia pública de esas actuaciones. No aparece la publicación obligatoria en el sitio web de la OA. No está el dictamen completo. Lo que sí hay son documentos recortados y respuestas evasivas.
El cruce entre Di Tullio y el canciller Pablo Quirno expuso el nerviosismo oficial. Memes, chicanas y documentos incompletos no alcanzaron para disipar las dudas. Por el contrario, reforzaron la percepción de que el Gobierno intenta tapar un conflicto de intereses con gestos de redes sociales, mientras esquiva las explicaciones de fondo. Cuando la senadora subrayó que el propio documento publicado por Cancillería habla de un conflicto “aparente”, el intento de defensa terminó sonando a confesión.
La situación escaló un peldaño más cuando los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la agrupación Reset Republicano, presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal. El escrito no solo apunta contra Sturzenegger, sino también contra autoridades de Cancillería y de la Oficina Anticorrupción. Los delitos señalados son graves: incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El núcleo de la acusación es demoledor. Si bien el acto administrativo afirma que se activaron los mecanismos de control previstos en el decreto 202/2017, no existe evidencia pública de que la OA haya cumplido con su obligación de publicar el caso. Esa omisión, sostienen los denunciantes, impidió el conocimiento público de posibles riesgos de interés y afectó un requisito básico de transparencia. No se trata de un tecnicismo: es el corazón del control republicano.
La denuncia también advierte sobre el “desdoblamiento del agente”, una figura jurídica que describe al funcionario que actúa simultáneamente como representante del Estado y como particular interesado. En términos simples, la sospecha es que Sturzenegger pudo haber intervenido, directa o indirectamente, para beneficiar a la organización dirigida por su esposa. No hace falta probar una orden explícita: basta con demostrar que el interés existió y que el funcionario tenía capacidad de influencia.
El trasfondo del escándalo agrega capas de complejidad. Rouillet no es una recién llegada al Estado. Su trayectoria muestra una relación prolongada y constante con cargos públicos y fondos estatales. Fue asesora en el Banco Central, gerenta del Fondo Nacional de las Artes durante el macrismo, funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y directora en el Teatro Colón. En todos los casos, su nombre quedó asociado a estructuras estatales, subsidios y programas financiados con recursos públicos.
Incluso su salida del Fondo Nacional de las Artes estuvo vinculada al decreto anti-nepotismo de Mauricio Macri, que obligó a familiares de funcionarios a abandonar cargos. Sin embargo, lejos de marcar un punto de inflexión, ese episodio fue seguido por nuevas vinculaciones con el Estado, esta vez desde el sector privado, a través de mecanismos como el mecenazgo cultural, que permiten canalizar fondos con beneficios fiscales. El patrón se repite: Estado, recursos públicos y vínculos personales entrelazados.
La defensa de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa intenta despegarse del escándalo con argumentos formales. Sostiene que brinda servicios al Estado desde hace décadas, que es una asociación civil sin fines de lucro con casi cien años de trayectoria y que la contratación actual es la continuidad de un programa iniciado en 2018. También afirma que al momento de enviar el presupuesto no existía vínculo PEP y que la situación fue informada en el portal COMPRAR cuando correspondía.
Sin embargo, incluso aceptando esos argumentos, la pregunta política sigue en pie. ¿Es razonable que un gobierno que ajusta hasta el hueso mantenga contratos millonarios con entidades dirigidas por familiares de ministros? ¿No había otra alternativa? ¿No era, como mínimo, prudente abrir una licitación para despejar cualquier sospecha?
El silencio de Sturzenegger frente al escándalo resulta elocuente. El ministro que suele ser activo y provocador en redes sociales eligió no decir una palabra. La defensa quedó en manos del canciller y de algunos aliados políticos que, lejos de calmar las aguas, profundizaron el malestar interno. Dentro del propio Gobierno hay quienes le pasan factura a Sturzenegger por haber puesto en agenda temas sensibles como los descuentos por licencias médicas, justo cuando estallaba este caso.
El episodio no es solo un problema personal para el ministro. Es un boomerang político para el gobierno de Milei. La bandera anticorrupción, agitada con furia contra gestiones anteriores, se deshilacha cuando aparecen privilegios propios. La motosierra pierde épica cuando se detiene frente a los vínculos familiares. Y el discurso del Estado mínimo suena hueco cuando el ajuste cae siempre del mismo lado.
Más allá de lo que resuelva la Justicia, el daño ya está hecho. La confianza pública se erosiona cuando quienes predican sacrificio no parecen dispuestos a aplicarlo en casa. Y en un contexto social asfixiante, donde cada peso cuenta, estos escándalos no son detalles técnicos: son símbolos de un poder que dice una cosa y hace otra.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/17/sturzenegger-acosado-por-denuncias-judiciales-y-cuestionamientos-internos-de-la-rosada/
https://www.ambito.com/informacion-general/denuncian-penalmente-afederico-sturzeneggery-autoridades-la-oa-una-contratacion-millonaria-vinculada-su-esposa-n6246349
https://www.lapoliticaonline.com/sinseccion/cancilleria-contrato-a-la-esposa-de-sturzenegger-para-que-le-ensene-ingles-al-personal/
