Argentina contra la memoria: Milei votó en la ONU con EE.UU. e Israel y quedó del lado equivocado de la historia. En una decisión que expone un giro ideológico profundo, el Gobierno rechazó declarar la esclavitud como el mayor crimen de la humanidad y se alineó con las potencias que resisten cualquier debate sobre reparación histórica
La votación dejó a la Argentina en el núcleo más aislado del sistema internacional: apenas tres países rechazaron una resolución respaldada por más de 120 Estados. Detrás del argumento técnico, asoma una decisión política que incomoda, interpela y reabre una discusión incómoda sobre memoria, racismo y justicia global
Hay decisiones diplomáticas que pasan desapercibidas, escondidas en la rutina gris de los organismos internacionales. Y hay otras que, por su peso simbólico, revelan mucho más de lo que dicen. El voto de la Argentina en la Asamblea General de la ONU contra una resolución que declara a la esclavitud como el mayor crimen contra la humanidad pertenece a esta segunda categoría: no es un gesto aislado, no es un tecnicismo, no es una anécdota. Es, en esencia, una toma de posición histórica.
El dato es tan frío como contundente: 123 países votaron a favor del reconocimiento, 52 se abstuvieron y apenas tres se pronunciaron en contra. Argentina, Estados Unidos e Israel. Tres nombres que, en este caso, quedaron juntos en un rincón incómodo del mapa global. No se trata simplemente de haber quedado en minoría. Se trata de haber quedado en el núcleo más reducido, más expuesto y más políticamente significativo de la votación.
La resolución impulsada por países africanos —con Ghana a la cabeza— no era una mera declaración simbólica para quedar bien en los discursos. Iba mucho más allá. Reconocía la trata transatlántica de africanos esclavizados como el crimen más grave contra la humanidad, pero además señalaba algo que incomoda a las potencias: que sus consecuencias no son cosa del pasado, que siguen vivas en las estructuras de desigualdad, en el racismo persistente, en la distribución global de la riqueza. Y, sobre todo, planteaba la necesidad de avanzar en reparaciones históricas.
Ahí es donde el asunto se vuelve espinoso. Porque hablar de reparación no es hablar de historia: es hablar de dinero, de poder, de responsabilidad. Es tocar intereses concretos. Es abrir la puerta a reclamos que podrían sacudir las bases de un orden internacional construido, en gran medida, sobre siglos de explotación.
Frente a ese escenario, el Gobierno argentino eligió pararse del lado de quienes dicen “hasta acá”. La Cancillería justificó el voto con argumentos que, a primera vista, suenan razonables: que el texto no estuvo abierto a modificaciones y que no corresponde jerarquizar un crimen por sobre otros dentro de la categoría de lesa humanidad. Dicho en criollo, que no hay que decir cuál fue el peor.
Pero esa explicación se deshilacha cuando se la confronta con la realidad política del voto. Porque si de verdad se tratara de una discusión técnica, Argentina no habría quedado alineada exactamente con Estados Unidos e Israel, dos países que históricamente han rechazado cualquier intento de avanzar en reparaciones por la esclavitud y el colonialismo. No es casualidad, no es coincidencia, no es un accidente. Es una decisión.
Y ahí aparece el trasfondo ideológico. El propio oficialismo ha hablado en reiteradas ocasiones de la existencia de una “agenda ideológica” en organismos internacionales, una suerte de narrativa global que, según su mirada, intenta imponer valores ajenos a la soberanía de los Estados. En ese marco, el rechazo a esta resolución encaja perfectamente: no es solo un voto, es una declaración de principios.
El problema es que esos principios tienen consecuencias. Porque negar la jerarquización de la esclavitud como el crimen más grave contra la humanidad no es una discusión abstracta. Es, en los hechos, relativizar su impacto histórico. Es discutir no solo lo que pasó, sino lo que significa hoy. Y ahí es donde la palabra negacionismo empieza a aparecer, incómoda pero persistente.
No se trata de negar que la esclavitud existió. Eso sería absurdo. Se trata de algo más sutil y, por lo tanto, más peligroso: negar su centralidad en la construcción del mundo moderno, diluir su peso, correrla del centro del debate. En otras palabras, vaciarla de contenido político actual.
La resolución de la ONU, en cambio, hace exactamente lo contrario. Afirma que la esclavitud no es solo un hecho del pasado, sino un proceso histórico cuyas consecuencias siguen moldeando el presente. Y al hacerlo, obliga a los Estados a mirar de frente una pregunta incómoda: ¿qué hacer con esa herencia?
La respuesta del Gobierno argentino fue clara: no hacerse cargo. O, al menos, no en los términos que plantea la comunidad internacional. Y en ese gesto se revela algo más profundo que una simple votación: un cambio de rumbo en la política exterior, una ruptura con una tradición histórica de defensa de los derechos humanos que, con todas sus contradicciones, había sido una marca distintiva del país.
Porque hay un dato que no se puede pasar por alto: Argentina no solo votó en contra de esta resolución, sino que lo hizo en un contexto en el que viene tomando posiciones similares en otros debates sensibles. Rechazos, abstenciones, alineamientos selectivos. Un patrón que se repite y que muestra una orientación clara.
El argumento de fondo, compartido con Estados Unidos, es que no existe un derecho legal a reparaciones por hechos que, en su momento, no estaban tipificados como ilegales en el derecho internacional. Una postura que, más allá de su formalidad jurídica, deja una pregunta flotando: ¿desde cuándo la justicia depende exclusivamente de lo que estaba escrito en su momento?
Porque si esa lógica se aplicara de manera estricta, buena parte de los avances en derechos humanos del último siglo quedarían en entredicho. La historia del derecho internacional es, justamente, la historia de cómo se fueron reconociendo como crímenes prácticas que antes eran aceptadas o toleradas.
En ese sentido, el rechazo argentino no solo se ubica en un plano jurídico discutible, sino también en un terreno ético profundamente problemático. Porque pone en tensión dos formas de entender la historia: una que la ve como un proceso cerrado, sin responsabilidades actuales, y otra que la entiende como una continuidad, con deudas pendientes.
La mayoría de los países del mundo, incluso aquellos que podrían verse directamente afectados por eventuales reclamos, eligieron acompañar la resolución. Algunos con entusiasmo, otros con reservas, muchos con abstenciones estratégicas. Pero solo tres decidieron rechazarla de plano. Y Argentina estuvo ahí.
El dato no es menor. Porque en política internacional, los gestos importan. Y este gesto dice mucho. Dice que el Gobierno eligió alinearse con una visión del mundo que prioriza la defensa de intereses actuales por sobre el reconocimiento de injusticias históricas. Dice que prefiere evitar debates incómodos antes que enfrentarlos. Dice, en definitiva, que hay memorias que no está dispuesto a reivindicar.
Quizás el punto más inquietante de todo esto sea la naturalidad con la que se tomó la decisión. Sin grandes explicaciones, sin debate público, sin demasiada discusión. Como si se tratara de un trámite más. Como si no implicara nada. Pero implica. Y mucho.
Porque en un mundo atravesado por desigualdades profundas, donde las heridas del pasado siguen abiertas, cada posicionamiento cuenta. Y este, lejos de cerrar grietas, parece ampliarlas.
No es fácil encasillar este episodio en una sola categoría. Hay elementos jurídicos, políticos, ideológicos y hasta culturales en juego. Pero si hay algo que queda claro es que no se trata de una simple votación más. Es una señal. Una señal que interpela, que incomoda y que obliga a preguntarse, sin rodeos, de qué lado de la historia quiere estar la Argentina.
