El gobierno de Javier Milei avanza con el traslado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, nombra nuevas autoridades y ejecuta un fuerte recorte en el área. Mientras el oficialismo habla de “ordenamiento”, sindicatos denuncian despidos masivos, abandono de juicios por lesa humanidad y un retroceso en las políticas de memoria.