El gobernador bonaerense acusa al gobierno de Javier Milei de avanzar sobre el histórico complejo de Chapadmalal con fines privatizadores y reclama que la Provincia asuma el control para preservar el patrimonio, el empleo y una de las políticas sociales más emblemáticas de la Argentina.
Entre la demolición del Estado y el negocio privado: la batalla por el futuro de Chapadmalal
La disputa por el futuro de la Unidad Turística Chapadmalal se convirtió en uno de los capítulos más representativos del choque entre dos modelos de país. De un lado, el gobierno de Javier Milei impulsa una profunda reestructuración de los complejos turísticos estatales bajo el argumento de reducir costos, atraer inversiones privadas y reorganizar activos públicos. Del otro, el gobernador bonaerense Axel Kicillof denuncia que detrás de esas decisiones se esconde un posible negocio inmobiliario que amenaza con liquidar uno de los símbolos más importantes del turismo social argentino.
Durante una visita a Mar del Plata, donde participó del Congreso del Trabajo, Kicillof volvió a apuntar contra la administración libertaria por el destino de los históricos hoteles de Chapadmalal. Sus declaraciones no dejaron margen para la ambigüedad. Según el mandatario bonaerense, las medidas adoptadas por la Casa Rosada no responden a una estrategia de recuperación o modernización del complejo sino a una lógica que, a su juicio, se repite en distintas áreas del Estado nacional: el retiro de la gestión pública para abrir paso a intereses privados.
“Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario”, sostuvo Kicillof al referirse a la intención del Gobierno nacional de concesionar por treinta años los hoteles construidos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. La acusación no es menor. Implica señalar que detrás del discurso de eficiencia y reducción del gasto podría existir una operación destinada a transferir un patrimonio público estratégico hacia actores privados con capacidad económica para explotar comercialmente uno de los sectores más codiciados de la costa atlántica bonaerense.
La preocupación expresada por el gobernador encuentra respaldo en una serie de decisiones adoptadas por la administración nacional durante los últimos meses. Desde febrero de 2025 se aceleró el proceso de desvinculación del Estado respecto de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. Primero se modificó la estructura administrativa que las gestionaba. Luego comenzaron a anunciarse planes de concesión. Finalmente llegaron las medidas que impactaron directamente sobre los trabajadores.
En los últimos días, el Gobierno nacional oficializó el pase a disponibilidad de 76 empleados de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. Para los sindicatos y para el gobierno provincial, la medida constituye mucho más que una simple reorganización administrativa. La interpretan como una señal concreta de vaciamiento y como un paso previo hacia la privatización definitiva de los complejos.
La situación genera además una dimensión social que excede lo estrictamente laboral. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado de Mar del Plata advirtieron que numerosas familias viven desde hace décadas dentro del predio y que las decisiones adoptadas por Nación podrían afectar también su estabilidad habitacional. Detrás de los números aparecen historias concretas de trabajadores que desarrollaron gran parte de su vida en torno a un complejo que durante generaciones funcionó como una herramienta de integración social y acceso igualitario al turismo.
Para comprender la magnitud del conflicto es necesario recordar qué representa Chapadmalal dentro de la historia argentina. Construido durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón, el complejo fue concebido como una política pública destinada a democratizar el acceso al descanso y las vacaciones. Miles de familias trabajadoras, jubilados, estudiantes y sectores populares pudieron durante décadas disfrutar de estadías frente al mar gracias a un sistema subsidiado por el Estado.
La existencia misma de Chapadmalal desafió durante años una lógica según la cual el turismo era un privilegio reservado para quienes podían pagarlo. Su creación respondió a una concepción distinta: la idea de que el descanso también constituye un derecho social. Esa dimensión simbólica explica por qué el debate actual trasciende la discusión presupuestaria y se transforma en una disputa cultural e ideológica sobre el papel del Estado.
Desde el gobierno bonaerense sostienen que la eventual privatización implicaría la desaparición definitiva de ese modelo. Para Kicillof, el proceso impulsado por Milei forma parte de una política más amplia de desmantelamiento de herramientas estatales que históricamente garantizaron derechos sociales. “La onda viene de demolición y destrucción”, afirmó el gobernador al referirse al rumbo adoptado por la administración nacional.
En ese contexto, la Provincia elevó un planteo concreto: que el Estado nacional transfiera la administración del complejo para garantizar su continuidad bajo gestión bonaerense. La propuesta fue defendida inicialmente por el ministro de Producción, Augusto Costa, y luego respaldada públicamente por Kicillof.
“Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren y vemos cómo hacemos para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar”, expresó el mandatario.
La frase condensa el núcleo del conflicto. Para la Provincia, si Nación considera que no puede o no quiere sostener el complejo, la solución no debería ser entregarlo a operadores privados sino transferirlo a una jurisdicción que manifiesta voluntad política de preservarlo. La discusión deja al descubierto una diferencia profunda respecto de cómo se entiende el patrimonio público. Mientras el gobierno libertario enfatiza la reducción del gasto y la búsqueda de inversiones privadas, la administración bonaerense plantea la necesidad de proteger espacios que considera estratégicos por su valor histórico, social y cultural.
Las resistencias a la iniciativa nacional no provienen únicamente del peronismo. La controversia generó debates incluso dentro de sectores políticos que mantienen acuerdos con el oficialismo nacional. Entre las propuestas surgidas para evitar una privatización directa aparece la impulsada por el senador radical Maximiliano Abad, quien promueve que el complejo pase a la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata para desarrollar allí un campus universitario.
La aparición de proyectos alternativos revela que existe una preocupación transversal respecto del destino final del predio. Aunque las soluciones propuestas difieren entre sí, comparten un punto central: impedir que uno de los espacios más emblemáticos del turismo social argentino quede sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad económica.
Desde el peronismo también avanzaron iniciativas legislativas orientadas a preservar el complejo. Fernando Raverta presentó un proyecto para que la Provincia recupere la titularidad y administración de la Unidad Turística Chapadmalal, mientras que Gustavo Pulti ya había impulsado una propuesta destinada a proteger el patrimonio público y garantizar la continuidad del turismo social.
Sin embargo, más allá de los proyectos legislativos y las disputas institucionales, el conflicto pone en evidencia una discusión mucho más profunda. Lo que está en juego no son solamente edificios, hoteles o terrenos frente al mar. Lo que se debate es si determinadas políticas públicas deben seguir existiendo o si todo espacio estatal debe ser evaluado exclusivamente bajo criterios de rentabilidad financiera.
El gobierno de Milei sostiene que la concesión permitirá atraer inversiones, modernizar instalaciones y reducir costos para el Estado. Sus críticos responden que detrás de ese discurso aparece una lógica de mercantilización que transforma derechos sociales en oportunidades de negocio. La sospecha planteada por Kicillof sobre un eventual negocio inmobiliario se inscribe precisamente en esa lectura.
Chapadmalal se convirtió así en un símbolo de una disputa más amplia sobre el destino del patrimonio público argentino. Para sus defensores, representa una conquista histórica asociada a la inclusión social y al acceso igualitario a bienes que durante décadas estuvieron reservados para sectores privilegiados. Para quienes impulsan la reorganización estatal, constituye un activo cuya gestión debe adecuarse a parámetros de eficiencia económica.
En medio de ese choque de visiones, el futuro del complejo permanece abierto. Lo que resulta evidente es que la controversia ya dejó de ser una discusión administrativa para transformarse en una batalla política, cultural y simbólica. Una batalla que enfrenta dos concepciones antagónicas sobre el papel del Estado, la función social del patrimonio público y el significado mismo de los derechos conquistados a lo largo de la historia argentina.
Fuentes:
La Política Online. (2026, 29 de mayo). Kicillof denunció un «negocio inmobiliario» con los hoteles de Chapadmalal y reclama el traspaso a la Provincia. https://www.lapoliticaonline.com/provincia/kicillof-alerto-un-negocio-inmobiliario-con-los-hoteles-de-chapadmalal-y-reclama-el-traspaso-a-la-provincia/
Perfil. (2026, 29 de mayo). Kicillof denunció un posible negocio inmobiliario con los hoteles de Chapadmalal. https://www.perfil.com/noticias/politica/kicillof-denuncio-un-posible-negocio-inmobiliario-con-los-hoteles-de-chapadmalal.phtml
La Nueva. (2026, 30 de mayo). Kicillof cargó contra Milei por los hoteles de Chapadmalal y acusó un “negocio inmobiliario”. https://www.lanueva.com/nota/2026-5-30-19-22-0-kicillof-cargo-contra-milei-por-los-hoteles-de-chapadmalal-y-acuso-un-negocio-inmobiliario
