Caza de brujas y disciplinamiento: Sipreba denuncia una ofensiva del Gobierno contra periodistas
El sindicato de prensa advierte sobre un clima de hostigamiento creciente contra trabajadores de medios y señala un intento deliberado de desacreditar el periodismo crítico mediante acusaciones sin sustento.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) encendió las alarmas y lo hizo sin eufemismos: lo que está en marcha, sostienen, es una “caza de brujas contra periodistas”. La denuncia no surge en abstracto, sino a partir de un caso concreto que, para la organización, condensa un patrón cada vez más visible de presión política sobre la prensa.
El foco de la polémica es el periodista de Infobae Juan Pablo Piscetta, delegado del medio e integrante de la comisión directiva del sindicato, quien fue señalado desde sectores oficiales y por voceros afines como parte de una supuesta red de desinformación financiada por agentes rusos.
La acusación, grave por donde se la mire, fue desmentida de manera categórica por el propio periodista, quien además expuso públicamente los artículos cuestionados para demostrar que se trataba de coberturas habituales dentro del ejercicio profesional.
Para Sipreba, el episodio no es un hecho aislado ni un exceso discursivo. Es, por el contrario, un eslabón más en una cadena de ataques que, según denuncian, tiene como objetivo erosionar la libertad de expresión y disciplinar al periodismo en su rol esencial: el control de los actos de gobierno. La lógica que describen es conocida, pero no por ello menos peligrosa: instalar sospechas, amplificar acusaciones sin pruebas y, finalmente, convertir a periodistas en blanco de campañas de desprestigio.
En ese marco, el sindicato también advierte sobre una ofensiva más amplia que excede a una figura individual. Según su lectura, existe un intento deliberado de atacar tanto a distintos medios como a la propia organización gremial, en un contexto atravesado por reclamos salariales, el rechazo a la reforma laboral y la defensa del Estatuto del Periodista Profesional. La disputa, entonces, no sería solo comunicacional, sino también política y económica.
Un elemento que Sipreba subraya con particular preocupación es el rol de plataformas y espacios mediáticos alineados con el oficialismo. En ese punto, apuntan directamente contra La Derecha Diario, al que acusan de utilizar una investigación de dudosa consistencia para criminalizar la tarea periodística. El resultado, denuncian, es la construcción de “chivos expiatorios”: trabajadores precarizados que terminan siendo el blanco de operaciones que exceden largamente su labor profesional.
Pero la acusación más incisiva del sindicato no se detiene allí. En un giro que revela la profundidad del conflicto, Sipreba sostiene que esta ofensiva se produce en un momento particularmente sensible, en el que el Gobierno busca —según afirman— desviar la atención de investigaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción, incluyendo enriquecimiento ilícito y dádivas que alcanzarían a altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
La escena que describe el gremio es, en definitiva, la de un campo de batalla simbólico donde el periodismo crítico aparece bajo asedio. La pregunta que sobrevuela, incómoda pero inevitable, es hasta qué punto estas prácticas erosionan no solo la credibilidad de los medios, sino también los cimientos de un sistema democrático que necesita, para sostenerse, de una prensa libre, incómoda y, sobre todo, no disciplinada.
En tiempos donde la palabra “desinformación” se utiliza tanto como arma política como categoría analítica, la denuncia de Sipreba introduce un elemento perturbador: ¿quién define qué es información y qué no lo es cuando el poder decide señalar? Y, más aún, ¿qué margen queda para el ejercicio del periodismo cuando la sospecha se convierte en herramienta de gobierno?
