El Gobierno pagará más de 33 millones de dólares a una empresa privada de Estados Unidos para entrenar a los pilotos argentinos de los F-16 comprados a Dinamarca, en un contrato impuesto desde Washington que se extiende hasta 2029 y profundiza la dependencia estratégica. Bajo el discurso de la “Argentina grande” y las “fuerzas del cielo”, la administración de Javier Milei consolida un esquema de gasto militar dolarizado, con decisiones clave delegadas en Estados Unidos, aviones cuestionados por su obsolescencia y un entrenamiento privatizado que compromete soberanía y presupuesto en plena era de ajuste.
El contrato publicado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos no deja demasiado margen para la interpretación benévola. La Argentina pagará 33.193.783 dólares a Top Aces Corp., una empresa privada con sede en Arizona, para entrenar a pilotos instructores de F-16. El acuerdo comenzará este año y se extenderá hasta el 30 de junio de 2029, es decir, más allá del mandato presidencial actual. No es un dato menor: compromete recursos, planificación y dependencia operativa de largo plazo en un país atravesado por la motosierra fiscal y el recorte sistemático del gasto social.
El Gobierno intentó desactivar las críticas con un argumento técnico: el dinero ya estaba incluido en el paquete global de la compra de los aviones a Dinamarca, dentro de la Letter of Agreement firmada en diciembre por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, con el exembajador estadounidense Marc Stanley. No se trata, dicen, de un gasto adicional. Sin embargo, esa aclaración lejos de tranquilizar confirma el núcleo del problema: la Argentina aceptó, bajo cláusulas de confidencialidad militar, que Estados Unidos eligiera de manera unilateral a la empresa encargada de entrenar a sus propios pilotos. Traducido sin eufemismos, se resignó capacidad de decisión a cambio de cerrar una operación política alineada con Washington.
La firma seleccionada, Top Aces Corp., trabaja para varios países de la OTAN y emplea en su mayoría a militares retirados de la Armada norteamericana. No es una escuela pública ni un programa de cooperación entre fuerzas armadas estatales, sino un negocio privado montado sobre necesidades estratégicas de países socios. Que la instrucción de pilotos de combate argentinos quede en manos de una empresa extranjera es, como mínimo, un síntoma inquietante de hasta dónde llega el modelo de tercerización que promueve el gobierno libertario.
El propio comunicado del U.S. Department of War es explícito: más de 22 millones de dólares se abonarán al momento de la adjudicación. Es decir, una transferencia inmediata de divisas en un contexto donde el Gobierno repite como mantra la escasez de recursos y justifica ajustes brutales en jubilaciones, educación, ciencia y salud. La pregunta incómoda se impone sola: ¿por qué sí hay dólares para esto y no para sostener políticas básicas de desarrollo social?
Desde Defensa argumentan que el sistema de formación de pilotos incluye múltiples fases, desde entrenamiento teórico y preparación física hasta simuladores y vuelos reales. Todo eso es cierto en términos técnicos. Lo que no se dice con la misma claridad es que pilotar un F-16 es carísimo. La hora de vuelo oscila entre 10.000 y 15.000 dólares, y los aviones todavía no están plenamente operativos porque su mantenimiento también demanda inversiones constantes. En un país sometido a un ajuste feroz, incluso dentro de las Fuerzas Armadas resuena una duda que nadie se anima a responder en público: ¿habrá plata para volarlos como corresponde?
La capacitación se realizará en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, adonde llegarán los instructores estadounidenses. Allí ya se montó parte de la infraestructura necesaria, mientras técnicos y pilotos argentinos vienen formándose desde mediados de 2025 en cursos de mantenimiento y sistemas electrónicos. Incluso hubo entrenamientos previos en Arizona con el 305th Rescue Squadron. Todo el esquema muestra una dependencia progresiva: primero la compra, luego la capacitación, después el mantenimiento, siempre con Estados Unidos como proveedor indispensable.
La foto política de este proceso se completó a fines del año pasado, cuando Milei viajó a Río Cuarto junto a Petri y su hermana Karina para posar frente a los primeros seis aviones enviados por Dinamarca. Desde allí, el Presidente habló de un hecho “histórico” y aseguró que los F-16 son “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo”. La frase de cierre fue todavía más elocuente: “las fuerzas del cielo nos están cuidando”. Retórica épica para un negocio que, en los hechos, ata la defensa nacional a decisiones tomadas fuera del país.
Las críticas no tardaron en aparecer. El exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó con dureza que la capacitación esté a cargo de una empresa privada y subrayó el carácter deficitario del acuerdo con Estados Unidos. También recordó que existían alternativas, como los aviones JF de origen chino, que eran más baratos, nuevos y ofrecían mejores condiciones de financiamiento. Pero esa opción chocaba con un límite político infranqueable: Washington no estaba dispuesto a permitir que la Argentina profundizara vínculos estratégicos con China en materia militar. La elección de los F-16 fue, en ese sentido, menos técnica que geopolítica.
Los aviones comprados, además, cargan con otro problema difícil de disimular. Son modelos A/B Block 15 MLU, diseñados en la década del setenta y modernizados al estándar Tape 6.5. No son chatarra, pero tampoco representan la última generación de la aviación de combate. Aun así, se trata de la compra militar más costosa de la democracia, con un paquete total que el propio Gobierno ubica en torno a los 650 millones de dólares. Mucho dinero para una capacidad que llega condicionada y bajo tutela.
El alineamiento no se agota en los F-16. En febrero trascendió la realización del ejercicio militar combinado “Daga Atlántica”, que reunirá en territorio argentino a fuerzas especiales locales con unidades de elite estadounidenses como los Green Berets, el Air Force Special Operations Command y el MARSOC. Bajo el paraguas de la “cooperación”, la Argentina vuelve a abrir su territorio y su planificación estratégica a una potencia extranjera, mientras sigue gastando dólares en equipamiento complementario, como los camiones UNIMOG U4000 adquiridos por otros tres millones.
Todo este entramado expone una contradicción central del discurso libertario. Milei se presenta como el presidente que vino a terminar con el despilfarro del Estado, pero no duda en sostener gastos millonarios cuando encajan con su alineamiento ideológico y geopolítico. La motosierra parece selectiva: corta jubilaciones, salarios y presupuestos universitarios, pero se guarda cuando se trata de contratos militares dolarizados y avalados desde Washington.
No se trata de negar la necesidad de modernizar la defensa ni de discutir la formación profesional de los pilotos. El problema es otro y más profundo: el modo en que se toman las decisiones, la ausencia de debate público, la resignación de soberanía y la naturalización de que una potencia extranjera defina qué compra la Argentina, cómo lo usa y quién entrena a su personal. En ese esquema, la defensa deja de ser una política de Estado para convertirse en una pieza más del alineamiento automático.
El contrato con Top Aces Corp. condensa esa lógica. Privatización, dependencia, opacidad y gasto en dólares en un país que, según el propio Gobierno, no tiene margen para casi nada. Las “fuerzas del cielo” pueden sobrevolar la Casa Rosada y el Obelisco, pero el debate que queda en tierra es mucho más incómodo: qué se defiende, para quién y a qué costo.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/26/milei-y-un-gasto-de-usd-33-millones-en-las-fuerzas-del-cielo-norteamericanas/
https://www.infobae.com/politica/2026/02/25/estados-unidos-entrenara-a-pilotos-para-que-puedan-volar-los-f-16-comprados-a-dinamarca-cuanto-pagara-la-argentina/
https://tn.com.ar/politica/2026/02/25/el-gobierno-le-pagara-us33-millones-a-eeuu-para-que-entrene-a-los-pilotos-de-los-f-16-comprados-a-dinamarca/
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