Una organización integrada por miembros y exmiembros de la fuerza de seguridad encargada de combatir el delito fue hallada culpable de transportar 334 kilos de cocaína. La causa expuso una estructura criminal sofisticada, con logística propia, financiamiento, inteligencia interna y conocimientos adquiridos dentro de la propia Gendarmería Nacional.
Salta volvió a convertirse en escenario de una de las causas más impactantes vinculadas al narcotráfico de los últimos años, pero esta vez el dato más inquietante no fue únicamente la magnitud de la droga secuestrada. Lo verdaderamente alarmante fue que parte de la organización criminal estaba integrada por quienes, en teoría, debían combatir ese mismo delito.
La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta cerró una investigación que permitió desarticular una organización narcocriminal responsable del transporte de 334 kilos de cocaína en dos operativos realizados durante 2024. Las condenas alcanzaron a siete integrantes de la banda y llegaron hasta los 15 años de prisión para los principales responsables. Sin embargo, detrás de los números judiciales emerge una realidad mucho más profunda: la existencia de una estructura criminal que utilizó conocimientos, contactos y experiencia obtenidos dentro de una fuerza federal para perfeccionar sus maniobras ilícitas.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, responsable del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, junto con la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Facundo Saravia. El trabajo permitió reconstruir una compleja red que operaba entre el Noroeste y el Nordeste argentino, articulando recursos humanos, vehículos, financiamiento y mecanismos de coordinación destinados exclusivamente al tráfico de cocaína.
La gravedad institucional del caso resulta imposible de ignorar. Entre los condenados aparecen gendarmes en actividad, exonerados de la fuerza y aspirantes a incorporarse a ella. La frontera entre quienes debían perseguir el delito y quienes decidieron participar de él quedó peligrosamente desdibujada.
Los principales condenados fueron Richar Ariel Delgado, exgendarme, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, un finquero de Orán, quienes recibieron penas de 15 años de prisión por dos hechos de transporte de estupefacientes agravado. Jonathan Leonel Ostapowicz fue condenado a 14 años, mientras que Adrián Emilio Escarlata recibió una pena de 12 años por su intervención en uno de los cargamentos investigados.
También fue condenado Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de la Gendarmería Nacional al momento de los hechos y hermano de uno de los líderes de la organización. El tribunal le impuso una pena de nueve años de prisión por haber participado como coautor del transporte agravado de estupefacientes y por su condición de funcionario público. Federico Rubén Batista y Francisco Agustín Flores recibieron condenas menores, de tres años de prisión en suspenso, como partícipes secundarios.
El caso comenzó a tomar forma a partir de un procedimiento de flagrancia. Lo que inicialmente parecía un episodio aislado terminó revelando una estructura criminal con una capacidad operativa considerable. El primer golpe se produjo el 19 de mayo de 2024 en General Pizarro. Allí fue detenido Diego Delgado mientras conducía una camioneta Toyota Hilux que ocultaba 303 kilos de cocaína. El cargamento había partido desde Orán con destino final en Buenos Aires.
La investigación posterior permitió reconstruir toda la cadena logística. La camioneta había sido aportada desde Posadas por Ostapowicz. El financiamiento provenía de Richar Delgado. Batista había intervenido en el traslado previo del vehículo. Nada parecía improvisado. Cada participante ocupaba una función específica dentro de una organización que había desarrollado una estructura operativa estable.
Meses después, el 26 de octubre, la organización volvió a quedar expuesta. Esta vez fue detenido Adrián Escarlata en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de una Volkswagen Amarok. Según logró demostrar la fiscalía, Ruiz Apaza fue quien proveyó la droga y coordinó tareas de vigilancia junto a Flores mediante un vehículo utilizado como coche puntero.
La causa adquirió una dimensión aún más reveladora gracias a las pruebas extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”. Allí los integrantes de la banda coordinaban movimientos, compartían instrucciones, organizaban traslados y discutían estrategias para ocultar cargamentos y evitar controles policiales.
Lejos de tratarse de conversaciones improvisadas, los mensajes mostraban una estructura profesionalizada. Los acusados intercambiaban información sobre técnicas de ocultamiento de droga, métodos para superar inspecciones ruteras y procedimientos de seguridad. Para los investigadores, aquellas comunicaciones constituyeron una prueba decisiva para comprender cómo funcionaba la organización y cómo se distribuían los roles entre sus integrantes.
El dato más perturbador surgió cuando se comprobó que varios de esos conocimientos provenían directamente de la experiencia acumulada dentro de la propia Gendarmería Nacional. Los mismos saberes adquiridos para combatir el narcotráfico eran reutilizados para favorecerlo. La jueza Gabriela Catalano fue contundente al describir esa situación durante los fundamentos de la sentencia. Según sostuvo, los acusados utilizaron conocimientos propios de la fuerza para mejorar sus capacidades criminales.
La investigación también permitió descubrir elementos simbólicos que reflejaban el nivel de identificación de los acusados con el universo del narcotráfico. Durante los allanamientos se secuestró una caricatura de grandes dimensiones donde los integrantes de la organización aparecían retratados junto a figuras emblemáticas del crimen organizado internacional como Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “Chapo” Guzmán. La imagen mostraba armas, dinero y símbolos asociados al poder económico construido a partir del tráfico de drogas.
Más allá de la anécdota visual, el hallazgo aportó información sobre la cultura interna del grupo. No se trataba simplemente de individuos que habían participado ocasionalmente en un delito. La representación reflejaba una construcción identitaria vinculada a referentes históricos del narcotráfico y una naturalización de la actividad criminal como mecanismo de acumulación económica.
La magnitud de los cargamentos secuestrados también pesó en la decisión judicial. Los peritajes químicos determinaron que la droga presentaba una pureza promedio del 84 por ciento y que podría haber generado más de 2.700.000 dosis. Durante la lectura de los fundamentos, la presidenta del tribunal sostuvo que, de haber llegado a destino, ese volumen de cocaína podría haber afectado a más de dos millones de personas.
La jueza enfatizó además que el daño provocado por el narcotráfico no se limita a quienes consumen sustancias. Cada dosis distribuida impacta sobre familias enteras, comunidades completas y sistemas sociales que terminan enfrentando las consecuencias sanitarias, económicas y humanas derivadas del negocio de la droga.
Otro aspecto destacado por el tribunal fue la capacidad financiera de la organización. La utilización de camionetas, traslados aéreos, alojamientos, tareas de inteligencia y recursos logísticos demostró la existencia de una estructura económicamente sólida. La banda no operaba de manera precaria ni improvisada. Existía planificación, financiamiento y una distribución clara de funciones.
Precisamente esa organización fue uno de los agravantes centrales considerados por la justicia. Según la sentencia, los acusados integraban una estructura consolidada que venía operando desde mucho antes de los hechos investigados. La utilización sucesiva de vehículos, la adaptación de esos rodados para evitar controles y la coordinación permanente entre distintos actores revelaron un nivel de profesionalización incompatible con cualquier hipótesis de actuación aislada.
La causa representa una de las sentencias más relevantes dictadas en Salta por transporte de estupefacientes desde la implementación del sistema acusatorio federal en 2019. Pero también deja una advertencia más amplia sobre los riesgos que implica la infiltración criminal dentro de instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
Cuando miembros de fuerzas federales utilizan sus conocimientos para fortalecer redes de narcotráfico, el problema deja de ser exclusivamente policial y se transforma en una cuestión institucional de enorme gravedad. La confianza pública, la integridad de los organismos de seguridad y la eficacia de la lucha contra el crimen organizado quedan inevitablemente comprometidas.
Las condenas cierran un capítulo judicial, pero las preguntas de fondo permanecen abiertas. ¿Cuántas organizaciones similares logran operar sin ser detectadas? ¿Cuántos conocimientos adquiridos dentro de estructuras estatales terminan siendo utilizados para alimentar negocios criminales? El caso de “Los Peluches” demuestra que el narcotráfico no sólo busca corromper instituciones: cuando encuentra las condiciones adecuadas, puede terminar habitándolas desde adentro.
Fuente:
Ministerio Público Fiscal de la Nación. (2026, junio). Salta: condenas de hasta 15 años de prisión para una organización narcocriminal integrada por gendarmes que transportó 334 kilos de cocaína. Fiscales.gob.ar. https://www.fiscales.gob.ar/narcocriminalidad/salta-condenas-de-hasta-15-anos-de-prision-para-una-organizacion-narcocriminal-integrada-por-gendarmes-que-transporto-334-kilos-de-cocaina/
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