La protesta de un cabo armado frente a la Casa Rosada expuso una crisis profunda en la Policía Federal: salarios pulverizados, adicionales robados, obra social en colapso y una puesta en escena oficial que reemplaza soluciones reales por marketing de seguridad. Bajo el gobierno de Javier Milei, la fuerza que se decía de elite sobrevive endeudada, agotada y humillada.
El encadenamiento del suboficial Miguel Ángel Montiel no fue un exabrupto individual ni un problema psiquiátrico, como intentaron instalar desde los despachos oficiales. Fue el síntoma visible de un sistema corroído, empujado al límite por ajustes salariales, corrupción estructural y una política de seguridad basada en el show antes que en la dignidad de quienes visten uniforme.
El miércoles 4 de febrero de 2026, un policía federal armado, uniformado y acompañado por su familia se esposó a la reja de la Casa Rosada. No era una escena de película ni una performance militante. Era un trabajador del Estado que decidió romper el silencio para exponer lo que durante años se barre debajo de la alfombra: la Policía Federal Argentina atraviesa una crisis profunda, silenciosa y peligrosa, incubada por salarios de hambre, corrupción interna y una conducción política más preocupada por la escenografía que por las condiciones reales de trabajo.
El cabo Miguel Ángel Montiel puso el cuerpo y la cara. Denunció el robo sistemático de los adicionales, los llamados “destinos fantasmas”, una caja negra que, según los propios efectivos, funciona con conocimiento de los jefes. Señaló que se cobran servicios que no se prestan, que se declaran efectivos que nunca pisan el lugar asignado y que ese dinero desaparece en manos de superiores. No habló en abstracto. Dio nombres, cargos y destinos. Y nadie, absolutamente nadie, desmintió el contenido de su denuncia.
La reacción institucional fue previsible. Primero, el intento de desacreditarlo: que estaba alterado, que tenía carpeta psiquiátrica, que su carrera estaba terminada. Después, el manual clásico: Asuntos Internos, sumario, silencio. El problema no fue el mensaje, sino el mensajero. Sin embargo, la escena ya estaba instalada y el daño político estaba hecho. Porque lo que Montiel dijo es lo que miles de efectivos viven todos los días.
Hoy, entre el 50 y el 70 por ciento de los suboficiales de la Policía Federal trabaja como chofer de aplicaciones apenas se saca el uniforme. No es una exageración ni un rumor. Es una realidad admitida puertas adentro de la fuerza. Sueldos que oscilan entre 700.000 y 850.000 pesos obligan a jornadas dobles, triples, eternas. Policías que deberían descansar, capacitarse y estar lúcidos para portar un arma terminan manejando de madrugada para llegar a fin de mes. Es una bomba de tiempo.
El último aumento salarial, del 1,9 por ciento en diciembre y enero, fue directamente una provocación. No solo quedó por debajo del IPC, sino que llegó con meses de atraso y sin recomponer nada de lo perdido desde agosto. En un contexto donde la inflación real es cuestionada incluso por técnicos y especialistas, el ajuste salarial aplicado por el gobierno de Javier Milei empujó a los efectivos federales a una situación de precariedad inédita. Mientras tanto, policías bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires ganan mucho más. Algo que, hasta hace pocos años, era impensado.
La bronca no es solo económica. Es simbólica. El policía federal se formó creyendo que pertenecía a una fuerza de elite. Hoy se siente el último eslabón de la cadena. Y esa humillación cotidiana tiene consecuencias. Muchos de los efectivos mejor capacitados, especialmente en áreas científicas o de investigación, buscan salir de la fuerza apenas pueden. Otros aguantan, cansados, quemados, sabiendo que cualquier error se paga caro.
A esta situación se suma la corrupción interna, un secreto a voces que el gobierno prefiere no escuchar. Los “destinos fantasmas” son el ejemplo más crudo. Estaciones ferroviarias donde figuran diez efectivos y trabajan cinco. El resto arregla con un jefe, cobra igual y entrega una parte del adicional. Un sistema aceitado, difícil de probar, pero ampliamente conocido. Para los policías, no hay dudas: existe “el gran robo”.
La crisis también atraviesa la salud. La obra social de la Policía Federal, la Superintendencia de Bienestar, está al borde del colapso. El Hospital Churruca, históricamente un orgullo de la fuerza, se deteriora día a día. Médicos y enfermeros se van por salarios bajos, los equipos no se reparan, la atención se degrada. Muchos efectivos directamente evitan atenderse allí. En un trabajo donde la salud mental y física es clave, el abandono es casi criminal.
Frente a este escenario, la respuesta política fue una puesta en escena. Patricia Bullrich, que sigue siendo el verdadero poder en el Ministerio de Seguridad pese a su paso al Senado, dejó montada la Dirección Federal de Investigaciones. Un “FBI argentino” que no existe más que en los carteles, en los chalecos nuevos y en el ploteo de los móviles. No hay nuevos efectivos, no hay nuevas funciones, no hay recursos reales. Solo marketing.
Los propios policías lo dicen sin vueltas: hay dinero para el show y para la munición antidisturbios, pero no para salarios, móviles, chalecos ni herramientas básicas. Se exige represión, presencia, disciplina. Pero no se garantiza dignidad. El mensaje es claro y peligroso: palos sí, derechos no.
Mientras tanto, los mismos efectivos que viven como jubilados pobres son enviados a reprimir manifestaciones sociales frente al Congreso. El contraste es obsceno. Policías golpeando a trabajadores, sabiendo que ellos mismos están al borde del estallido. No es solo una contradicción moral, es una irresponsabilidad política.
Las convocatorias a un acuartelamiento para el 15 de marzo no surgen de la nada. Son el resultado de años de desgaste, profundizado bajo una gestión que habla de orden y autoridad mientras desarma por dentro a sus propias fuerzas. Las amenazas de sanciones, disponibilidades y castigos no hacen más que echar nafta al fuego. Si no salen los efectivos, saldrán los familiares. El malestar ya desbordó los cuarteles.
Incluso medios tradicionalmente alineados con el poder reconocen que el episodio no fue aislado. En los últimos meses, las fuerzas de seguridad fueron sacudidas por una ola de suicidios. Jóvenes cabos, gendarmes, suboficiales. Historias que se repiten, con un denominador común: estrés extremo, precarización, abandono institucional.
Miguel Ángel Montiel dijo algo que incomoda todavía más: votó a Javier Milei y lo volvería a votar, pero pidió que no se olviden de ellos. Esa frase, lejos de suavizar la escena, la vuelve más inquietante. Porque muestra que la crisis no es ideológica ni partidaria. Es material, concreta, cotidiana. Y el gobierno libertario no tiene respuestas.
Bajo la lógica del ajuste permanente, el Estado se retira incluso de funciones básicas como garantizar condiciones dignas a quienes portan armas en su nombre. Se recorta salario, salud y equipamiento, pero se exige lealtad absoluta. Es una combinación explosiva.
La protesta del cabo encadenado no fue un acto aislado ni una anécdota policial. Fue una señal de alarma. Una advertencia de lo que ocurre cuando se gobierna desde la soberbia, el marketing y el desprecio por lo público. La Policía Federal hoy es un espejo incómodo del modelo Milei: ajuste brutal hacia abajo, corrupción tolerada hacia arriba y un relato que intenta tapar la realidad con escenografía.
Ignorar esta crisis no la hará desaparecer. Al contrario, la vuelve más peligrosa. Porque cuando quienes deben garantizar seguridad viven en la miseria, el problema deja de ser corporativo y se transforma en social. Y ahí, ya no hay cartel de DFI que alcance.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/05/pegando-por-sueldos-bajos-tramas-de-corrupcion-y-acuartelamientos/
https://www.minutouno.com/sociedad/tension-casa-rosada-un-policia-federal-armado-protesta-frente-la-reja-y-denuncia-corrupcion-n6242255
https://www.lanacion.com.ar/politica/un-suboficial-de-la-policia-federal-se-encadeno-en-la-casa-rosada-para-exigir-una-mejora-salarial-y-nid04022026/
Deja una respuesta