La aparición de una comisaria ascendida durante la gestión Bullrich como prestamista de Manuel Adorni expone una trama de vínculos entre política, seguridad y financiamiento privado. El silencio oficial y las inconsistencias golpean el discurso anticasta del gobierno y reavivan dudas sobre la transparencia institucional.
La eliminación del Potenciar Trabajo desató protestas masivas en todo el país y dejó al descubierto el impacto social del ajuste. Con más de 900 mil afectados, el reemplazo por vouchers genera incertidumbre, mientras la represión en puntos clave anticipa un escenario de creciente conflictividad social y ausencia de respuestas estructurales.
La protesta policial en Rosario expone salarios de miseria, endeudamiento, suicidios y denuncias de corrupción interna. Mientras el gobierno defiende su política de seguridad como exitosa, los efectivos de calle reclaman mejoras estructurales. El conflicto amenaza con expandirse y revela una crisis profunda en el corazón del sistema.
La protesta de un cabo armado frente a la Casa Rosada dejó al descubierto la crisis de la Policía Federal: salarios pulverizados, corrupción en los adicionales, colapso de la obra social y una política de seguridad basada en el marketing. Bajo el gobierno de Milei, el malestar crece y el conflicto amenaza con estallar.
El gobierno de Javier Milei, con la firma de Patricia Bullrich, oficializó la designación de nuevos jefes policiales y avanzó con una profunda reforma de la Policía Federal. Bajo el pretexto de modernización, se consolida un aparato represivo centralizado, funcional al autoritarismo y sin controles democráticos efectivos.
