Sturzenegger bajo denuncia penal por contratos sin licitación y gastos millonarios del Estado

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El doble discurso libertario y la caja del Estado: desregulación para otros, privilegios para pocos. Mientras el Gobierno de Javier Milei predica ajuste extremo y “alquiler cero”, el ministro de la motosierra queda envuelto en denuncias penales, contrataciones directas y gastos millonarios sin licitación.

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger enfrenta una denuncia penal por defraudación a la administración pública, tráfico de influencias y encubrimiento, en un entramado que combina contratos sin licitación, beneficios cruzados y un gasto inmobiliario que contradice el relato oficial del ajuste.

El discurso libertario promete dinamitar privilegios, achicar el Estado hasta los huesos y terminar con lo que llaman “la casta”. Sin embargo, cuando se corre el velo del marketing político y se observan los hechos concretos, el relato empieza a hacer agua. Federico Sturzenegger, el ministro estrella del gobierno de Javier Milei y principal ideólogo de la desregulación salvaje, quedó atrapado en una secuencia de decisiones administrativas que exponen una contradicción brutal entre lo que se predica y lo que se hace. No se trata de un error menor ni de una discusión técnica: hablamos de cientos de millones de pesos, contrataciones directas sin licitación y una denuncia penal que involucra a funcionarios, familiares y áreas clave del Estado.

El escándalo estalló cuando se conoció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanzó con el alquiler de cuatro pisos completos y 24 cocheras en pleno microcentro porteño, sobre la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, por un monto total de 720 millones de pesos por apenas doce meses. El contrato fija un canon mensual de 60 millones de pesos, a razón de 15 millones por piso, con expensas y servicios a cargo del Estado. Traducido a dólares, según el propio expediente administrativo, el gasto ronda los 480 mil dólares anuales. No es un vuelto, ni un detalle contable. Es una decisión política.

La paradoja es tan evidente que incomoda incluso dentro del propio oficialismo. El gobierno viene utilizando el programa “Alquiler Cero” como bandera del ajuste, difundiendo comunicados oficiales donde se celebra la eliminación de contratos de alquiler y cocheras para reducir el gasto público. Sin embargo, el expediente del ministerio que conduce Sturzenegger menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que advertía precisamente sobre la necesidad de cumplir con ese programa y priorizar el uso de inmuebles estatales. La recomendación fue ignorada. La motosierra, otra vez, parece apuntar siempre hacia el mismo lado.

Pero el alquiler millonario no es un hecho aislado. Es apenas una pieza más de un rompecabezas mucho más incómodo. Días antes, una investigación periodística reveló que la Cancillería había adjudicado, sin licitación pública, un contrato por más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad dirigida por la esposa del ministro, María Josefina Rouillet. El objeto del contrato: cursos de inglés para diplomáticos del servicio exterior.

La reacción política no tardó en llegar. La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal que no solo apunta contra Sturzenegger, sino también contra su esposa, contra la subsecretaria de Coordinación y Administración de Cancillería, María Cristina Dellepiane, y contra el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios. Los delitos señalados son graves: defraudación contra la administración pública, encubrimiento y presunto tráfico de influencias.

El escrito judicial describe una red de responsabilidades que va más allá de una simple firma administrativa. Rouillet es denunciada como coautora por ser la directora ejecutiva de la entidad beneficiada y cónyuge del ministro. Dellepiane aparece como la funcionaria que adjudicó la contratación directa mediante una disposición específica. Quirno, por su parte, es acusado de encubrimiento por omisión de denuncia, ya que, según la presentación, optó por justificar públicamente el contrato en redes sociales en lugar de activar los mecanismos legales ante posibles irregularidades.

Sturzenegger no queda afuera del foco. La denuncia sostiene que no puede descartarse su mediación ante las autoridades de Cancillería para obtener una adjudicación directa que benefició de manera evidente a la entidad dirigida por su esposa. En otras palabras, el corazón del planteo judicial es una sospecha clásica pero explosiva: el uso del poder público para favorecer intereses privados cercanos. Exactamente aquello que el discurso libertario dice venir a erradicar.

Desde el entorno presidencial la respuesta fue política, no institucional. En la Casa Rosada aseguran que Milei “banca a full” a su ministro, al que llama “el coloso”. Para justificar el contrato, se ensayó una lista de argumentos que, lejos de despejar dudas, las profundiza. Se dijo que el contrato existe desde 2018, que la esposa del ministro “no es dueña sino empleada”, que la Cultural Inglesa es la institución más prestigiosa del país y que el monto no sería significativo para una entidad de ese tamaño. Incluso se afirmó que es lógico que Cancillería contrate servicios de este tipo porque “no hay muchos que los brinden”.

El problema es lo que no se explica. Nadie responde por qué no se abrió una licitación pública, el mecanismo básico para garantizar transparencia y competencia. Nadie aclara por qué, si el contrato es tan irrelevante, se evitó deliberadamente ese procedimiento. Tampoco hay explicaciones sobre el alquiler de los cuatro pisos y las 24 cocheras, ni sobre el hecho de que el ministro haya incumplido el programa de “alquiler cero” que el propio gobierno promociona como símbolo del ajuste.

La propia Asociación Argentina de Cultura Inglesa intentó dar explicaciones internas. En un comunicado a sus trabajadores sostuvo que fue elegida por la cercanía de sus oficinas con Cancillería y que, si bien mantiene contratos con el Estado desde 2018, en 2025 no había prestado servicios. Sin embargo, una investigación de la Agencia Noticias Argentinas desmintió ese punto: en 2025 sí hubo cursos, aunque con apenas diez agentes, mientras que la propuesta para 2026 eleva el esquema a 132 cupos. La diferencia no es menor y refuerza la sospecha de un negocio en expansión justo cuando el esposo de la directora ejecutiva concentra un poder inédito dentro del gabinete.

El contexto político agrava aún más la situación. El escándalo se conoció después de que Sturzenegger saliera a militar públicamente el artículo 44 de la reforma laboral, una iniciativa que habilita a los empleadores a descontar parte del salario a trabajadores que se enfermen. La imagen es potente y difícil de disimular: ajuste y castigo para quienes viven de su trabajo, manga ancha y contratos directos cuando se trata de la cúpula del poder.

Nada de esto implica desconocer la complejidad administrativa del Estado ni negar que existan zonas grises en la gestión pública. Pero justamente por eso, en un gobierno que hizo de la transparencia y del combate a la “casta” su principal bandera simbólica, la vara debería ser más alta, no más baja. Cuando las decisiones contradicen el discurso, la credibilidad se erosiona. Y cuando las contradicciones involucran millones de pesos, familiares directos y contrataciones sin licitación, la erosión se convierte en un problema político serio.

Sturzenegger sigue sin dar explicaciones públicas de fondo. El Presidente lo respalda. La Justicia deberá determinar si hubo delitos. Pero aun antes de cualquier fallo, los hechos ya dicen mucho. La desregulación parece ser selectiva, el ajuste tiene destinatarios claros y el Estado que se prometía adelgazar reaparece, robusto y generoso, cuando se trata de garantizar comodidad, oficinas premium y contratos amigos. El zoológico libertario, una vez más, muestra que hay fieras y hay mascotas. Y no todos viven bajo las mismas reglas.

Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/18/sturzenegger-con-denuncia-penal-por-asociacion-ilicita/
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/sturzenegger-alquilo-4-pisos-y-24-cocheras-por-720-millones-en-diagonal-norte-mientras-el-gobierno-impulsa-el-alquiler-cero/
https://www.eldestapeweb.com/politica/gobierno/sturzenegger-vuelve-estar-en-la-mira-por-un-millonario-alquiler-202621721414

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