Pettovello corta cabezas y deja al desnudo la doble vara libertaria. La expulsión de su jefe de Gabinete por un crédito millonario del Banco Nación expone el silencio de Caputo y el blindaje político que rodea a Adorni y al círculo íntimo del poder.
La decisión fue rápida, quirúrgica y, sobre todo, incómoda para el resto del gobierno. Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, apenas su nombre apareció vinculado a un crédito de más de 400 millones de pesos otorgado por el Banco Nación. No hubo matices ni explicaciones dilatorias: la ministra de Capital Humano actuó. Y al hacerlo, dejó al descubierto una grieta interna mucho más profunda que cualquier relato oficial.
Porque mientras Pettovello aplicó una lógica de “tolerancia cero” frente al escándalo, en el Ministerio de Economía reina un silencio que ya no puede interpretarse como prudencia, sino como complicidad. Luis “Toto” Caputo no dijo una palabra sobre los préstamos millonarios que beneficiaron a funcionarios de su propio equipo, como Federico Furiase y Felipe Núñez. Ambos, curiosamente, construyeron su identidad pública atacando al mismo banco estatal del que luego se sirvieron.
La contradicción no es menor. Durante años, el discurso libertario convirtió al Banco Nación en símbolo de la “casta”, una supuesta estructura parasitaria dedicada a financiar privilegios políticos. Sin embargo, cuando los nombres propios comenzaron a aparecer en las listas de beneficiarios, la indignación selectiva se transformó en silencio estratégico.
El caso de Núñez resulta paradigmático. Antes de ingresar al gobierno, no dudaba en calificar al Nación como “una cueva de acomodados políticos”. Hoy, esa definición resuena como un boomerang que vuelve directo al corazón del oficialismo. La pregunta ya no es si el banco es un problema, sino quiénes lo utilizan y bajo qué reglas.
La gravedad se amplifica en el caso de Furiase. Como secretario de Finanzas, su rol lo ubica en una posición de influencia directa sobre el sistema financiero y, por extensión, sobre el propio Banco Nación. La sospecha de estar “de los dos lados del mostrador” no es una metáfora: es una descripción funcional de un esquema donde la frontera entre lo público y lo privado se vuelve difusa.
En ese contexto, la decisión de Pettovello adquiere una dimensión política que trasciende el caso Massaccesi. No se trata solo de un despido, sino de la instalación de un criterio. Una línea que, al ser trazada, deja expuestos a quienes eligen no cruzarla. La ministra no tiene injerencia directa sobre el banco, pero actuó igual. Economía, que sí la tiene, mira para otro lado.
El contraste también golpea en el corazón del poder político. Karina Milei, figura central en la arquitectura del gobierno, sostiene a Manuel Adorni pese a la acumulación de interrogantes sobre su patrimonio y su estilo de vida. Desde propiedades inmobiliarias hasta viajes en avión privado, pasando por planes de vacaciones en el Caribe, el vocero presidencial se mueve en una zona gris que el oficialismo evita iluminar.
La escena es reveladora: mientras una ministra decide sacrificar a su principal colaborador para preservar una narrativa ética, otros sectores del gobierno optan por blindar a los propios, incluso a costa de erosionar ese mismo discurso. La famosa “batalla contra la casta” empieza a mostrar fisuras cuando los nombres dejan de ser abstractos.
No es casual que esta tensión interna genere incomodidad en la Casa Rosada. Pettovello, considerada una de las funcionarias de mayor confianza del Presidente, termina encarnando una vara moral que incomoda a quienes prefieren la lógica del encubrimiento. Su decisión no solo expone a Caputo, sino que también interpela directamente al núcleo más cercano del poder.
El episodio revela, en definitiva, dos formas de gestionar el costo político de la corrupción: actuar de inmediato, aun a riesgo de debilitar la propia estructura, o negar, dilatar y proteger. Pettovello eligió la primera. El resto del gobierno, al menos hasta ahora, parece inclinarse por la segunda.
Y en esa tensión se juega algo más que una interna. Se pone en cuestión la coherencia de un proyecto político que hizo de la ética su principal bandera, pero que empieza a tropezar cuando esa bandera debe aplicarse puertas adentro.
La pregunta que queda flotando no es menor: ¿hasta dónde puede sostenerse un discurso anticasta cuando los propios protagonistas comienzan a parecerse demasiado a aquello que prometieron destruir?
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