Nuevos préstamos en efectivo, propiedades omitidas y una investigación judicial en marcha profundizan las sospechas sobre el jefe de Gabinete. Mientras el discurso oficial predica austeridad y transparencia, emergen operaciones financieras opacas que ponen en jaque la credibilidad del gobierno libertario
La escena no podría ser más incómoda para un gobierno que hizo de la supuesta “casta política” su principal enemigo discursivo. Manuel Adorni, hoy jefe de Gabinete de Javier Milei, vuelve a quedar bajo la lupa por una trama de préstamos en dólares que no sólo despierta sospechas, sino que además deja al descubierto una arquitectura financiera difícil de justificar en términos de transparencia pública. A medida que avanzan las horas, lejos de disiparse, las dudas se multiplican.
La revelación de que otras dos mujeres le prestaron 100 mil dólares para la compra de una casa en un country de Exaltación de la Cruz no es un dato menor ni un episodio aislado. Es, más bien, una pieza que encaja con inquietante precisión en un rompecabezas mucho más grande. Según se conoció, el 15 de noviembre de 2024, Adorni y su esposa Bettina Angeletti recibieron un crédito no bancario: 85.000 dólares aportados por Graciela Isabel Molina de Cancio y 15.000 por Victoria María José Cancio. El mismo día, Angeletti adquirió una propiedad en el country Indio Cuá. La simultaneidad de las operaciones no es sólo sugestiva: es la revelación la corrupción organizada.
Lo verdaderamente explosivo no es únicamente el origen del dinero, sino la omisión. Esa casa no fue informada en la declaración jurada de Adorni cuando ya se desempeñaba como secretario de Comunicación de la Nación. Tampoco fue incorporada a su patrimonio al asumir como jefe de Gabinete a fines de 2025. En otras palabras, el funcionario que debía encarnar la transparencia eligió el silencio. Y ese silencio, en política, rara vez es inocente.
Pero el caso no termina ahí. Antes de estos nuevos préstamos, Adorni ya había recibido 200 mil dólares de otras dos mujeres jubiladas: Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64. La escena roza lo absurdo cuando Sbabo, consultada, asegura que ni siquiera conocía al funcionario. Según su versión, ese dinero lo utilizó para comprar un departamento en Caballito por la mitad de su valor. La inconsistencia es brutal. ¿Cómo se explica que una persona que dice no conocer al beneficiario figure como prestamista en una operación de semejante magnitud?
El entramado financiero empieza a adquirir características que exceden lo irregular para entrar en un terreno directamente inquietante. La repetición de préstamos provenientes de mujeres mayores, algunas de ellas desvinculadas personalmente del funcionario, abre interrogantes que no pueden ser despachados con ligereza. ¿Se trata de maniobras de encubrimiento? ¿De testaferros? ¿De operaciones diseñadas para disimular el verdadero origen de los fondos? La falta de respuestas claras alimenta todas las hipótesis.
En paralelo, la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción suma otro elemento de tensión. Adorni informó deudas por 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y 7.740.000 con Cancio. Sin embargo, esos montos representan cerca del 50% del total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. La diferencia no es menor ni puede atribuirse a un simple error contable. Es una discrepancia que exige explicaciones urgentes y que, por ahora, brilla por su ausencia.
Como si el escenario no fuera lo suficientemente complejo, la figura de la escribana Adriana Nechevenko aparece como un nodo clave en la red de operaciones. Fue ella quien certificó tanto la compra de la casa en el country como la del departamento en Caballito. Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita la citó a declarar como testigo en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía, además, le solicitó todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su esposa. La expectativa es alta, pero también lo es la incertidumbre: ¿qué revelarán esos papeles?
En el entorno de Karina Milei, el clima tampoco parece ser de tranquilidad. Según trascendió, existe preocupación por la posibilidad de que sigan apareciendo nuevas irregularidades. “Tenemos miedo que aparezca más mugre”, habría sido la frase que sintetiza el estado de ánimo interno. No es una declaración menor. Es, en todo caso, la confirmación de que la crisis no es sólo mediática o judicial, sino también política.
Lo que está en juego, en definitiva, es mucho más que la situación personal de un funcionario. Es la credibilidad de un gobierno que construyó su identidad sobre la promesa de terminar con las prácticas opacas de la política tradicional. Sin embargo, los hechos parecen ir en la dirección contraria. La utilización de mecanismos financieros difíciles de rastrear, la omisión de bienes en declaraciones juradas y la aparición de prestamistas sin vínculo aparente configuran un cuadro que recuerda, con demasiada precisión, a aquello que el propio Milei decía combatir.
En este contexto, la pregunta que empieza a instalarse es inevitable: ¿se trata de un caso aislado o de un síntoma de algo más profundo? Porque si la opacidad se convierte en norma, si las explicaciones nunca llegan y si las inconsistencias se acumulan, entonces el problema deja de ser individual para transformarse en estructural.
La investigación judicial recién comienza y es probable que aún queden capítulos por escribirse. Pero hay algo que ya resulta evidente: la narrativa de la transparencia absoluta empieza a resquebrajarse. Y cuando eso ocurre, el costo político suele ser mucho más alto que cualquier cifra en dólares.
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