La calle como límite: el sindicalismo desborda a la CGT y enfrenta la reforma laboral de Milei frente al Congreso: Mientras la conducción cegetista convoca a un paro sin movilización, las CTA, sindicatos combativos y organizaciones piqueteras deciden ocupar el espacio público y trasladar el conflicto al corazón político del país.
La inminente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo amenaza derechos históricos de los trabajadores: también expone una fractura profunda dentro del movimiento obrero. La decisión de marchar al Congreso marca un quiebre político y sindical que deja al descubierto negociaciones, tensiones y una creciente presión desde las bases.
La escena se repite con una intensidad que ya no admite medias tintas. En la antesala del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el movimiento obrero argentino vuelve a colocarse en el centro del tablero político, pero esta vez atravesado por una grieta interna que desnuda algo más que diferencias tácticas. Lo que está en juego no es solo una ley: es la capacidad de respuesta frente a un gobierno que avanza decidido a desmontar conquistas laborales históricas, con el respaldo explícito del poder económico y bajo la lógica de un ajuste que no disimula su sesgo clasista.
La conducción de la CGT anunció un paro general de actividades para el día en que se trate la reforma laboral, una medida que, en los papeles, busca expresar rechazo al proyecto oficial. Sin embargo, la decisión de no convocar a una movilización masiva al Congreso encendió todas las alarmas. En un contexto donde el oficialismo acelera los tiempos parlamentarios y apuesta a cerrar el proceso legislativo antes del final de las sesiones extraordinarias, el paro sin calle aparece, para amplios sectores sindicales, como una respuesta tibia frente a un ataque de enorme magnitud.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no se limita a retoques técnicos ni a ajustes marginales. Se trata de un paquete de más de 200 artículos que redefine condiciones de contratación, despidos, licencias, jornadas laborales, derecho de huelga y negociación colectiva. En otras palabras, un rediseño integral del mundo del trabajo al servicio de las patronales, que avanza sobre el núcleo duro de los derechos conquistados durante décadas de lucha sindical. Frente a ese escenario, la pregunta se vuelve inevitable: ¿alcanza con un paro sin presencia en las calles?
Para las dos CTA, la respuesta es un rotundo no. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores, junto a sindicatos industriales y del transporte, decidieron romper la inercia y darle un carácter activo a la huelga. Así nació y se consolidó el Frente de Sindicatos Unidos, que ratificó el paro nacional pero, sobre todo, la movilización al Congreso como eje central de la jornada de lucha. La consigna es clara y sin rodeos: la reforma laboral se frena en las calles.
No es un gesto simbólico ni una pose testimonial. La decisión de marchar implica asumir que el conflicto excede el ámbito parlamentario y que la presión social resulta indispensable para condicionar un debate que el oficialismo pretende cerrar a toda velocidad. En ese sentido, la convocatoria a una conferencia de prensa frente a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo y la posterior movilización hacia el Congreso no es casual. Hay una apelación explícita a la memoria histórica, a la idea de derechos como conquistas colectivas y no como concesiones revisables según el humor de los mercados.
La crítica a la CGT no se limita al tono moderado de la convocatoria. Desde los sectores movilizados se señala, con dureza, una lógica de negociación a espaldas de los trabajadores. El Plenario del Sindicalismo Combativo, que agrupa a sindicatos como el SUTNA, Ademys y la AGD-UBA, fue todavía más lejos al calificar la estrategia cegetista como una maniobra que busca administrar el descontento sin confrontar de lleno con el poder político. Para estos sectores, la secuencia de “movilización sin paro” primero y “paro sin movilización” después no hace más que confirmar una burocracia sindical más preocupada por preservar sus propias cajas que por enfrentar una reforma integralmente antiobrera.
El comunicado del PSC no deja lugar a interpretaciones edulcoradas. No se discute un artículo aislado ni una cláusula particularmente escandalosa: se cuestiona el conjunto de la reforma. Desde el descuento salarial a quienes se enferman hasta el debilitamiento del derecho de huelga, pasando por el vaciamiento de los fondos de la Anses y la promoción de convenios por empresa, el diagnóstico es contundente. Se trata de una ofensiva estructural que exige una respuesta del mismo calibre, con un plan de lucha sostenido hasta derrotar el proyecto en su totalidad.
En paralelo, la adhesión de los gremios del transporte le agrega un componente decisivo al conflicto. La confirmación de un paro total de colectivos, trenes, subtes y vuelos por parte de La Fraternidad y otros sindicatos del sector garantiza un impacto nacional que trasciende el ámbito sindical. Cuando el transporte se detiene, el país entero lo siente. Y ese dato no es menor en una coyuntura donde el gobierno apuesta a minimizar el costo político de sus reformas, confiado en la fragmentación de la protesta.
La intervención de dirigentes como Omar Maturano y Rodolfo Aguiar refuerza la idea de que el malestar en las bases es profundo y creciente. La advertencia sobre la posibilidad de profundizar el plan de lucha según el resultado de la votación en Diputados marca un punto de inflexión. Ya no se trata solo de resistir una ley puntual, sino de frenar una dinámica de ajuste que amenaza con convertirse en norma bajo el gobierno de Milei.
Mientras tanto, la CGT se limita a expresar solidaridades generales, como en el caso del cierre de la planta de FATE, sin anunciar acciones concretas de acompañamiento. Esa distancia entre el discurso y la práctica alimenta la percepción de una central obrera desfasada respecto de la urgencia del momento. En un clima de flexibilización, despidos y precarización creciente, la ausencia de un plan de lucha integral se vuelve, para muchos trabajadores, una señal de desconexión alarmante.
El trasfondo político es imposible de ignorar. La reforma laboral forma parte de un programa más amplio que incluye ajuste fiscal, recorte del gasto social y disciplinamiento del movimiento obrero. El gobierno de Javier Milei no oculta su desprecio por la organización sindical ni su voluntad de avanzar contra lo que considera “privilegios”. En ese marco, la respuesta fragmentada o contenida no solo resulta insuficiente: puede convertirse en funcional a un proyecto que busca reconfigurar las relaciones laborales en favor del capital.
La jornada de paro y movilización al Congreso, entonces, aparece como algo más que una protesta coyuntural. Es una disputa por el sentido del sindicalismo, por el rol de las centrales obreras y por la capacidad de construir una resistencia a la altura del desafío. La grieta dentro de la CGT y del movimiento obrero en general no es un detalle menor: es el síntoma de una crisis de representación que se agudiza al ritmo del ajuste.
En las calles, frente al Congreso, se jugará algo más que una votación legislativa. Se pondrá a prueba la fuerza real de los trabajadores organizados y su disposición a enfrentar un modelo que promete profundizar la desigualdad y la precarización. Frente a un gobierno que acelera y no duda, la pregunta sigue abierta, incómoda y urgente: ¿quién está dispuesto a poner el cuerpo para frenar la reforma laboral de Milei?
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/las-dos-cta-decenas-de-sindicatos-y-organizaciones-piqueteras-desafian-a-la-cupula-de-la-cgt-y-ademas-de-parar-marcharan-al-congreso/
https://www.laizquierdadiario.com/La-CGT-confirmo-paro-sin-marcha-hagamoslo-activo-con-caravanas-y-movilizacion-al-Congreso
https://infocronos.com.ar/nota/54142/paro-total-del-transportes-y-marcha-al-congreso-contra-la-reforma-laboral-impulsada-por-milei/
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