Una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, apta para uso militar, excavada sin controles visibles en Lago Escondido vuelve a poner en primer plano la cesión silenciosa de soberanía, la impunidad de los grandes capitales extranjeros y la pasividad —cuando no complicidad— del Estado argentino. La Patagonia como zona liberada no es una metáfora: es un hecho político.
En el corazón de la cordillera rionegrina, a pocos metros de la costa de Lago Escondido, la montaña es perforada con una precisión que no admite ingenuidades. Allí, donde las morenas glaciarias guardan una memoria geológica de miles de años, hoy se abre paso una obra de hormigón y acero cuya magnitud solo puede describirse como desmesurada. Tres subsuelos, dos plantas, salas de comunicaciones, espacios recreativos, un piso reservado al dueño y una arquitectura pensada para resistir condiciones extremas. No hay cartel de obra, no hay planos públicos, no hay funcionarios recorriendo el lugar. El Estado no mira. O mira para otro lado.
El propietario de esa fortificación es Joseph Lewis, magnate británico, dueño de la estancia Lago Escondido y fundador del holding Tavistock Group. Su nombre no es nuevo en la Patagonia ni en las crónicas judiciales. En enero pasado regresó a la Argentina tras haber recibido el indulto presidencial de Donald Trump, que lo eximió de cumplir una condena por fraude financiero y conspiración en los Estados Unidos. El dato no es menor: un hombre perdonado por delitos económicos graves vuelve a un territorio donde, desde hace años, actúa como si las leyes fueran una sugerencia y no una obligación.
La construcción del búnker —porque eso es lo que describen las fuentes técnicas y legislativas— no puede leerse como un simple capricho inmobiliario de lujo. No se trata de una ampliación estética ni de una mejora residencial. Se trata de una estructura apta para uso militar, excavada en una zona sensible, en área de seguridad de frontera, sin que hasta ahora exista constancia pública de autorizaciones, estudios de impacto ambiental exhaustivos o controles efectivos por parte de las autoridades provinciales o nacionales. En otras palabras, una obra de características estratégicas levantada en un vacío deliberado de poder estatal.
Desde hace siete años, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda viene formulando preguntas que nadie parece dispuesto a responder. Quiere saber quién autorizó la obra, con qué planos, bajo qué normativa y con qué finalidad. Quiere saber si se trata de un refugio antiaéreo, de una instalación de seguridad extrema o de una fortificación lisa y llana. Quiere saber, en definitiva, si hay porciones del territorio argentino donde el Estado ya no manda. La respuesta, hasta ahora, ha sido el silencio.
Ese silencio se vuelve aún más estruendoso cuando se constata que el Ministerio de Defensa mantiene desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional justo en el momento en que más se lo necesita. No es un detalle técnico ni una falla administrativa: es una decisión política que impide verificar si las excavaciones vulneran zonas estratégicas para la soberanía nacional. En un país atravesado por discursos grandilocuentes sobre la patria y la bandera, la ausencia de controles en el territorio real resulta obscena.
Pero el caso Lewis no es una anomalía aislada. Es parte de un patrón. En la misma región patagónica, otros capitales extranjeros avanzan con una lógica similar de fortificación privada y exclusión del control público. El Emir de Qatar posee una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales. El fideicomiso Amaike, vinculado a la familia real de Abu Dhabi, despliega infraestructura tanto en la cordillera como en la costa atlántica. En todos los casos, el denominador común es inquietante: áreas rurales inaccesibles incluso para autoridades provinciales, equipamiento de alta tecnología y una opacidad incompatible con cualquier noción básica de soberanía.
Uno de los episodios más graves es el del aeropuerto privado ubicado en la costa atlántica rionegrina, cerca de Sierra Grande, a pocos cientos de kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Esa pista, originalmente construida por una firma de Tavistock y luego vendida al fideicomiso Amaike, opera sin controles visibles del Estado argentino. No hay presencia permanente de Gendarmería, Prefectura ni fuerzas provinciales. Cuando la policía intentó ingresar, se le negó el acceso. No hubo sanciones. No hubo consecuencias. En los hechos, se trata de un enclave aéreo privado en área de seguridad de frontera donde la autoridad estatal ha sido suspendida de facto.
La gravedad del asunto se profundiza con antecedentes concretos. En 2022, un control aduanero detectó que un avión militar de Emiratos Árabes Unidos ingresó al país con una estación satelital destinada a esas parcelas rurales. Se instalaron cámaras de seguridad, estaciones meteorológicas y equipamiento que, según fuentes locales, no pueden ser inspeccionados por agentes públicos. Todo ocurre bajo un régimen de secretismo que no resiste el menor análisis democrático.
Mientras tanto, la dirigencia política administra la normalización de lo anómalo. Siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén sin aviso ni invitación formal a los gobernadores. Llegaron en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se movieron con anfitriones desconocidos y se fueron sin dar explicaciones. El gobernador fueguino Gustavo Melella protestó de manera tibia. El neuquino Rolando Figueroa prefirió incomodarse con la prensa antes que exigir respuestas. A las 48 horas, el embajador Jamieson Greer firmaba un acuerdo de comercio recíproco con el canciller Pablo Quirno. Nadie cree en las coincidencias, pero muchos aceptan las consecuencias.
Todo esto sucede bajo el gobierno de Javier Milei, cuya prédica libertaria promete un Estado mínimo pero termina consolidando un Estado ausente allí donde más debería estar. La retirada del control territorial no es una abstracción ideológica: es una política concreta que habilita que magnates indultados, fondos soberanos extranjeros y delegaciones militares de otros países se muevan con más libertad que las propias autoridades argentinas en su suelo.
Lo que ocurre en Lago Escondido no es solo la historia de un búnker enterrado en la montaña. Es la crónica de una renuncia múltiple. Renuncian las provincias a ejercer su jurisdicción. Renuncia el Estado nacional a custodiar sus fronteras. Renuncia una dirigencia política que naturaliza que existan zonas donde la ley no entra y la soberanía se alquila en silencio. En ese contexto, el búnker de Lewis no es una excepción extravagante, sino el síntoma más visible de una Patagonia convertida en zona liberada, donde el poder económico extranjero construye refugios mientras el poder político local se refugia en la excusa, la demora y la desidia.
Fuente:
https://agendamalvinas.com.ar/noticia/joe-lewis-construye-un-bunker-en-lago-escondido
https://www.elcohetealaluna.com/el-bunker-de-joe-lewis/
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