La ministra de Seguridad visitó 9 de Julio para anunciar un paquete de asistencia a productores afectados por las inundaciones, pero el monto se fraccionará entre numerosos distritos y carece de medidas concretas para los damnificados. Dirigentes rurales y usuarios en redes sociales hablan de una burla a los sectores más golpeados.
Mientras el gobierno de Javier Milei presume “austeridad” y “eficiencia”, los productores bonaerenses afectados por las inundaciones denuncian abandono. El anuncio de Bullrich, presentado como un salvavidas, terminó siendo un gesto vacío: apenas tres maquinarias, fondos insuficientes y ninguna solución estructural a la crisis hídrica que lleva nueve meses afectando a más de cinco millones de hectáreas.
La postal que intentó vender el gobierno nacional —Patricia Bullrich posando con botas en medio del barro, rodeada de productores e intendentes en 9 de Julio— buscaba transmitir compromiso y cercanía. Pero en el campo, la escena dejó un sabor amargo. A los pocos días, los detalles del supuesto “plan de emergencia hídrica” se revelaron como un conjunto de medidas paliativas, dispersas y carentes de impacto real. Lo que se presentó como un auxilio federal se transformó en un símbolo del desinterés del gobierno de Javier Milei por los sectores productivos más castigados del interior.
El fondo anunciado, de $1.900 millones, parecía inicialmente un avance frente a una situación crítica que lleva nueve meses afectando a municipios del noroeste bonaerense. Sin embargo, la letra chica mostró otra realidad: el dinero se distribuirá entre 20 distritos, lo que deja apenas $95 millones por municipio. Esa cifra, que a simple vista puede parecer considerable, se desvanece cuando se la compara con las pérdidas estimadas por las entidades rurales, que superan los $50.000 millones solo en daños por caminos intransitables, hacienda perdida y siembras suspendidas. En números concretos, el fondo oficial no alcanza ni para cubrir el combustible de las retroexcavadoras necesarias para limpiar los canales de desagüe.
Patricia Gorza, dirigente de la Federación Agraria Argentina, fue categórica: “Es una tomada de pelo”. Su frase, replicada por medios y redes sociales, condensó el sentimiento generalizado de bronca en el sector. A su vez, referentes de CRA y CARBAP coincidieron en que el gobierno nacional “subestima la gravedad del desastre”. La crítica se extiende también a la falta de medidas directas hacia los productores: la ayuda se concentra en los municipios y en obras viales menores, sin incluir compensaciones por cosechas perdidas o líneas de crédito reales para recomponer capital de trabajo.
La situación se agrava con la llegada del verano y la perspectiva de nuevas lluvias. Las precipitaciones de septiembre y octubre saturaron los suelos, y los canales de drenaje continúan obstruidos. En muchos casos, los caminos rurales siguen intransitables, impidiendo la salida de ganado y granos. La Agencia Federal de Emergencias prometió enviar “tres maquinarias y un par de camiones”, pero solo por unos días. Esa logística mínima difícilmente pueda revertir un escenario que afecta a más de 400.000 hectáreas inundadas.
Mientras tanto, el gobierno intenta sostener su relato. Desde la Casa Rosada se insiste en que “el esfuerzo fiscal es enorme” y que los problemas de infraestructura son responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. La estrategia es conocida: trasladar culpas y evitar asumir la falta de planificación. No obstante, la evidencia contradice ese discurso. Desde febrero, los productores vienen reclamando obras hidráulicas de fondo, como la culminación del dragado del Río Salado, cuya etapa 4 fue reactivada tardíamente recién en septiembre. Los estudios técnicos estiman que la obra completa costará más de $100.000 millones, cifra muy superior a la partida que ahora el gobierno pretende mostrar como una respuesta integral.
En el terreno político, la visita de Bullrich también encendió tensiones con el gobernador Axel Kicillof. Desde el Ejecutivo bonaerense la acusaron de “robarse el mérito” de proyectos provinciales, como el Nodo de Bragado, que forma parte del mismo sistema de defensa hídrica. El enfrentamiento evidencia una disputa de fondo: mientras la provincia ejecuta obras estructurales con fondos propios, el gobierno nacional opta por intervenciones cosméticas que priorizan la foto antes que la solución.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad se profundiza al observar las condiciones de los productores. Más del 80% de los caminos rurales permanecen intransitables; centenares de familias debieron vender parte de su hacienda a precios de remate para evitar pérdidas mayores, y la siembra de verano está comprometida. “Nos prometieron ayuda y trajeron promesas”, resumió un productor de Bragado, reflejando el sentimiento de frustración que domina las asambleas rurales.
Las redes sociales amplificaron esa indignación. En la plataforma X (ex Twitter), el artículo de La Política Online fue compartido decenas de veces con comentarios que ironizan sobre la supuesta “eficiencia libertaria”. Usuarios críticos del gobierno compararon la visita de Bullrich con las puestas en escena del macrismo, marcando continuidad en el estilo comunicacional: anuncios grandilocuentes, pocos recursos y una desconexión total con la realidad rural. La frase “tomada de pelo” se volvió tendencia en la región pampeana.
En paralelo, el gobierno intenta contener el descontento con gestos mediáticos. En los días siguientes al anuncio, Vialidad Nacional difundió imágenes de camiones en zonas rurales y el Ejército anunció “operativos de asistencia”. Sin embargo, los productores aseguran que esas acciones son aisladas y temporales. Lo que se necesita, dicen, son políticas sostenidas y un plan integral para mitigar el impacto del cambio climático, no una visita fugaz con cámaras de televisión.
El caso expone una contradicción profunda del gobierno de Milei: mientras se enarbola la bandera del “libre mercado” y se recortan presupuestos públicos, se mantiene un modelo de administración centralizada que reacciona tarde y mal ante las emergencias. La política del ajuste, aplicada sin sensibilidad ni estrategia, termina generando más gasto y más desconfianza. En este contexto, el campo —que alguna vez fue aliado electoral del espacio libertario— empieza a dar señales de ruptura. Las protestas anunciadas para el 15 de noviembre en Carlos Casares y Bragado podrían marcar el inicio de una nueva etapa de conflicto rural.
En definitiva, lo ocurrido con el anuncio de Bullrich sintetiza la lógica del gobierno: una combinación de marketing político, improvisación y desprecio por las consecuencias sociales. El paquete de ayuda se desinfló tan rápido como se anunció, y los productores quedaron, otra vez, solos frente al agua. Lo que se presentó como un plan de salvataje terminó siendo la evidencia más clara de un Estado que se retira incluso de sus funciones más básicas. En el país del “ajuste perpetuo”, las inundaciones no son solo un fenómeno climático: son la metáfora —esta vez inevitable— de un gobierno que se ahoga en su propia ineficacia.
Indignación: productores denuncian que el plan hídrico de Bullrich es una “tomada de pelo”
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