El gobernador bonaerense reivindicó la nacionalización de la petrolera y acusó al oficialismo de repetir el discurso de los fondos buitre mientras, según sostiene, la propia defensa del Estado avaló siempre la misma estrategia jurídica.
En un mensaje cargado de tono vindicativo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció en la red social X que un fallo de la Justicia estadounidense habría favorecido a YPF, y lo interpretó como el cierre de “años de mentiras” en torno al proceso de nacionalización de la compañía.
Según expresó, el litigio internacional expuso lo que definió como una construcción discursiva impulsada por “buitres” con el objetivo de cuestionar la decisión soberana del Estado argentino y obtener beneficios económicos. En esa línea, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de haber sostenido durante años la idea de un supuesto “impuesto Kicillof”, una etiqueta que el mandatario bonaerense desestimó como una “operación” política y mediática.
Kicillof sostuvo que, desde el inicio del juicio, los propios abogados del Estado argentino defendieron ante la Justicia internacional los mismos argumentos que él y su equipo habían planteado al momento de la expropiación. Esa coincidencia, remarcó, dejaría en evidencia que las críticas técnicas a la nacionalización no eran más que un relato instalado con fines políticos y económicos.
En un pasaje particularmente incisivo, el gobernador planteó interrogantes sobre quienes impulsaron esas críticas durante años: “¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada?”, deslizó, sugiriendo que el cuestionamiento a la estatización de la petrolera no respondía a un debate técnico genuino sino a una alineación con intereses extranjeros.
El mensaje también buscó correr el eje de la discusión desde su figura personal hacia una dimensión estructural. Según Kicillof, el objetivo de los ataques nunca fue individual sino estratégico: desacreditar una decisión de política energética que, a su entender, resultó clave para la soberanía nacional. En ese sentido, afirmó que sectores de la derecha “nunca habrían nacionalizado” la compañía y que, en los hechos, actuaron en favor de los fondos buitre.
La crítica al actual gobierno se profundizó al señalar una supuesta contradicción: mientras cuestiona la estatización, el oficialismo se beneficiaría indirectamente de sus resultados. “Su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF”, afirmó, en una frase que busca colocar a la petrolera como sostén silencioso de la actual coyuntura económica.
El gobernador también apeló a una imagen cargada de simbolismo político al sostener que Milei “se disfraza con el mameluco de YPF”, pero que nunca la defendió. La acusación, lejos de ser meramente retórica, apunta a instalar la idea de que el gobierno nacional se apropia de los resultados de una política que históricamente rechazó.
En el tramo final de su publicación, Kicillof reivindicó la nacionalización como una de las decisiones “más importantes de las últimas décadas”, destacando su rol como “palanca de desarrollo” y como herramienta para mitigar el impacto de la crisis energética global. En esa reconstrucción, ubicó la medida dentro de un modelo más amplio que incluye la defensa del interés nacional, la articulación público-privada y la inversión en infraestructura y ciencia.
Además, subrayó que la decisión fue adoptada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a quien atribuyó haber marcado un rumbo de desarrollo basado en la soberanía de los recursos naturales y el fortalecimiento del entramado productivo.
El cierre del mensaje condensa el tono político de toda la intervención: “Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan”. Una frase que, más allá del fallo puntual, busca instalar una lectura más amplia sobre el conflicto entre intereses nacionales y financieros, y que reaviva una discusión que en Argentina nunca terminó de saldarse.
Lejos de clausurar el debate, el pronunciamiento del gobernador vuelve a encender una grieta persistente: la que enfrenta dos modelos de país, uno apoyado en la intervención estatal en sectores estratégicos y otro que desconfía de ella. En el centro de esa disputa, YPF vuelve a ser mucho más que una empresa: un símbolo donde se proyectan las tensiones entre soberanía, mercado y poder político.
