La movilización nacional llega al corazón de Buenos Aires bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta revela un conflicto profundo entre el modelo de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei y la defensa de la educación pública como derecho social.
La Ciudad de Buenos Aires vive una jornada histórica. Desde el mediodía, columnas de estudiantes, docentes, no docentes y sindicatos comenzaron a poblar las calles con un destino común: el Congreso de la Nación. Allí, a las 18 horas, se desarrollará el acto central de la Marcha Federal Universitaria, la segunda de magnitud nacional en lo que va del año, y una de las más potentes muestras de resistencia social frente al ajuste del gobierno de Javier Milei.
El detonante de esta convocatoria masiva es el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso y que buscaba garantizar un presupuesto acorde a las necesidades de las universidades nacionales. Con un simple decreto, Milei desechó esa conquista, argumentando que la ley violaba el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera porque no especificaba las fuentes de recursos. En los hechos, el veto se traduce en el vaciamiento de las universidades, el deterioro de la investigación científica y la precarización de docentes y trabajadores.
Lejos de resignarse, el movimiento universitario y un amplio abanico de actores sociales respondieron en las calles. La consigna que recorre pancartas y banderas es clara: “Nuestro futuro no se veta”. No se trata de un reclamo corporativo de las universidades; la protesta interpela a toda la sociedad porque lo que está en juego es el derecho al conocimiento, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de un país que apueste al desarrollo antes que a la exclusión.
Las organizaciones estudiantiles movilizan desde cada facultad. La FUBA convoca desde Plaza Houssay; Derecho se concentra en sus tradicionales escalinatas; Sociales desde Santiago del Estero al 1029; Filosofía y Letras en Avenida de Mayo y San José. FATUN, el gremio de trabajadores de universidades nacionales, también marcha con sus columnas, al igual que la CGT, la CTA, ATE y la UTEP. A ello se suman el Frente de Izquierda, organizaciones piqueteras como el Polo Obrero y el MST, y trabajadores del Hospital Garrahan que vinculan la protesta con la Ley de Emergencia Pediátrica, también vetada por Milei.
La magnitud de la movilización se refleja en el mapa de cortes. Las principales arterias del centro porteño —Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen— se encuentran bloqueadas durante horas, una postal que exhibe la masividad del reclamo y que las autoridades intentan relativizar. El gobierno, según admiten sus propios voceros, se muestra pesimista respecto a la votación en Diputados que buscará insistir con la ley, pero al mismo tiempo minimiza el impacto político de la marcha. Una estrategia de manual: deslegitimar la protesta para no reconocer que la universidad pública se ha transformado en un punto neurálgico de resistencia contra el modelo libertario.
El contraste entre el relato oficial y la realidad es evidente. Mientras Milei anunció supuestos aumentos en el presupuesto universitario para 2026, dirigentes como Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, desnudaron la trampa: “El presupuesto para el 2026 es prácticamente igual al del 2025, un año que vivimos en peligro”. No se trata de recursos extras ni de un plan estratégico, sino de la continuidad de un ajuste que estrangula a las instituciones educativas. El gobierno juega con números en los papeles, pero en los hechos la vida universitaria se degrada día a día.
La noche previa a la movilización dejó una imagen simbólica que recorrió el país. Universidades como la de San Martín, la de La Matanza y la propia FUBA realizaron un apagón en sus edificios, apagando las luces en señal de protesta. Las redes sociales multiplicaron esas imágenes, que mostraban pasillos, aulas y bibliotecas sumidas en la penumbra. Fue un gesto potente: si el gobierno insiste en dejar a oscuras a las universidades, entonces serán ellas mismas quienes exhiban la magnitud de ese despojo.
Lo más significativo de esta jornada es la amplitud de la convocatoria. No solo confluyen sindicatos y partidos políticos, sino también miles de ciudadanos sin pertenencia partidaria que entienden que la universidad pública es un bien común que trasciende ideologías. Profesionales formados en universidades nacionales, trabajadores que ven en la educación una vía de ascenso social para sus hijos, jóvenes que sueñan con acceder a una carrera: todos ellos están en la calle defendiendo algo más grande que un presupuesto.
La Marcha Federal Universitaria expone con crudeza la contradicción central del gobierno de Javier Milei. Mientras proclama un orden fiscal férreo y la necesidad de “ajustar donde haga falta”, decide recortar en áreas estratégicas como la educación, la salud y la ciencia. El dogma libertario prioriza el mercado por encima de los derechos, como si el futuro de un país pudiera medirse únicamente en variables de déficit y superávit. Pero la historia argentina demuestra lo contrario: sin universidades públicas, no hay movilidad social ni innovación científica. Sin educación gratuita y de calidad, la brecha social se profundiza hasta volverse insalvable.
En este contexto, la sesión de Diputados adquiere una relevancia trascendental. Los legisladores tienen la oportunidad de revertir el veto y reafirmar la vigencia de una universidad pública inclusiva. De no hacerlo, serán cómplices del ajuste y cargarán con la responsabilidad de condenar a generaciones enteras a un futuro limitado por la lógica de mercado que Milei pretende imponer.
La protesta de hoy es un grito colectivo que desborda las consignas coyunturales. Es el recordatorio de que la universidad pública forma médicos, ingenieros, docentes, científicos, artistas y profesionales que sostienen el entramado social y productivo del país. Es también la advertencia de que la sociedad argentina no está dispuesta a entregar sin resistencia un derecho que costó décadas de lucha y conquistas.
Lo que ocurre frente al Congreso no es solo una manifestación más. Es una disputa por el sentido mismo de lo público en Argentina. De un lado, un gobierno que desprecia a la universidad porque no genera ganancias inmediatas y que reduce todo a números fríos en una planilla de Excel. Del otro, una sociedad que entiende que sin universidades no hay democracia plena, ni soberanía, ni posibilidad de desarrollo.
En definitiva, la Marcha Federal Universitaria es una muestra de fuerza contra el ajuste y una defensa apasionada de la educación como derecho social. Frente al autoritarismo fiscal y el desinterés de Milei por el futuro de los jóvenes, miles de voces se unen para repetir una verdad tan obvia como incómoda para el poder: el conocimiento no es un gasto, es una inversión colectiva. Y si el gobierno insiste en vetar el futuro, el pueblo en las calles demostrará que hay derechos que no se negocian.
Fuente:
Deja una respuesta