La iniciativa, impulsada por Unión por la Patria, busca que se investigue a fondo un esquema de recaudación irregular denunciado por el desplazado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y que apuntaría directamente a Karina Milei. La oposición denuncia obstrucción del oficialismo para frenar la transparencia.
La política argentina enfrenta un nuevo episodio de turbulencia: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quedó en el centro del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública, que se reunirán el próximo martes 23 de septiembre, con el objetivo de dar curso a un conjunto de proyectos que incluyen la interpelación de la hermana del presidente.
El impulso lo dio el diputado Itai Hagman, de Unión por la Patria, quien logró que la moción se aprobara a mano alzada a pesar del rechazo del oficialismo. La urgencia del emplazamiento radica en la necesidad de que la comisión de Asuntos Constitucionales, controlada por Nicolás Mayoraz y el oficialismo, dé dictamen a iniciativas opositoras que buscan transparentar irregularidades dentro de ANDIS.
Entre los proyectos en juego se encuentran pedidos de informes, interpelaciones, auditorías cuestionadas que redujeron pensiones por discapacidad y una propuesta de reestructuración de la conducción de la agencia, planteada por Juan Marino. Todos ellos quedaron trabados por la falta de convocatoria de la comisión oficialista, una práctica que recuerda cómo el Gobierno busca frenar la rendición de cuentas y proteger a sus funcionarios.
El corazón del escándalo surge de los audios atribuibles a Diego Spagnuolo, desplazado titular de ANDIS, en los que se describe un sistema de recaudación de coimas con la Droguería Suizo Argentina como intermediaria. Según Spagnuolo, los laboratorios con contratos en ANDIS debían aportar retornos que inicialmente eran del 5% y que en algún momento ascendieron al 8%. La diferencia del 3% habría sido destinada a Karina Milei, dejando a la secretaria general de la Presidencia seriamente comprometida ante la justicia.
El juez Sebastián Casanello ya ordenó allanamientos y secuestros de celulares y otros dispositivos de Spagnuolo y de la familia Kovalivker, dueña de la droguería. En uno de los domicilios, Emmanuel Kovalivker fue encontrado con 266 mil dólares y siete millones de pesos repartidos en sobres, mientras su hermano Jonathan logró escapar con las cajas de seguridad vacías. También fue intervenido Daniel Garbellini, supuesto nexo entre la droguería y ANDIS, presuntamente colocado en el organismo por indicación del asesor “Lule” Menem.
El caso desata un fuerte señalamiento sobre la falta de controles y la opacidad que rodea a funcionarios cercanos al presidente. Las acusaciones plantean interrogantes sobre la cultura de impunidad que el gobierno de Javier Milei podría estar fomentando, y ponen de relieve la necesidad de que las instituciones ejerzan su rol fiscalizador sin interferencias políticas. Mientras tanto, la expectativa se concentra en la interpelación del próximo martes, que promete arrojar luz sobre un entramado de presuntas coimas que compromete directamente al entorno presidencial.
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