La expresidenta comenzará a cumplir la condena en su domicilio de San José 1111. Mientras Casación define la apelación, el TOF 2 ordenó tobillera electrónica, listas de visitas restringidas y una advertencia insólita para «no alterar la convivencia del vecindario».
Cristina Fernández de Kirchner comenzará a cumplir prisión domiciliaria en su domicilio de la calle San José 1111, tras la decisión del Tribunal Oral Federal 2. Así lo confirmó la periodista Sofía Caram desde su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), donde detalló las insólitas condiciones impuestas por el tribunal, a pesar de que la condena aún no está firme.
La fiscalía ya anticipó que apelará la decisión, lo que deja la definición final en manos de la Cámara de Casación. Sin embargo, mientras tanto, la medida se ejecutará de forma inmediata.
Entre las restricciones impuestas por el TOF 2 se encuentra una advertencia inusitada: Cristina deberá “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. La formulación, ambigua y arbitraria, deja abierta la puerta a cualquier tipo de interpretación discrecional.
Además, en un plazo de 48 horas hábiles, la exmandataria deberá presentar una nómina detallada de las personas que integran su grupo familiar, los profesionales médicos que la atienden, su custodia policial y los abogados que la representan. Solo esas personas estarán autorizadas a ingresar al domicilio sin necesidad de un permiso judicial previo. Cualquier otra visita requerirá autorización judicial y justificación formal.
Pero el punto más llamativo de la resolución es la imposición de una tobillera electrónica, una medida que en este contexto resulta desproporcionada y hasta grotesca. ¿Qué sentido tiene colocar un dispositivo de geolocalización a quien fue dos veces presidenta de la Nación, actual figura política de enorme visibilidad pública y, por sobre todas las cosas, víctima de un proceso judicial viciado desde sus cimientos?
Este fallo vuelve a poner en evidencia el carácter persecutorio de una parte del Poder Judicial, que avanza con una condena sin pruebas directas, sin testigos que la incriminen y sin evidencias concretas. Una sentencia que ha sido denunciada como arbitraria y utilizada políticamente para proscribir.
La prisión domiciliaria dictada en estas condiciones no es más que otro eslabón en la cadena de hostigamiento judicial que viene sufriendo Cristina Fernández de Kirchner. Una operación judicial-mediática que, lejos de buscar justicia, intenta disciplinar al liderazgo político que representó a millones de argentinos y argentinas.
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