La figura de Pablo Rodríguez Laurta, también conocido como Pablo Laurta, condensa como pocas la deriva violenta, misógina y criminal de ciertos discursos que, bajo la etiqueta de “defensa de los varones”, funcionan como plataformas de odio contra el feminismo, los derechos humanos y las políticas de género. Fundador de la agrupación Varones Unidos en Uruguay, Laurta pasó de militar contra lo que llamaba “la ideología de género” a convertirse en uno de los casos criminales más estremecedores de los últimos años en la región.
Este 18 de febrero de 2026, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, le imputó un nuevo y gravísimo delito: tenencia de material de abuso sexual infantil. La acusación se suma a un expediente ya devastador que incluye doble femicidio, homicidio, secuestro y fuga internacional, y expone con crudeza el contraste entre su prédica pública y su conducta privada.
Rodríguez Laurta, ciudadano uruguayo de alrededor de 39 años, fue durante años una referencia del antifeminismo organizado en Uruguay. Desde Varones Unidos impulsó discursos que denunciaban una supuesta “persecución” contra los hombres, atacaban las leyes de protección frente a la violencia de género y relativizaban el femicidio como categoría jurídica. Ese espacio no actuó en soledad ni en los márgenes del debate público. Laurta mantuvo vínculos documentados con Agustín Laje y Nicolás Márquez, referentes de la derecha conservadora y libertaria en Argentina, con quienes compartió actividades, eventos y presentaciones conjuntas, especialmente durante 2016, cuando ambos visitaron Uruguay para promocionar libros y conferencias. Varones Unidos colaboró activamente en la organización y difusión de esos encuentros.
Si bien no existen pruebas de una sociedad económica formal, distintos medios describieron a Laurta como el articulador o “socio político” de Laje y Márquez en Uruguay, replicando su discurso antifeminista y antiderechos en clave local. Esa red ideológica se conecta indirectamente con el universo político que rodea a Javier Milei, a quien tanto Laje como Márquez han respaldado públicamente, y con una narrativa que presenta a las políticas de género como una amenaza y no como una respuesta frente a la violencia estructural.
En octubre de 2025, esa construcción discursiva se derrumbó de manera irreversible. Laurta fue detenido en Argentina acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina, de 26 años, y de la madre de ella, Mariel Zamudio, cometido en la provincia de Córdoba. A esos crímenes se sumó el homicidio de un remisero, Martín Palacio, en Entre Ríos, presuntamente asesinado para robarle el vehículo y facilitar la fuga, y el secuestro de su hijo de cinco años, a quien llevó consigo durante la huida hacia Uruguay.
Este es Pablo Laurta el socio en Uruguay de Agustín Laje y Nicolás Márquez, referentes de Negre, Milei y Hazte Oir.
Además de asesinar a la madre y a la abuela de su hijo, ayer se le imputó por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. pic.twitter.com/v7rnXRFHhb— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 19, 2026
La Justicia argentina calificó los asesinatos como femicidios agravados por el vínculo, la alevosía y la violencia de género. La estrategia discursiva de Laurta fue tan previsible como alarmante: afirmó haber actuado “por justicia” y para “salvar a su hijo” de supuestos abusos. Ninguna de esas afirmaciones fue respaldada por pruebas y todas fueron descartadas de plano por el Poder Judicial, que lo mantiene en prisión preventiva en una unidad de máxima seguridad, con prórrogas ya otorgadas por el riesgo procesal y la magnitud de los cargos.
La imputación conocida ayer agrega una capa aún más perturbadora al caso. Del análisis del teléfono celular secuestrado al momento de la detención surgió la tenencia de imágenes y archivos con representaciones sexuales de menores de 18 años, encuadradas legalmente como material de abuso sexual infantil. No se trata de un hecho accesorio ni menor, sino de un delito autónomo de extrema gravedad que refuerza la hipótesis de una personalidad violenta, misógina y profundamente peligrosa.
El caso Rodríguez Laurta no es solo policial o judicial. Es político e ideológico. La caída de quien se presentaba como “defensor de los varones” deja al desnudo una constante: muchos de estos espacios no buscan justicia ni igualdad, sino impunidad para la violencia masculina, deslegitimación de las víctimas y ataque sistemático a las políticas de género. El antifeminismo militante, lejos de ser una simple opinión, aparece una vez más como un discurso habilitante de prácticas violentas, donde la idea de que las mujeres mienten, que el Estado oprime a los hombres y que la violencia puede presentarse como “defensa” funciona como coartada simbólica.
Que uno de los principales referentes de ese espacio en Uruguay termine imputado por femicidio, secuestro y abuso sexual infantil no es una anécdota ni un exceso individual. Es una advertencia. Los vínculos de Laurta con figuras públicas de la ultraderecha argentina obligan a una pregunta incómoda: hasta dónde se revisan las alianzas cuando el discurso coincide, pero la realidad criminal estalla. El silencio posterior y la rapidez para despegarse del caso contrastan con años de coincidencias ideológicas, fotos y eventos compartidos.
La historia de Pablo Rodríguez Laurta es la de un militante que predicaba contra el feminismo mientras ejercía la violencia más extrema. Y también es la de una trama discursiva que, bajo la bandera de la “libertad”, produce consecuencias muy reales. Porque cuando el odio se organiza, los resultados no son teóricos: son víctimas, cuerpos y expedientes judiciales.
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