Periodismo en zona vallada: cuando el Gobierno confunde protección con disciplinamiento: Bajo el argumento de “preservar la integridad” de los trabajadores de prensa, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo especial frente al Congreso que restringe la cobertura periodística en los días clave del debate por la reforma laboral y el paro de la CGT.
En la previa de una semana caliente, marcada por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y la protesta sindical, el Estado decidió encorsetar a la prensa en zonas delimitadas, mientras endurece su discurso represivo y anticipa una intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. ¿Cuidado o advertencia?
El Gobierno nacional volvió a hablarle a la sociedad con el tono que ya se volvió marca registrada de su gestión: orden, control y advertencia. Esta vez, el mensaje tuvo como destinatarios directos a periodistas, camarógrafos y trabajadores de prensa que cubrirán las jornadas del 18, 19 y 20 de febrero en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En un contexto de alta tensión política y social, atravesado por el tratamiento de la reforma laboral en Diputados y el paro general convocado por la CGT, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció un operativo especial para la prensa. Lo presentó como una medida preventiva. Pero el trasfondo deja más preguntas que certezas.
La decisión oficial establece una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos en la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700, lado par. Según el comunicado difundido por la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, el objetivo es “preservar la integridad física” de quienes realicen tareas de cobertura. Al mismo tiempo, se recomendó evitar ubicarse entre eventuales focos de violencia y el personal de las fuerzas federales desplegadas en el operativo. El texto es explícito y no ahorra énfasis: “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”.
La frase, seca y contundente, funciona como advertencia y como marco conceptual. No se trata solo de organizar el tránsito de móviles o reducir riesgos logísticos. El Gobierno construye un escenario previo en el que da por descontada la violencia, anticipa la represión y desplaza la responsabilidad hacia quienes, según su propia definición, podrían incurrir en una “autopuesta en peligro”. En otras palabras, si algo sucede, la culpa no será del operativo ni de la fuerza desplegada, sino de quien no obedeció las recomendaciones oficiales.
El contexto no es menor. El oficialismo busca avanzar con una reforma laboral que ya generó fuertes rechazos en sectores sindicales, políticos y sociales. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado, pero dejó heridas abiertas. El artículo más sensible, el 44, que modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, desató una polémica que obligó al propio Gobierno a retroceder parcialmente. El texto aprobado establecía reducciones salariales ante determinadas contingencias médicas, una decisión que incluso dentro del oficialismo fue reconocida como un error por no diferenciar entre enfermedades leves y graves. La corrección anunciada —mantener el pago del 100% del salario en casos severos, degenerativos o irrecuperables— todavía navega en la incertidumbre parlamentaria, con bloques dialoguistas exigiendo que cualquier modificación vuelva al Senado.
En ese clima cargado, la calle vuelve a ser escenario de disputa. La CGT convocó a un paro general y, aunque la central obrera no llamó formalmente a movilizar, distintos gremios, organizaciones sociales, sectores de la izquierda y del kirchnerismo anticiparon su presencia en las inmediaciones del Parlamento. El antecedente inmediato pesa: durante la votación en el Senado se registraron incidentes graves, con decenas de detenidos, numerosos heridos y cruces violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Entre esos episodios, también hubo trabajadores de prensa alcanzados por balas de goma, una postal que desmiente cualquier relato edulcorado sobre operativos “cuidados”.
El caso de Pablo Grillo funciona como herida abierta en la memoria reciente. El trabajador de prensa fue herido de gravedad por un disparo en la cabeza durante una movilización en 2025. Pasó meses internado, peleando por su vida. Recién ahora se recupera. Ese antecedente debería haber encendido todas las alarmas institucionales. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades o revisar protocolos, el Gobierno parece optar por un camino más sencillo: acotar el espacio de la prensa, disciplinar la cobertura y blindarse discursivamente ante posibles excesos represivos.
La narrativa oficial insiste en que las medidas “permiten resguardar la integridad de los periodistas y el buen desarrollo del operativo”. Pero el subtexto es otro. Cuando el Estado define unilateralmente dónde puede ubicarse la prensa, cómo debe moverse y qué riesgos asume si no acata, la frontera entre protección y restricción se vuelve difusa. Y cuando esa decisión se toma en la previa de un debate parlamentario sensible y una protesta social de magnitud, la sospecha se vuelve inevitable.
El endurecimiento del discurso gubernamental no se limita a la logística. Tras los incidentes frente al Congreso, el Ejecutivo avanzó con denuncias por “terrorismo” contra personas detenidas durante las protestas. El mensaje fue reforzado públicamente por el ministro del Interior, Manuel Adorni, y por la propia ministra de Seguridad, que incluso difundió nombres y fotos de manifestantes. “El que las hace, las paga”, sentenció el funcionario en redes sociales, en una lógica punitiva que simplifica la conflictividad social y la reduce a un problema de orden público.
En paralelo, también emergieron respuestas desde el plano judicial. El abogado Leonardo Hernán Martínez Herrero presentó una denuncia penal contra Monteoliva y los jefes del operativo desplegado el 11 de febrero, solicitando que se investigue un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su presentación, detalló la participación de múltiples fuerzas —Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad— y puso bajo la lupa la proporcionalidad y legalidad del accionar estatal.
Todo ocurre mientras el Gobierno de Milei insiste en avanzar con reformas estructurales sin consensos amplios, apelando a una lógica de choque que combina ajuste económico, confrontación política y una creciente criminalización de la protesta. En ese esquema, la prensa ocupa un lugar incómodo. No es aliada, pero tampoco enemiga declarada. Es, más bien, un actor a controlar, a encuadrar, a advertir.
La idea de “autopuesta en peligro” resulta especialmente reveladora. Traslada la responsabilidad del riesgo a los propios trabajadores de prensa, como si el ejercicio del periodismo en contextos de protesta fuera una imprudencia individual y no una función social básica en democracia. Invisibiliza, además, el rol del Estado como garante de derechos y lo reemplaza por una lógica tutelar que, en los hechos, limita la libertad de cobertura.
No hay certezas absolutas sobre lo que ocurrirá en las próximas jornadas. La conflictividad social no responde a guiones cerrados y la violencia nunca puede justificarse. Pero sí hay un patrón reconocible: ante el conflicto, el Gobierno elige el control; ante la crítica, la advertencia; ante la calle, la fuerza. Y en ese combo, la prensa queda atrapada entre vallas físicas y simbólicas.
Lo que está en juego no es solo la seguridad de quienes trabajan con una cámara o un micrófono. Es la calidad de la democracia, la posibilidad de narrar lo que sucede sin condicionamientos previos y el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando el Estado define zonas, discursos y responsabilidades antes de que ocurra nada, conviene prestar atención. A veces, el problema no es la autopuesta en peligro, sino el poder que se arroga el que dice querer cuidarte.
Fuente:
https://www.clarin.com/politica/autopuesta-peligro-gobierno-armo-operativo-especial-prensa-frente-congreso-temor-nuevos-incidentes_0_smNNgcCivX.html
https://www.baenegocios.com/politica/el-gobierno-fijo-un-nuevo-protocolo-de-seguridad-para-la-prensa/
https://www.c5n.com/politica/la-advertencia-del-gobierno-la-prensa-previo-al-paro-general-ante-hechos-violencia-nuestras-fuerzas-actuaran-n229789
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