Una presentación judicial del diputado Rodolfo Tailhade ante la Fiscalía Federal de Gualeguaychú expone una red de vínculos entre empresarios ligados a Patricia Bullrich, transferencias millonarias del narco Federico “Fred” Machado y operaciones de lavado de dinero conectadas a la política argentina.
El documento judicial revela transferencias por más de 3 millones de dólares desde sociedades del narco argentino extraditado a Estados Unidos hacia los dueños de Lácteos Vidal, Alejandro y Vidal Bada Vázquez, quienes tras ser allanados por narcotráfico fueron recibidos oficialmente por la ministra de Seguridad. Tailhade advierte que la venta de una avioneta usada para transportar cocaína no fue un hecho aislado, sino parte de un modelo de negocios que mezcla lavado, política y complicidad estatal.
La denuncia presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade ante la Fiscalía Federal de Gualeguaychú destapa una trama que sacude los cimientos del discurso moralista del gobierno libertario. En el centro del escándalo aparecen los hermanos Vidal y Alejandro Bada Vázquez, dueños de Lácteos Vidal S.A., conocidos públicamente como “los empresarios preferidos de Patricia Bullrich”, implicados en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero con conexiones internacionales.
El escrito, basado en documentación judicial y bancaria, vincula directamente a los Bada Vázquez con Federico Andrés “Fred” Machado, un argentino requerido por la justicia federal del Distrito Este de Texas y extraditado a Estados Unidos por conspiración para producir y distribuir cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. Según los registros del Bank of America citados por Tailhade, una de las sociedades de Machado —Wright Brothers Aircraft Title Inc (WBAT)— transfirió más de 3 millones de dólares a los hermanos Bada Vázquez entre 2015 y 2019. En sentido inverso, los empresarios argentinos también giraron dinero a las cuentas del narco, replicando un esquema de blanqueo que el propio Machado había utilizado con socios en Texas y Neuquén.
El punto más sensible es político. La presentación recuerda que José Luis Espert, actual diputado oficialista y aliado de Javier Milei, fue beneficiario de una transferencia de 200 mil dólares proveniente del mismo circuito financiero manejado por Machado durante su campaña presidencial de 2019. Tailhade sostiene que las pruebas documentales demuestran que el entramado narco no solo financió campañas, sino que también penetró estructuras empresariales vinculadas al actual gobierno, en una continuidad de vínculos opacos que el libertarismo intenta ocultar bajo su retórica de “anticasta”.
En junio, el Ministerio Público Fiscal allanó los domicilios de los Bada Vázquez en Carlos Casares y secuestró 600 mil dólares en efectivo, en el marco de la causa por la avioneta cargada con 350 kilos de cocaína aterrizada en Ibicuy. Lo escandaloso llegó después: al día siguiente, los hermanos fueron recibidos en una audiencia oficial por Patricia Bullrich, entonces ya ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. La coincidencia temporal es tan provocadora como inquietante. ¿Fueron a pedir protección? ¿A advertirle algo a la ministra? ¿A negociar silencio? El documento no lo afirma, pero deja abierta la sospecha: la cercanía entre Bullrich y los Bada Vázquez es pública y política.
El informe judicial amplía además que los Bada Vázquez no se limitaron al negocio lácteo. También incursionaron en la minería, constituyendo una sociedad con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Machado, para explotar una mina de oro en Andacollo, Neuquén. Esa estructura —idéntica a la usada por Machado para lavar dinero del narcotráfico— evidencia que el modelo de negocios se extendía mucho más allá del transporte aéreo. Era un esquema integral de blanqueo, exportación encubierta y triangulación financiera, con ramificaciones políticas de alto nivel.
Tailhade cita incluso fallos del caso United States v. Mercer-Erwin en la Corte del Distrito Este de Texas, donde Debra Lynn Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión por lavado y narcotráfico, y se menciona explícitamente la participación de WBAT, la misma firma que transfirió dinero a los Bada Vázquez y financió campañas en Argentina. La documentación —con enlaces verificables a los archivos judiciales de EE.UU.— detalla los movimientos de dinero con fechas precisas, montos y beneficiarios. La coincidencia entre las operaciones internacionales de Machado y las locales de los Bada Vázquez sugiere algo más que casualidad: un patrón financiero transnacional de crimen organizado con impacto directo en la política argentina.
En este contexto, el rol del gobierno de Javier Milei no puede ser soslayado. Mientras la ministra Bullrich sostiene un discurso de “mano dura” y promueve la militarización de la seguridad interna, los empresarios de su círculo más cercano aparecen en los papeles de una red narco internacional. El contraste entre la retórica libertaria y las prácticas de encubrimiento o silencio frente a estas denuncias es brutal. El caso no solo erosiona la imagen del oficialismo, sino que reaviva una pregunta incómoda: ¿quién protege a quién en la Argentina de Milei?
Tailhade concluye su presentación afirmando que la venta de la avioneta usada por los narcos “no es un episodio aislado o casual”, sino parte de un sistema donde empresarios, financistas y dirigentes políticos interactúan en una lógica de mutuo beneficio. La denuncia deja al descubierto que detrás del relato de eficiencia y transparencia del actual gobierno, subsiste una estructura de complicidades y negocios ilícitos, donde los dólares del narcotráfico se mezclan con los aportes de campaña y los favores de despacho.
El impacto político de este expediente recién empieza a vislumbrarse. Si la Fiscalía confirma las transferencias y los vínculos descritos, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos del gobierno libertario, con derivaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos. Por ahora, lo que queda es una certeza: la pureza moral del Mileísmo se desvanece frente a la evidencia documental. Y detrás del discurso contra “la casta”, emerge la peor versión del poder: la que se financia con cocaína, aviones y silencio.
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