Con una votación ajustada, la Cámara de Diputados declaró la nulidad absoluta del decreto 681/25 que había suspendido la ley de emergencia en Discapacidad. La autora del proyecto, Marcela Pagano, acusó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de violar la Constitución y denunció un intento del Gobierno por subordinar al Congreso mediante decretos.
El oficialismo sufrió un duro revés político tras la votación que repuso la vigencia de la ley de emergencia en Discapacidad, suspendida por decreto. La diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, encabezó la iniciativa y denunció un “avasallamiento institucional” del Ejecutivo. El resultado dejó expuesta la fragilidad del gobierno de Javier Milei frente a un Congreso que, por primera vez en meses, marcó límites a su poder.
La sesión fue tensa, extensa y, por momentos, cargada de dramatismo. En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 119 votos afirmativos, 67 negativos y ocho abstenciones la nulidad absoluta del decreto 681/25, mediante el cual el Gobierno había suspendido la ley de emergencia en Discapacidad. El texto, impulsado por la diputada de Desarrollo y Coherencia, Marcela Pagano, declaró que la cláusula firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, era “nula de nulidad absoluta e insanable”. En lenguaje parlamentario, significa que el decreto carece de todo efecto jurídico, una forma elegante de decir que el Ejecutivo rompió las reglas.
Pagano, ex libertaria y periodista devenida en una de las voces más filosas contra el oficialismo, defendió su proyecto con una claridad que incomodó incluso a sus antiguos compañeros de bancada. “Me hubiera encantado discutirlo en el Presupuesto, pero Espert no nos permitió”, disparó en alusión al diputado liberal José Luis Espert, quien había bloqueado el debate cuando presidía la comisión. No fue solo una frase al pasar: fue un recordatorio de que el oficialismo, amparado en la retórica de la austeridad y el ajuste, intentó borrar del mapa una ley que garantizaba atención prioritaria, recursos y asistencia a uno de los sectores más vulnerables del país.
La diputada fue más allá. Calificó la suspensión firmada por Francos como “ilegal”, y explicó que la ley había cumplido con todos los pasos constitucionales: aprobada por ambas cámaras, vetada por el Ejecutivo y luego insistida nuevamente por el Congreso. “No requiere más trámite para ser promulgada”, sostuvo. En términos institucionales, la maniobra del Gobierno fue un intento burdo de desconocer la voluntad del Poder Legislativo, algo que en una república democrática debería encender todas las alarmas.
“¿Para qué debatimos leyes si después por decreto se habilita la suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si después vamos a permitir que se desobedezca?”, se preguntó Pagano, con un tono que mezcló indignación y desafío. La frase, simple y contundente, condensó el hartazgo de una parte del Congreso frente al avance discrecional del Ejecutivo de Javier Milei, que gobierna por decretos, ignora al Parlamento y desprecia los equilibrios republicanos.
No es un tecnicismo, insistió Pagano. “Esto es un avasallamiento a la institución del Congreso”. Y agregó, mirando directamente a la bancada oficialista: “No es una formalidad, es una afrenta a la soberanía de la República”. La ovación que siguió no fue solo por la defensa de una ley puntual, sino por lo que implicaba el fondo del debate: la resistencia de las instituciones frente al autoritarismo económico y político del Gobierno.
El caso no es menor. La ley de emergencia en Discapacidad había sido sancionada para garantizar recursos extraordinarios destinados a personas con discapacidad, centros de atención y programas de inserción social. Su suspensión, dictada por el decreto 681/25, dejó en suspenso prestaciones médicas, traslados, terapias y subsidios, generando un daño inmediato sobre miles de familias. Fue, en los hechos, un ajuste encubierto disfrazado de “orden administrativo”.
El argumento del Gobierno para suspenderla fue tan débil como cínico: alegó “restricciones presupuestarias” y la necesidad de “evaluar la eficiencia del gasto público”. Pero detrás de esa jerga tecnocrática se escondía lo de siempre: la decisión de recortar a los sectores más vulnerables mientras se mantenían intactos los privilegios del poder financiero y los beneficios a las grandes empresas exportadoras. Lo que el decreto hizo fue, ni más ni menos, negar derechos básicos conquistados por décadas de lucha del movimiento por la inclusión.
La sesión parlamentaria expuso, además, el creciente aislamiento del oficialismo. Con 67 votos negativos y ocho abstenciones, los libertarios y sus aliados del PRO no pudieron frenar una mayoría transversal que se formó entre bloques peronistas, socialistas y radicales disidentes. Fue un mensaje claro: el Congreso no está dispuesto a ser una escribanía del Ejecutivo ni a convalidar por decreto lo que la Constitución reserva al debate legislativo.
El gesto político también tuvo una carga simbólica enorme. La autora del proyecto, Marcela Pagano, fue hasta hace pocos meses una de las caras visibles del espacio libertario. Su ruptura con La Libertad Avanza y su denuncia pública del autoritarismo interno del oficialismo marcaron un punto de inflexión. Que haya sido justamente ella quien impulsó la nulidad de un decreto de Milei es una muestra del descontento que se extiende incluso entre antiguos aliados del presidente.
Lo ocurrido en Diputados no solo repuso la vigencia de una ley, sino que desnudó un patrón de gobierno: la tendencia del oficialismo a gobernar por decreto, saltando los contrapesos institucionales y amparándose en un relato de “eficiencia” que se desmorona cada día frente a la realidad. Este episodio se suma a una larga lista de atropellos normativos, desde el mega DNU 70/2023 hasta los vetos selectivos a leyes votadas por amplias mayorías. Cada uno de esos actos erosiona la credibilidad del sistema republicano y deja al descubierto un desprecio por la democracia que empieza a incomodar incluso dentro del propio oficialismo.
La votación de anoche fue, en ese sentido, algo más que un trámite legislativo: fue una advertencia política. En medio del ajuste, la recesión y el descontento social, el Congreso volvió a marcar límites. Porque si el Gobierno puede suspender una ley de emergencia en Discapacidad con un decreto, ¿qué impide que mañana haga lo mismo con cualquier otro derecho? Esa es la pregunta que sobrevoló todo el debate y que, más allá de la aritmética parlamentaria, instala una tensión institucional de fondo.
El gobierno de Milei se enfrenta así a su propio espejo: un poder que creía omnipotente, pero que empieza a encontrar resistencia en los lugares donde menos lo esperaba. Y es que la política, por más que la desprecien, sigue siendo el terreno donde se disputan los derechos y las garantías. En ese terreno, los decretos no alcanzan. La democracia no se gobierna a fuerza de firmas digitales ni cadenas en redes sociales.
El voto que restituyó la ley de emergencia en Discapacidad fue, en definitiva, un acto de defensa de la institucionalidad y de las personas más vulnerables. Y aunque el oficialismo intente minimizarlo, lo cierto es que el Congreso, por primera vez en mucho tiempo, dijo basta. Basta de gobernar contra la ley. Basta de atropellar a quienes no pueden defenderse. Basta de usar la austeridad como excusa para desmantelar derechos.
La escena final de la sesión dejó una imagen elocuente: una ex libertaria denunciando el abuso de poder de un gobierno libertario, mientras los aplausos retumbaban en el recinto. Fue una postal de época, y quizás, el primer síntoma de que el péndulo empieza a moverse. Porque cuando el poder se excede, la democracia —a veces lentamente, a veces con un grito— siempre encuentra la forma de defenderse.
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