El 23 de febrero de 2026 quedó inscripto como una fecha de quiebre político y moral en el Senado argentino. Ese día, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés formalizaron su salida del interbloque Unión por la Patria / Popular, conducido por José Mayans. No se trató de una diferencia administrativa ni de un desacuerdo táctico menor, sino de una ruptura política profunda con el electorado que los llevó al Congreso. Llegaron al Senado con los votos del peronismo, envueltos en una tradición histórica de defensa del trabajo, del salario y de la justicia social. Se fueron del bloque después de votar —y habilitar— la reforma laboral impulsada por Javier Milei, una norma que avanza contra derechos conquistados durante décadas y que contradice de manera frontal los principios fundacionales del movimiento justicialista.
Los tres senadores integraban el sub-bloque Convicción Federal, una denominación prolija para un posicionamiento político que en los hechos funciona como peronismo federal, dialoguista y funcional al ajuste. Tras la ruptura, decidieron mantener ese espacio como bloque independiente, por fuera del interbloque mayoritario. La presidencia quedó en manos de Carolina Moisés, acompañada por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada. Son apenas tres bancas, pero en un Senado fragmentado y sin mayorías claras, esas tres bancas valen oro para un oficialismo que necesita cada voto para avanzar con su programa económico. No se fueron para construir una alternativa ideológica ni para ampliar derechos; se fueron para negociar mejor su lugar en el nuevo tablero de poder.
Detrás de la decisión no hay misterio doctrinario ni audacia estratégica. Los tres responden políticamente a gobernadores del norte que eligieron una relación de entendimiento con la Casa Rosada. En ese entramado aparecen Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, exponentes de un peronismo provincial que privilegia la negociación con el Ejecutivo nacional antes que la confrontación política. El argumento se repite como un mantra: defender intereses provinciales, negociar proyecto por proyecto, no chocar con el gobierno. En la práctica, esa lógica se tradujo en apoyo al Presupuesto 2026 y en el acompañamiento a los avances de la reforma laboral, una de las piezas centrales del programa libertario.
Los senadores insisten en negar cualquier alineamiento con el oficialismo y rechazan la etiqueta de libertarios. Sin embargo, en política los votos pesan más que las declaraciones. Cuando un legislador electo por el peronismo avala una reforma que precariza el empleo, debilita la negociación colectiva y reduce el poder de los sindicatos, no está siendo pragmático ni moderado: está traicionando el mandato popular. El peronismo no es una marca electoral intercambiable según la coyuntura, sino un contrato político con millones de trabajadores que votaron para frenar el ajuste, no para administrarlo con tono dialoguista y excusas técnicas.
El impacto institucional de la ruptura fue inmediato y concreto. La salida de Andrada, Mendoza y Moisés dejó al interbloque peronista con apenas 25 senadores, su número más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. Esa merma facilita el quórum del oficialismo y de sus aliados, allana el camino para designaciones clave y reduce la capacidad de bloqueo frente a reformas regresivas. No se trata de una interna partidaria ni de un debate abstracto: es una transferencia real de poder hacia un gobierno que impulsa el ajuste más brutal de las últimas décadas.
La reacción política y social no tardó en aparecer. Desde sectores kirchneristas, sindicales y militantes, la decisión fue leída como una traición abierta y, en términos más duros, como un fraude electoral: usar votos peronistas para ejecutar un programa antiperonista. Convicción Federal se convirtió así en el símbolo de una grieta que atraviesa al movimiento. De un lado, quienes sostienen que oponerse al ajuste es una obligación política y moral. Del otro, quienes creen que el peronismo puede sobrevivir gestionando la derrota, aceptando las reglas del nuevo poder y negociando migajas en nombre de la gobernabilidad.
Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés quedarán asociados a una decisión histórica: romper con el bloque que los llevó al Senado para facilitar una reforma laboral que va en contra del ADN del peronismo. La historia política argentina suele ser implacable con estas jugadas. No por lo que se dice en los pasillos ni por los comunicados de ocasión, sino por lo que finalmente queda escrito en el registro indeleble del poder: quién votó qué, cuándo y a favor de quién.
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