¡Super Tarifazo! Milei libera todas las tarifas y desata una nueva ola de aumentos tras la victoria en las elecciones

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Tras su victoria en las legislativas, el gobierno de Javier Milei abandona la contención tarifaria y aplica una suba generalizada en los servicios públicos. El ajuste en gas, luz, agua, transporte y combustibles golpea a la clase media y pone en evidencia la estrategia política detrás del congelamiento previo a los comicios.

El ministro Luis Caputo dio luz verde a un paquete de incrementos que marca el regreso del tarifazo. Mientras el oficialismo celebra su éxito electoral, millones de usuarios se preparan para afrontar aumentos que superan la inflación mensual. El plan de reducción de subsidios y liberación de precios revela la cara más cruda del programa económico libertario: el ajuste estructural disfrazado de “normalización”.

El gobierno de Javier Milei no esperó ni una semana después de los comicios para poner en marcha su verdadero plan económico. La victoria electoral fue el punto de partida de una nueva etapa de ajuste que había sido cuidadosamente contenida durante meses. Con las urnas ya cerradas y la legitimidad política renovada, el oficialismo levantó el freno de mano: el gas sube 3,8% promedio a nivel nacional y se vienen incrementos en electricidad, combustibles, agua y transporte. El congelamiento preelectoral se disolvió en cuestión de días, dando paso a un tarifazo en cadena que afecta directamente al bolsillo de millones de argentinos.

Las medidas fueron definidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y oficializadas mediante la resolución 433 de la Secretaría de Energía y las disposiciones 811 a 830 del Enargas, que establecen los nuevos cuadros tarifarios. En paralelo, el Ejecutivo ajustó los impuestos a los combustibles, con un impacto estimado entre 1% y 1,5% sobre la nafta y el gasoil a partir del 1° de noviembre. Según datos del propio ministerio, la falta de actualización impositiva representaba una pérdida fiscal de unos 200 millones de dólares mensuales, cifra que ahora el gobierno busca compensar trasladando la carga al consumidor.

El anuncio no tomó por sorpresa a los analistas, pero sí encendió la indignación de los usuarios, que ven cómo los aumentos se multiplican mientras los salarios permanecen estancados. La estrategia es clara: durante el semestre electoral los incrementos no superaron el 2% mensual, una maniobra destinada a contener la inflación y evitar que el malestar social se reflejara en las urnas. Ahora, con la campaña terminada, el Ejecutivo acelera la “liberación” de precios y la quita progresiva de subsidios. Lo que en la jerga oficial se presenta como una “normalización del mercado energético” no es otra cosa que una transferencia directa de ingresos desde los hogares hacia las empresas del sector.

El “plan Caputo” apunta a reducir drásticamente los subsidios energéticos, que representan una parte significativa del gasto público. Sin embargo, esa política tiene un efecto inmediato: el encarecimiento de los servicios básicos y el aumento del costo de vida. En los hechos, se trata de un ajuste encubierto bajo la retórica de la eficiencia fiscal. El gobierno lo justifica como una “corrección necesaria” para equilibrar las cuentas, pero los sectores medios y populares vuelven a ser los principales perjudicados.

El impacto será particularmente fuerte en el gas natural. Según los nuevos cuadros, el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se incrementa 3,2%, al que se suma un 0,3% adicional por efecto de la devaluación. A eso hay que añadir los aumentos en los costos de transporte y distribución, que suben 3,1% y 3,5% respectivamente. En consecuencia, los usuarios de nivel alto (N1) de la Ciudad de Buenos Aires verán un aumento promedio del 3,8% en sus facturas, con variaciones similares en el resto del país.

Pero el golpe más silencioso llega a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Gas, un mecanismo que el gobierno de Milei ya intentó eliminar sin éxito en la Ley Bases. Al no poder hacerlo por vía legislativa, optó por incrementarlo: el recargo sobre el gas natural pasa de 7% a 7,2%, lo que implica que los usuarios que no residen en las llamadas “zonas frías” comienzan a financiar con su propio bolsillo los descuentos de los beneficiarios del sur y la Patagonia. La medida contradice el discurso oficial de “eliminar privilegios” y confirma que el ajuste no distingue entre regiones ni ingresos.

De hecho, la ofensiva contra el régimen de zonas frías vuelve a aparecer en el proyecto de Presupuesto 2026, donde se propone reducir drásticamente la cantidad de localidades beneficiadas. El programa, creado en 2021, alcanza actualmente a 3,15 millones de usuarios que pagan entre 30% y 50% menos en sus tarifas. Su eliminación parcial implicaría un aumento inmediato para miles de hogares en zonas de bajas temperaturas, generando un impacto social que aún no ha sido evaluado públicamente.

El tarifazo no se limita al gas. También se esperan aumentos en electricidad, agua, transporte, combustibles y telecomunicaciones, configurando un escenario inflacionario de arrastre para los próximos meses. AySA aplicará una suba del 1% mensual, mientras que los boletos de colectivos y trenes en el Área Metropolitana registrarán un incremento del 4,1%: el pasaje mínimo alcanzará 573 pesos en el Gran Buenos Aires y 568 en la Ciudad. El subte trepará a 1.157 pesos por viaje, y el premetro costará 404,95 pesos.

A esto se suman los aumentos en naftas, telefonía, internet, medicina prepaga y alquileres, componiendo una tormenta perfecta para los ingresos familiares. Las prepagas, por ejemplo, aplicarán subas de entre 2,1% y 2,9%, mientras los contratos de alquiler bajo la derogada ley anterior sufrirán alzas de hasta 8,5%. El discurso libertario de “liberar los mercados” se traduce en una cadena de incrementos simultáneos que golpea al consumo, reduce la capacidad adquisitiva y profundiza la recesión.

La paradoja es evidente: mientras el gobierno sostiene que la inflación está bajo control gracias a la disciplina fiscal, empuja aumentos que inevitablemente acelerarán los precios en cascada. La inflación “controlada” se sostiene sobre una ilusión estadística, producto de la postergación deliberada de aumentos hasta después de los comicios. Lo que no subió en campaña, sube ahora con intereses.

La política tarifaria de Milei es un espejo de su concepción ideológica del Estado. Al eliminar subsidios y trasladar el costo de los servicios al usuario final, el gobierno promueve un modelo de país donde cada ciudadano debe “pagar lo que consume”, sin considerar las desigualdades estructurales ni las condiciones de vida. Se trata de un experimento económico que privilegia la rentabilidad empresarial sobre el derecho básico al acceso a la energía, el transporte y el agua. En la práctica, es la privatización encubierta del costo de la crisis.

Detrás de la retórica de la “racionalidad económica” se esconde un ajuste político. El congelamiento previo a las elecciones fue un cálculo electoral, y la liberación posterior es la factura que ahora pagan los votantes. La secuencia no deja lugar a dudas: primero se protege el resultado, después se descarga el ajuste. No hay improvisación, sino una estrategia planificada para sostener el poder a costa del bienestar social.

Mientras tanto, el presidente insiste en que el camino del sacrificio conducirá a la prosperidad. Pero la realidad cotidiana desmiente ese relato. Los trabajadores enfrentan facturas impagables, las pymes retroceden ante los costos energéticos, y los comercios pierden clientela. La “liberación de tarifas” se traduce en una economía cada vez más asfixiada, donde la única libertad real parece ser la de las empresas para fijar precios sin control.

En definitiva, la liberación de tarifas marca el inicio de una nueva etapa del ajuste. Ya no se trata de medidas de emergencia ni de correcciones transitorias: es una decisión estructural que redefine la relación entre el Estado y la ciudadanía. Milei gobierna para el mercado, y el mercado responde con aumentos. El resultado es un país que se encamina hacia una desigualdad más profunda, donde los derechos se transforman en bienes de lujo y la energía se convierte en privilegio.