La postal económica de la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei vuelve a acomodarse sobre una línea que ya dejó de sorprender pero no de alarmar: caída del empleo formal, destrucción acelerada de puestos en el sector privado y un salario mínimo que perfora incluso el umbral histórico de la crisis del 2001. Esta vez, el diagnóstico no proviene de consultoras opositoras ni de proyecciones sindicales, sino de un nuevo estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, que confirma que el ajuste libertario golpea con una intensidad extraordinaria a las empresas, mientras el Estado, pese a su retórica de “motosierra”, se contrae a un ritmo mucho menor.
Según el relevamiento al que accedió Noticias Argentinas, desde mayo el empleo asalariado formal no dejó de caer. Los datos de agosto exponen con crudeza la magnitud del deterioro: se perdieron 13.100 puestos de trabajo registrados en total, de los cuales 10.600 corresponden al sector privado y apenas 1.700 al sector público. Dicho de otro modo: por cada puesto estatal perdido, el mercado laboral privado destruyó seis. Lejos de la promesa de dinamización económica, la contracción del empleo en las empresas dibuja una economía paralizada, donde ni siquiera los nichos tradicionales de absorción laboral logran sostenerse. Solo el empleo en casas particulares permanece estable, un dato que habla más de la precariedad estructural que de un logro del modelo.
Mientras el mercado laboral se achica, el derrumbe del salario mínimo vital y móvil (SMVM) coloca a la Argentina en un retroceso histórico pocas veces visto. El informe del IIEP detalla que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 el SMVM perdió un 35% de su poder adquisitivo real, una caída que lo sitúa por debajo del nivel del año 2001, en la antesala del colapso de la convertibilidad. El salario mínimo real actual equivale a apenas el 36% del valor máximo alcanzado en septiembre de 2011, es decir, un desplome del 64% respecto de su pico histórico.
La erosión, lejos de desacelerar, se intensificó en los últimos meses: julio y agosto mostraron caídas del 0,5%, septiembre cayó 2% y octubre profundizó la tendencia con un derrumbe del 2,3%. El patrón es inequívoco: el ajuste sobre los ingresos se volvió la regla estructural de la política económica libertaria desde la aceleración inflacionaria iniciada a fines de 2023.
El doble deterioro —empleo formal privado y salario mínimo— compone una escena que desmiente de manera directa los relatos triunfalistas que circulan desde el oficialismo. Si el sector privado debía ser el motor de la recuperación, hoy aparece como la primera víctima del experimento. Si el salario mínimo debía “acomodarse” para dar señales al mercado, hoy se encuentra en su mínima expresión en casi un cuarto de siglo. Y si la motosierra prometía achicar al Estado, los números demuestran que quien está pagando el costo más alto no es la administración pública sino la estructura productiva y los trabajadores formales.
La economía real, esa que se mide en recibos de sueldo, changas que no alcanzan, persianas que bajan y bolsillos exhaustos, sigue devolviendo la misma sentencia: el ajuste libertario está destruyendo capacidades, pulverizando ingresos y empujando al país hacia un retroceso que ya no se compara con 2018 o 2002, sino directamente con el derrumbe de 2001. La discusión ya no es ideológica; es empírica. Y las cifras, como siempre, hablan solas.
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