Renuncia en el INDEC: la salida de Marco Lavagna expone el temor del gobierno de Milei a la inflación real. La dimisión del titular del organismo estadístico se produce en medio de cambios metodológicos sensibles, tensiones salariales internas y el miedo oficial a que los nuevos números derrumben el principal relato económico del oficialismo.
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC no es un hecho administrativo aislado sino un síntoma político profundo. Ocurre a días de difundirse el primer índice de inflación con una nueva metodología que podría arrojar cifras más altas y dejar al descubierto el verdadero impacto del ajuste libertario sobre los hogares.
El gobierno de Javier Milei sumó una nueva salida en un área clave y estratégica: Marco Lavagna dejó la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos luego de más de seis años al frente del organismo. La noticia no sorprendió por su oportunidad, sino por lo que desnuda. A ocho días de la publicación del Índice de Precios al Consumidor con una nueva metodología, el titular del organismo encargado de medir la inflación se va en silencio, en un clima cargado de tensiones políticas, gremiales y metodológicas. La renuncia no es neutra. Llega en el peor momento para un gobierno que construyó su capital político sobre una promesa: bajar la inflación. Y que ahora teme que los números reales contradigan su propio relato.
Lavagna había asumido el 30 de diciembre de 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández, y su gestión atravesó años complejos, con debates permanentes sobre la credibilidad de los índices y la distancia entre los datos oficiales y lo que se vive en los hogares. Sin embargo, el punto de inflexión llegó recientemente, cuando el INDEC modificó la forma de calcular el IPC, actualizando la canasta de consumo que se utiliza como base para medir la inflación. El cambio no es menor ni técnico en abstracto: implica pasar de una Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada en 2004/2005 a otra mucho más reciente, correspondiente a 2017/2018. En términos simples, significa medir la inflación con una foto más realista de cómo gastan hoy las familias argentinas.
Ese ajuste metodológico introduce un peso mayor en rubros como vivienda, agua, electricidad, gas, combustibles, transporte y comunicaciones. Justamente los sectores más golpeados por el ajuste fiscal extremo y la política de quita de subsidios impulsada por el gobierno libertario. El resultado probable es obvio, aunque incómodo: índices de inflación más altos que los conocidos hasta ahora. Y eso es lo que incomoda al gobierno de Milei. No porque desconozca el impacto del ajuste, sino porque amenaza con desarmar su principal activo electoral y discursivo: la supuesta desaceleración inflacionaria.
La aplicación de esta nueva metodología estaba lista desde el año pasado, pero fue deliberadamente postergada. El propio Lavagna reconoció que estos cambios “siempre generan muchos ruidos” y que hay que ser cuidadosos con el momento en que se implementan. Traducido al lenguaje político, el problema no era técnico sino electoral. Lanzar un nuevo índice con ponderaciones actualizadas en plena campaña podía exhibir una inflación más elevada y erosionar el discurso oficial. El dato fue guardado en un cajón. Hasta ahora.
La renuncia de Lavagna ocurre en ese contexto y suma un elemento adicional de sospecha. Desde el gremio ATE INDEC, su delegado Raúl Llaneza fue claro: la dimisión a pocos días de la publicación del nuevo IPC “llama poderosamente la atención” y pone en alerta a los trabajadores. La exigencia sindical vuelve a ser la misma de siempre y cada vez más urgente: un INDEC independiente del poder político. La advertencia no es retórica. La historia reciente argentina muestra con claridad qué sucede cuando los gobiernos deciden manipular, presionar o domesticar los números oficiales.
A este escenario se le suma otro conflicto que el gobierno prefiere minimizar: el congelamiento salarial dentro del organismo. Mientras el Ejecutivo impone un cepo a los ingresos y celebra el ajuste como virtud moral, los trabajadores del INDEC ven deteriorarse sus salarios en un contexto de inflación acumulada feroz. Esa tensión interna también forma parte del cuadro que explica la salida de Lavagna. No es solo una discusión metodológica, es una disputa por el sentido de los datos, por quién controla el termómetro y para qué.
Los números conocidos hasta ahora ya resultan elocuentes. Diciembre cerró con una inflación del 2,8 por ciento bajo la metodología anterior y marcó siete meses consecutivos de incrementos, aun con una política fiscal de motosierra y una política monetaria contractiva. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, los primeros dos años de Milei en la presidencia, la inflación acumulada fue del 259 por ciento. Según un informe de la consultora Equilibra, si se hubieran aplicado los nuevos ponderadores del INDEC, ese número habría sido del 270 por ciento. Once puntos más. Once puntos que no son una abstracción estadística, sino alquileres impagables, tarifas que se comen el sueldo y transporte cada vez más caro.
El 10 de febrero se conocerá el primer índice de inflación con la nueva metodología. Y lo hará sin Lavagna al frente del organismo. El dato no es menor. En un país donde la credibilidad de las estadísticas públicas fue dañada durante años, la salida del titular del INDEC en este contexto no fortalece la confianza, la debilita. Refuerza la idea de que el gobierno no tolera cifras que contradigan su narrativa y que la independencia técnica tiene un límite claro cuando choca con el marketing político.
La renuncia expone, además, una contradicción central del discurso libertario. El gobierno que se presenta como defensor de la verdad, de los datos y del mercado, muestra incomodidad frente a estadísticas que reflejan el impacto real de sus propias decisiones. La inflación baja en los discursos, pero sube en los barrios. Y cuando el índice amenaza con parecerse demasiado a la vida cotidiana, el problema pasa a ser el índice.
No se trata de idealizar la gestión de Lavagna ni de desconocer los debates legítimos sobre cómo se mide la inflación. Se trata de reconocer que la salida del titular del organismo estadístico, en este momento preciso, revela una fragilidad política profunda. Milei necesita números dóciles para sostener su relato. Y la realidad, por definición, es indócil.
El INDEC debería ser un organismo técnico, blindado frente a las presiones del poder de turno. Pero la renuncia de Lavagna, los reclamos gremiales, el congelamiento salarial y el temor explícito del gobierno a que la nueva metodología arroje índices más altos dibujan un escenario preocupante. No porque la inflación exista —eso ya lo saben millones de argentinos— sino porque el gobierno parece más preocupado por cómo se la mide que por cómo se la vive.
En definitiva, la salida de Marco Lavagna no es una anécdota administrativa ni un recambio más. Es una señal. Una señal de que el ajuste no solo pasa por los bolsillos, sino también por los datos. Y cuando los números empiezan a contar una historia distinta a la que se repite en cadena nacional, el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Muy político.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/
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