El gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas y modificó el sistema de facturación, atando los precios al dólar y favoreciendo a las empresas del sector energético. Las asociaciones de consumidores advierten que se trata de una privatización encubierta que agrava la desigualdad y multiplica las deudas familiares.
Desde el 1 de noviembre, las boletas de electricidad y gas comenzaron a reflejar el nuevo esquema tarifario impulsado por el Ejecutivo. Casi la mitad de los costos quedan dolarizados y el Estado se retira de su rol regulador. Expertos en defensa del consumidor advierten sobre la desprotección social y la falsa transparencia en los mecanismos de medición.
Con la excusa de “regularizar” el mercado, el gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su cruzada de liberalización total: las tarifas de luz y gas ya no se calculan en pesos, sino en función del dólar. Las boletas, que hasta hace pocos meses se presentaban como un reflejo del consumo familiar, ahora se convirtieron en un espejo del tipo de cambio. La motosierra económica avanza sin pausa sobre los hogares argentinos, especialmente tras el último resultado electoral, con un nuevo golpe al bolsillo que consolida el ajuste más severo en décadas.
El Ejecutivo dispuso, mediante las resoluciones 744/2025 y 745/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), un incremento promedio del 3,6% en las tarifas de Edenor y Edesur, además de cambios sustanciales en la forma de medir y facturar el consumo. Apenas unos días antes, había autorizado una suba similar del 3,8% en el gas. Lo que en apariencia parece un ajuste menor, en realidad representa un cambio estructural: el 43% de la tarifa eléctrica pasa a estar directamente dolarizada.
Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores (Adduc), fue tajante: “Los aumentos van a ser serios, a raíz de la regularización que determinó el Ejecutivo con una privatización absoluta del mercado eléctrico nacional”. La advertencia no es menor. Con esta decisión, el gobierno elimina las últimas barreras que impedían a las empresas trasladar las variaciones del dólar directamente a los usuarios. El resultado es previsible: la energía se transforma en un bien de lujo, inaccesible para millones de familias que ya sufren el impacto de la inflación y los salarios pulverizados.
La nueva política tarifaria no discrimina entre clases sociales. Como reconoció Bassano, “va a perjudicar a toda la sociedad y más aún a los de menos recursos”. Fernanda Lacey, abogada de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUyC), remarcó que “el ajuste en los servicios públicos ya está por encima de la inflación, al menos en un punto”. Lo dijo con precisión técnica pero con preocupación palpable: las audiencias públicas establecían que los incrementos debían acompañar el índice de precios al consumidor (IPC), pero el gobierno libertario los liberó de esa referencia.
El impacto sobre los hogares es devastador. Los estudios realizados por las entidades de defensa del consumidor muestran que, según el nivel de quita de subsidios, las facturas aumentarán entre 3 y 12 puntos. Esto ocurre en un contexto donde los problemas de facturación son moneda corriente: mediciones estimativas, errores en las tomas, irregularidades en cargos fijos y variables. Como señaló Bassano, “las informaciones del gobierno nunca son reales, porque dependen del consumo y del retiro de subsidios”.
El cambio más profundo llega de la mano de la Resolución 730/2025, que modifica el período de facturación para todos los usuarios residenciales. A partir de ahora, el consumo se medirá y cobrará mensualmente, y no cada dos meses como ocurría hasta ahora. Según el ENRE, esto busca “transparencia” y “claridad” para los usuarios. Sin embargo, las asociaciones de consumidores no fueron consultadas y advierten sobre un efecto contrario: “La unificación de la lectura y el cobro mensual va a crear un corrimiento respecto a los meses anteriores”, advirtió Bassano.
El nuevo esquema también traslada costos adicionales. La abogada Lacey se preguntó: “¿Quién va a asumir el costo extra de la lectura de los medidores cada mes? ¿También los usuarios?”. En la práctica, el gobierno descarga sobre las familias un gasto más, al mismo tiempo que se desentiende del control del servicio. Todo queda en manos de las empresas, que ahora cuentan con libertad absoluta para ajustar precios, modificar estructuras de cobro y aplicar aumentos según la evolución del dólar.
Los incrementos no sólo se miden en porcentaje, sino en drama social. Según Bassano, entre el 20 y el 28% de los usuarios del país arrastran deudas con las distribuidoras de gas o directamente sufren cortes de servicio. “En barrios populares llegan boletas de 200 mil pesos. Los medidores, en vez de medir, corren”, graficó. La frase no es una metáfora: refleja la distorsión y la injusticia de un sistema que castiga al usuario mientras garantiza rentabilidad a las empresas.
La política energética de Milei es clara: desregulación total, dolarización parcial y subsidios concentrados. En los hechos, el Estado se corre de su rol de protector de los sectores vulnerables. Lacey detalló que los usuarios de menores ingresos, identificados como N1 y N3, aún mantienen una parte del costo de generación subsidiada en un 40% o 50%. Pero el discurso oficial anuncia el fin de esos subsidios. Cuando llegue ese momento —inevitable bajo la lógica libertaria— el golpe recaerá nuevamente sobre los hogares trabajadores, los jubilados y las pequeñas economías regionales que dependen de tarifas accesibles para sostener su actividad.
El problema no es sólo económico, sino político. Detrás de la retórica de la “eficiencia del mercado” se esconde la vieja receta neoliberal: transferencia de recursos desde los bolsillos de la ciudadanía hacia los balances empresariales. El gobierno sostiene que la liberalización “corrige distorsiones” y “fomenta la competencia”, pero la experiencia argentina demuestra lo contrario. Cada vez que el Estado renunció a regular el sector energético, los precios se dispararon, los servicios se deterioraron y las ganancias privadas se multiplicaron.
El discurso oficialista intenta justificar la dolarización bajo la idea de “transparencia tarifaria”, como si la referencia en moneda extranjera asegurara previsibilidad. Pero lo único que garantiza es inestabilidad: en un país con tipo de cambio volátil, las tarifas dolarizadas se convierten en una bomba de tiempo para las economías familiares. Mientras tanto, el gobierno se desentiende de los mecanismos de control, y el ENRE se limita a publicar resoluciones que consagran la desregulación.
La dolarización de la energía también tiene un fuerte impacto simbólico. Es la expresión más pura del modelo de Javier Milei: un país en el que el dólar reemplaza al peso no sólo como referencia económica, sino como símbolo de poder. La energía, que debería ser un derecho básico, se transforma en una mercancía dolarizada accesible sólo para quienes puedan pagarla. Y quienes no puedan, quedarán a oscuras, literalmente.
El gobierno podría argumentar que los ajustes son necesarios para reducir el déficit fiscal y “ordenar las cuentas públicas”. Pero el costo social es inconmensurable. Las familias se endeudan, los servicios se encarecen, y el Estado abandona a quienes no pueden cubrir las necesidades mínimas. Lo que se presenta como “racionalización” es, en realidad, una transferencia brutal de ingresos hacia las empresas privatizadas, que ahora disfrutan de un marco legal hecho a medida.
Los especialistas en defensa del consumidor insisten en que la política energética debería tener una orientación social, no financiera. “No se puede hacer mucho porque los criterios actuales van camino a un mercado eléctrico completamente desregulado”, reconoció Lacey. La frase, aunque resignada, resume la gravedad del panorama: el país avanza hacia un modelo en el que el acceso a la energía dependerá del poder adquisitivo, no de las necesidades humanas.
Mientras las boletas llegan recargadas, el gobierno celebra la “eficiencia” de un sistema que excluye y empobrece. En nombre de la libertad de mercado, Milei consagra un modelo de dependencia económica y desigualdad social. La dolarización de la energía no es sólo una decisión técnica: es un proyecto político. Y su resultado ya se siente en los hogares argentinos, donde la luz encendida se convierte en un lujo y el derecho a la energía, en un privilegio.
Fuentes:
Página 12 – “Con Milei, llegó la dolarización… a las tarifas de luz. Las boletas llegan recargadas”
https://www.pagina12.com.ar/870998-las-boletas-llegan-recargadas
Deja una respuesta