En medio de una emergencia eléctrica, el Gobierno importó 830 MW desde Uruguay a precios que duplican el costo local, mientras continúa exportando gas de Vaca Muerta a valores bajos
La escena parece absurda pero es real: Argentina vende gas barato y luego paga electricidad cara generada con ese mismo recurso en el exterior. La operación, que evitó un apagón, expone fallas estructurales, decisiones políticas cuestionables y un modelo energético atravesado por la lógica del mercado antes que por el interés nacional.
Hay decisiones que no necesitan demasiada interpretación para revelar su trasfondo. Basta con observar los números, seguir el recorrido de los recursos y preguntarse quién gana y quién pierde. Lo que ocurrió en los primeros días de abril no fue solo un episodio técnico ni una contingencia pasajera: fue una radiografía brutal del modelo energético que impulsa el gobierno de Javier Milei, donde la lógica del mercado parece imponerse incluso cuando contradice el sentido común.
Argentina importó aproximadamente 830 megavatios de electricidad desde Uruguay durante un pico de demanda provocado por una ola de calor. La operación, que se extendió durante algunas horas críticas de la noche, tuvo como objetivo evitar un colapso del sistema eléctrico. Hasta ahí, podría decirse que se trató de una maniobra razonable dentro de un sistema interconectado. Pero el problema aparece cuando se mira el precio: entre 150 y 200 dólares por megavatio hora, es decir, aproximadamente el doble de lo que cuesta producir esa misma energía dentro del país.
Y ahí es donde el relato oficial empieza a crujir.
Porque mientras Argentina pagaba tarifas premium para sostener el suministro eléctrico, simultáneamente exportaba gas de Vaca Muerta a Uruguay a precios considerablemente más bajos, en torno a los 3,5 a 4,5 dólares por millón de BTU. Ese gas, que podría haberse utilizado para generar electricidad localmente, alimenta centrales térmicas uruguayas, como la de Punta del Tigre. Desde allí, parte de esa energía vuelve a cruzar el Río de la Plata, ahora convertida en electricidad, con un valor multiplicado.
La escena, si se la observa sin anestesia, es tan clara como incómoda: Argentina vende el insumo barato y recompra el producto elaborado caro. Como si exportara trigo a precio de liquidación y luego importara pan gourmet.
No se trata de un simple error de cálculo ni de una casualidad del mercado. Lo que está en juego es un modelo. Uno que prioriza contratos de exportación, compromisos comerciales y señales al mercado por encima de la planificación estratégica de los recursos. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, termina generando ineficiencias evidentes. Un modelo que, en definitiva, convierte a un país con abundancia energética en rehén de sus propias limitaciones.
Es cierto que el episodio tuvo un componente de emergencia. La demanda eléctrica superó en unos 2.000 MW lo previsto, mientras que más de 1.000 MW de generación local quedaron fuera de servicio, probablemente por fallas o mantenimiento. En ese contexto, la asistencia de Uruguay fue clave para evitar cortes masivos. También es cierto que estos intercambios no son inusuales en sistemas interconectados. Argentina, Uruguay y Brasil operan en una red regional donde la energía fluye según las necesidades del momento.
Pero reducir el análisis a esa explicación sería, en el mejor de los casos, ingenuo.
Porque lo que revela este episodio es algo más profundo: la incapacidad del sistema energético argentino para responder a sus propias demandas, incluso contando con recursos abundantes. Con una capacidad instalada cercana a los 30.000 MW, el país no debería necesitar importar energía en condiciones normales. Sin embargo, lo hace. Y lo hace caro.
Las razones son múltiples y conocidas. Falta de inversión en infraestructura, cuellos de botella en el transporte de gas, limitaciones en la red eléctrica, problemas de mantenimiento, ausencia de planificación a largo plazo. Todo eso forma parte del diagnóstico. Pero hay un elemento adicional que no puede ignorarse: la orientación política de las decisiones.
El gobierno de Milei ha hecho de la liberalización del mercado una bandera. En el sector energético, eso se traduce en incentivos a la exportación, desregulación de precios y una menor intervención estatal. En teoría, esto debería generar eficiencia y atraer inversiones. En la práctica, lo que se observa es una mayor exposición a las lógicas del mercado internacional, incluso cuando eso implica pagar más caro por recursos propios.
Uruguay, por su parte, no es el villano de esta historia. Lejos de ser un simple intermediario, cuenta con una matriz energética sólida, con más de 5.200 MW de capacidad instalada y una fuerte presencia de energías renovables. En 2025, alrededor del 93% de su generación provino de fuentes limpias. Su sistema está diseñado para exportar excedentes y responder a demandas regionales. En ese sentido, actuó como un socio estratégico, no como un especulador.
Pero justamente ahí radica la paradoja: mientras Uruguay optimiza su sistema y capitaliza las oportunidades, Argentina parece moverse a los tumbos, reaccionando más que planificando.
El argumento de que estas operaciones son normales en contextos de emergencia no alcanza para disipar las dudas. Porque la emergencia, en este caso, no fue un rayo en cielo sereno. Fue el resultado de un sistema tensionado, de decisiones acumuladas y de una estructura que no logra articular producción, transporte y consumo de manera eficiente.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿cómo puede ser que un país con uno de los reservorios de gas más importantes del mundo termine pagando precios exorbitantes por electricidad? ¿Qué tipo de racionalidad económica justifica exportar energía primaria barata e importar energía elaborada cara? ¿Dónde queda el interés nacional en ese esquema?
Las respuestas no son simples, pero tampoco pueden esquivarse.
Porque detrás de cada megavatio importado a precio inflado hay una transferencia de recursos. Y detrás de cada decisión energética hay una concepción de país. Una que, en este caso, parece priorizar la lógica del mercado por sobre la soberanía energética, la planificación estatal y el bienestar de la población.
El episodio de los 830 MW no es un hecho aislado. Es un síntoma. Un síntoma de un modelo que, lejos de resolver las tensiones estructurales del sistema energético argentino, las expone con crudeza. Un modelo que convierte la abundancia en escasez, la oportunidad en dependencia y la eficiencia en un relato difícil de sostener frente a la evidencia.
Tal vez lo más preocupante no sea el costo de esa electricidad importada, sino lo que revela sobre el rumbo elegido. Porque cuando un país empieza a pagar caro por lo que produce barato, no está frente a un problema técnico. Está frente a una definición política.
Y esas, a diferencia de las emergencias, no se resuelven en tres horas.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/energia/argentina-importo-energia-de-uruguay-para-evitar-un-colpaso-y-termino-pagando-el-doble-por-megas-que-se-generan-con-gas-nacional-barato/ https://zapalaya.com.ar/vaca-muerta/el-gobierno-argentino-enfrenta-costos-elevados-por-importar-electricidad-de-uruguay
https://www.fmdigitalempalme.com.ar/el-gobierno-importo-electricidad-carisima-de-uruguay-que-se-produce-con-el-gas-barato-de-vaca-muerta/
