Con una resolución que habilita los cortes del servicio por falta de pago, el Gobierno sienta las bases para una ofensiva privatizadora sobre AySA. La lógica del mercado se impone incluso sobre un derecho humano esencial.
En un nuevo capítulo del ajuste sin anestesia, el gobierno de Javier Milei reaviva la vieja agenda neoliberal de los noventa al autorizar los cortes de agua por falta de pago. El cambio normativo, tan silencioso como brutal, allana el camino para una eventual privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), dejando al descubierto un desprecio alarmante por los sectores vulnerables y una visión mercantilista del acceso al agua.
Hay decisiones que no necesitan discursos altisonantes para resultar escandalosas. Bastan una resolución burocrática y el desdén por el bien común para provocar una catástrofe silenciosa. Eso es lo que acaba de hacer el Gobierno de Javier Milei al modificar la normativa que impedía cortar el servicio de agua potable y cloacas a los usuarios morosos. A partir de ahora, AySA podrá cerrar la canilla a quienes no puedan pagar, consolidando una de las señales más claras de la avanzada privatizadora que se cocina en las sombras.
La resolución fue firmada por el interventor del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), Juan José Aranguren, un nombre que no es ajeno a la política de desregulación ni al sector empresarial. Exministro de Energía de Mauricio Macri y hombre fuerte de Shell durante años, Aranguren encarna la visión más ortodoxa del neoliberalismo. No sorprende entonces que, bajo su órbita, el gobierno haya dispuesto eliminar la restricción que, desde 2006, prohibía a AySA interrumpir el servicio de agua potable y cloacas por deudas.
La medida, que fue comunicada casi en secreto mediante una resolución del 10 de julio, lleva la impronta de un modelo de país donde la rentabilidad prima por sobre los derechos humanos. Porque, aunque parezca una obviedad, el acceso al agua no es un bien de lujo, sino una condición básica para una vida digna. La Organización de las Naciones Unidas lo declaró derecho humano en 2010. Pero para el gobierno de Milei, ese principio parece no tener ningún valor si se interpone en el camino del ajuste.
El trasfondo de esta movida es todavía más preocupante. La reconfiguración del régimen de corte de servicios no solo impacta directamente sobre la población más vulnerable —los mismos que ya vienen siendo arrasados por la licuación de ingresos, la inflación descontrolada y el desguace del Estado—, sino que además sienta las bases legales para avanzar en la privatización de AySA.
El gobierno lo niega, pero los hechos lo contradicen. Desde que asumió, Milei no ha ocultado su desprecio por las empresas públicas, a las que considera parte de un Estado «gigante y parasitario». AySA no es la excepción: su posible inclusión en el paquete de empresas sujetas a privatización se ha mencionado en reiteradas ocasiones en los borradores de la Ley Ómnibus, y desde la Casa Rosada nunca se despejó esa intención.
Más aún, la estrategia es astuta pero brutal: primero se deteriora el servicio, luego se desfinancia la empresa, se reducen derechos a los usuarios, y por último se presenta la privatización como única salida viable. El cambio normativo que permite los cortes de agua es solo un eslabón más en esa cadena de desmantelamiento.
En este punto, cabe preguntarse: ¿quién se beneficia con esta política? Sin duda no los usuarios que ahora deberán enfrentarse al temor de quedarse sin agua en pleno invierno. Tampoco el personal técnico y operativo de AySA, cuyos puestos de trabajo están en la mira de un gobierno que celebra los despidos como parte de su “plan motosierra”. Los únicos que salen ganando son los grupos empresariales que ya están al acecho, esperando la oportunidad de quedarse con uno de los servicios más esenciales del país.
El caso de AySA no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de vaciamiento y privatización de bienes públicos, que incluye también el intento de venta de empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación o la Casa de Moneda. La lógica es siempre la misma: degradar, deslegitimar y luego vender. Todo, por supuesto, en nombre de la «eficiencia» y del «mercado libre».
Pero cuando se trata de agua, esa lógica se vuelve criminal. Porque sin acceso garantizado al agua potable, no hay salud, no hay higiene, no hay vida. Negar este servicio a quienes no pueden pagarlo es condenarlos al abandono. Es una forma de violencia estructural que solo puede justificarse desde la frialdad tecnocrática o el fanatismo ideológico.
Lo que se juega aquí no es un mero conflicto administrativo o tarifario. Es un modelo de país. Uno donde la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia social son reemplazadas por la ley del más fuerte. Uno donde la necesidad de los más humildes es vista como una molestia, un obstáculo a erradicar.
Y no es casual que esta ofensiva contra AySA se produzca sin debate público, sin consulta con especialistas, sin participación ciudadana. El gobierno de Milei, acostumbrado a gobernar por decreto, desprecia las formas democráticas tanto como desprecia el rol del Estado como garante de derechos. En su visión ultraliberal, todo puede ser mercancía, incluso el agua.
La historia reciente ofrece lecciones que no deberían ignorarse. En los años noventa, bajo el paradigma privatizador de Carlos Menem, el servicio de agua también fue entregado a manos privadas, con resultados catastróficos. Tarifas impagables, inversiones incumplidas y una cobertura desigual que dejó a millones sin acceso. Fue necesaria la estatización de AySA en 2006 para revertir ese desastre.
Pero ahora, el gobierno libertario parece decidido a repetir el mismo libreto, como si no hubiéramos aprendido nada. El problema es que el costo no lo pagarán los ideólogos de la motosierra, sino los jubilados, las familias de los barrios populares, los niños que no podrán lavarse las manos ni tomar un vaso de agua segura.
Es necesario denunciar con todas las letras que esta medida no es una simple decisión administrativa. Es un paso más en un proyecto de país cruel y excluyente, donde la vida cotidiana de millones está en juego. No se puede naturalizar que en pleno siglo XXI el agua sea considerada un bien condicionado al poder adquisitivo. No se puede aceptar que se vuelva a hablar de “cortes” como si se tratara de un cable de televisión.
La defensa del agua como derecho humano debe ser innegociable. Y frente a un gobierno que avanza con la topadora sobre lo público, el silencio solo sirve a los intereses de quienes se frotan las manos pensando en las ganancias que deja la sed.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/843798-privatizacion-de-aysa-milei-habilita-los-cortes-de-agua-por-
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