Piden a la Corte Suprema reabrir la causa contra Javier Iguacel por abuso de autoridadsostiene y que se ignoraron posibles delitos más graves
Cuestionan el sobreseimiento por prescripción dictado a favor del exdirector de Vialidad Nacional. El Ministerio Público Fiscal sostiene que se ignoraron posibles delitos más graves y discute la legitimidad de los fiscales para impulsar la acción penal.
El fiscal Javier De Luca recurrió ante la Corte Suprema para que se revise el fallo que dejó sin efecto la investigación contra el exfuncionario macrista Javier Iguacel, acusado de actos administrativos que habrían perjudicado a la empresa CPC S.A. De Luca calificó de arbitraria la decisión de la Cámara de Casación y denunció que se omitió analizar si los hechos podían encuadrarse en delitos más graves como fraude a la administración pública o peculado.
El futuro judicial de Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, quedó nuevamente bajo la lupa. El fiscal Javier Augusto De Luca, titular de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que se revoque el sobreseimiento dictado a favor del exfuncionario en una causa por presunto abuso de autoridad.
La intervención de De Luca se produjo tras la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que el pasado 27 de junio declaró mal concedido el recurso interpuesto por el fiscal general José Luis Agüero Iturbe contra la confirmación del sobreseimiento de Iguacel, resuelto en primera instancia por el juez federal Daniel Rafecas.
Iguacel fue denunciado en octubre de 2020 por la firma Comercial del Plata Construcciones S.A. (CPC S.A.), que lo acusó de dictar, entre 2016 y 2018, actos administrativos que le habrían causado perjuicios económicos, como la imposición de sanciones arbitrarias, desfinanciamiento de contratos y acusaciones de incumplimientos.
Sin embargo, el juez Rafecas consideró en noviembre de 2024 que la acción penal estaba prescripta, basándose en que había transcurrido el plazo máximo previsto para el delito de abuso de autoridad y en que el paso de Iguacel como intendente de Capitán Sarmiento entre 2019 y 2023 no constituía un cargo lo suficientemente jerárquico como para suspender los plazos de prescripción.
La Cámara Nacional de Apelaciones confirmó esa postura en febrero pasado, rechazando los planteos de la querella, que había sostenido que los hechos denunciados podían encuadrarse en delitos más graves, como defraudación a la administración pública, peculado o asociación ilícita.
En su recurso ante la Corte, De Luca cuestionó duramente las decisiones judiciales previas por haber limitado el análisis de los hechos a una figura penal menor, lo que permitió cerrar el caso por prescripción. Señaló que la extinción de la acción penal es una cuestión de orden público y que puede ser revisada en cualquier instancia, independientemente de que el fiscal de primera instancia hubiera coincidido con la prescripción.
“Carece de relevancia si alguno de los fiscales en las etapas anteriores no mantuvo los agravios en algún tramo, porque la extinción de las acciones penales es una cuestión de orden público, discutible de oficio y de prioritario tratamiento en cualquier instancia donde se plantee”, sostuvo De Luca.
Además, denunció que tanto el juez Rafecas como la Cámara de Apelaciones omitieron analizar otras posibles calificaciones penales más graves, que podrían haber extendido los plazos de prescripción y mantener viva la acción penal. “Lo que aparece como antojadizo es la selección de una calificación legal más leve sin haber contemplado las más graves, y sin fundamentación alguna”, advirtió el fiscal.
De Luca también cuestionó la interpretación restrictiva sobre el cargo de intendente ocupado por Iguacel tras dejar la gestión nacional, y afirmó que lo relevante es si el funcionario, cualquiera sea su cargo, pudo influir en la investigación o entorpecerla, criterio que a su entender fue ignorado por los tribunales inferiores.
En su escrito, el fiscal invocó la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre arbitrariedad de sentencias, argumentando que se privó al Ministerio Público Fiscal de ejercer su rol como titular de la acción penal. “El tribunal apelado adoptó una posición ciega ante los argumentos de las partes, correctamente expuestos en todas las instancias”, aseguró De Luca.
Ahora será la Corte Suprema la que deba decidir si admite el recurso extraordinario y, en consecuencia, si reabre el expediente que investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública por parte de Iguacel y otros funcionarios de Vialidad Nacional.
Fuente:
- https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/solicitan-que-se-anule-el-sobreseimiento-del-exdirector-de-vialidad-nacional-javier-iguacel-frente-a-una-imputacion-por-abuso-de-autoridad/
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