Corrupción en alza: el talón de Aquiles del relato libertario que empieza a resquebrajarse. Un salto abrupto en la preocupación social expone las contradicciones del gobierno de Javier Milei, mientras la inflación y el desempleo siguen golpeando a una sociedad cada vez más escéptica
La corrupción volvió al centro de la escena y no como una abstracción moral, sino como una herida abierta que interpela de lleno al gobierno de Javier Milei. Según el último relevamiento de la consultora Delfos, correspondiente a abril de 2026, el 33% de los argentinos señala a la corrupción como el principal problema del país. El dato no solo es contundente: es incómodo, sobre todo para una administración que construyó su identidad política prometiendo dinamitar las prácticas de la llamada “casta”. Hoy, esa promesa parece empezar a deshilacharse.
El salto es tan brusco como revelador. En apenas un mes, la preocupación por la corrupción creció 14 puntos porcentuales, desplazando a la inflación, que se mantiene en torno al 19%, y dejando más atrás al desempleo, con un 12%. No se trata de un movimiento menor ni de una fluctuación estadística pasajera. Es, más bien, un síntoma político. Una señal de alarma que deja en evidencia un cambio en el humor social y, sobre todo, en la percepción de una gestión que llegó al poder envuelta en discursos incendiarios contra los privilegios del sistema, pero que ahora empieza a ser observada bajo la misma lupa que decía combatir.
En este contexto, el nombre de Manuel Adorni aparece inevitablemente en el centro del debate. Vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, su figura se vio envuelta en sospechas que, lejos de disiparse, parecen haber calado hondo en la opinión pública. No es un dato menor: Adorni no es un funcionario más. Es uno de los rostros más visibles del gobierno, el encargado de traducir —y defender— las decisiones del presidente. Su trayectoria, marcada por un perfil mediático y confrontativo, lo posicionó como un engranaje clave en la maquinaria comunicacional libertaria. Pero hoy, esa exposición juega en contra. Porque cuando el vocero se convierte en protagonista de las sospechas, el mensaje pierde credibilidad y el relato empieza a hacer agua.
El problema, sin embargo, excede a una figura puntual. Lo que está en juego es algo más profundo: la coherencia entre el discurso y la práctica. Milei construyó su capital político sobre una narrativa de pureza moral, de ruptura con las viejas estructuras, de guerra frontal contra la corrupción. Pero cuando las denuncias o sospechas alcanzan a su propio círculo, esa narrativa se vuelve frágil, casi insostenible. Y la sociedad, que no es ingenua, empieza a tomar nota.
A esto se suma otro frente que complica el panorama: la economía. Porque si bien la corrupción gana terreno como preocupación, la inflación sigue siendo una presencia constante, una especie de ruido de fondo que no deja de molestar. El dato de marzo, con un índice que superó el 3%, confirma una tendencia al alza que contradice el optimismo oficial. El gobierno insiste en que el rumbo es el correcto, que el ajuste es necesario, que los resultados llegarán. Pero mientras tanto, la vida cotidiana se encarece, los ingresos no alcanzan y la paciencia social se desgasta.
En ese escenario, el desempleo, aunque relegado al tercer lugar, no deja de ser una preocupación latente. El 12% que lo señala como principal problema puede parecer menor en comparación, pero esconde una realidad más compleja: la precarización laboral, la informalidad, la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, un mercado de trabajo que no logra ofrecer certezas ni estabilidad, en un contexto donde las políticas económicas priorizan el equilibrio fiscal por sobre el bienestar social.
Lo que empieza a configurarse, entonces, es una tormenta perfecta. Por un lado, un gobierno que pierde uno de sus principales activos simbólicos: la supuesta superioridad moral frente a la “casta”. Por otro, una economía que no logra estabilizarse y que sigue generando tensiones. Y en el medio, una sociedad que observa, evalúa y, cada vez más, cuestiona.
La proximidad de los comicios del próximo año agrega un condimento adicional. Porque estos datos no solo reflejan una fotografía del presente, sino que también anticipan posibles escenarios futuros. Si la corrupción se instala como eje central del debate público, el oficialismo podría verse obligado a reconfigurar su estrategia, a dar explicaciones, a asumir costos. Y no está claro que tenga margen para hacerlo sin pagar un precio político significativo.
Hay, además, una dimensión simbólica que no puede ignorarse. La lucha contra la corrupción no es solo una consigna electoral; es una demanda histórica de la sociedad argentina, atravesada por décadas de escándalos, impunidad y desconfianza institucional. Que esa demanda resurja con fuerza en un gobierno que prometía erradicarla no es solo una ironía: es una señal de fracaso.
En definitiva, el informe de Delfos no hace más que poner en números algo que ya se percibe en el clima social. La corrupción volvió a ocupar un lugar central en las preocupaciones de los argentinos, y lo hizo en un contexto donde el gobierno no logra ofrecer respuestas convincentes. La pregunta que queda flotando es incómoda, pero inevitable: ¿qué queda del discurso anticasta cuando las sospechas empiezan a rodear al propio poder?
La respuesta, por ahora, parece inclinarse hacia una creciente desilusión. Porque si algo queda claro en este escenario es que la paciencia social no es infinita. Y que, tarde o temprano, las promesas incumplidas se pagan. En las urnas, en la calle o en la conciencia colectiva. Porque cuando la corrupción deja de ser un problema del pasado y se convierte en una preocupación del presente, ya no alcanza con gritar más fuerte. Hace falta algo que, hasta ahora, el gobierno no ha logrado mostrar: coherencia.
Fuente:
Consultora Delfos. (2026, abril). La corrupción gana protagonismo entre los principales problemas del país. https://delfoscba.com.ar/
