Más de 70 organizaciones salieron a la calle en todo el país contra la eliminación del programa social y la avanzada del Gobierno. La respuesta estatal incluyó gases y empujones en uno de los accesos más calientes del conurbano.
La escena se repite con una lógica que ya no sorprende, pero sí alarma: miles en las calles, rutas cortadas, puentes bloqueados y fuerzas de seguridad desplegadas para contener —o directamente reprimir— un conflicto que no deja de escalar. Esta vez, el detonante es la eliminación del ex Potenciar Trabajo, una decisión del gobierno de Javier Milei que impactará de lleno en más de 900 mil personas.
La jornada de protesta, impulsada por más de 70 organizaciones sociales, tuvo réplicas en todo el país, pero uno de sus focos más tensos se concentró en el Puente Pueyrredón, donde manifestantes fueron reprimidos por efectivos de Prefectura y la Policía Federal justo cuando comenzaban a desconcentrar. Empujones, gases y corridas marcaron un episodio que vuelve a poner en cuestión el protocolo de seguridad frente a la protesta social.
El reclamo es concreto: el Gobierno decidió dar de baja el programa —rebautizado como “Volver al Trabajo”— y anunció que el próximo 9 de abril será el último pago. La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que propone reemplazar la asistencia directa por un sistema de vouchers destinados a capacitaciones en oficios.
El problema no es sólo el cambio de esquema, sino su viabilidad. ¿Cómo se reconvierte en formación laboral a un universo de más de 900 mil personas sin una inversión masiva? La respuesta oficial, hasta ahora, no aparece. Los cursos ofrecidos —carpintería, herrería, plomería, electricidad, entre otros— suenan más a catálogo que a política pública estructurada.
Mientras tanto, en las calles, el impacto ya se siente. Además del Puente Pueyrredón, hubo cortes totales en el Puente Saavedra, el Puente La Noria y en puntos neurálgicos como Ruta 3 y General Paz. La protesta se extendió también a ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y a provincias de punta a punta del país, evidenciando que el conflicto no es sectorial sino federal.
El trasfondo económico agrava la escena. El monto del programa se mantuvo congelado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023, mientras la inflación acumulada alcanzó el 280,4%. Es decir, incluso antes de su eliminación, el ingreso ya había sido licuado hasta volverse prácticamente simbólico. La supuesta “reconversión” llega, entonces, después de un proceso de deterioro deliberado.
El Potenciar Trabajo, creado durante la gestión de Alberto Fernández, garantizaba un ingreso equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil a cambio de tareas comunitarias y productivas. No era un sistema perfecto, pero funcionaba como red de contención en un mercado laboral que nunca logró absorber a los sectores más vulnerables.
La decisión de eliminarlo sin un esquema alternativo claro no sólo deja a cientos de miles sin ingresos, sino que expone una concepción más profunda: la idea de que la pobreza se resuelve con capacitación individual, desligada de cualquier política de desarrollo o generación de empleo real. En ese marco, los vouchers aparecen más como una coartada ideológica que como una solución concreta.
Lo ocurrido en el Puente Pueyrredón no es un hecho aislado, sino el síntoma de un proceso en curso. A medida que el ajuste avanza sobre los sectores más frágiles, la calle vuelve a convertirse en el escenario inevitable del conflicto. Y la respuesta estatal, lejos de abrir canales de diálogo, parece optar por la lógica del disciplinamiento.
La pregunta que queda flotando es cuánto tiempo puede sostenerse este esquema sin que el conflicto social escale aún más. Porque detrás de cada corte, de cada marcha, de cada enfrentamiento, hay una realidad que no se resuelve con discursos: la de cientos de miles que, de un día para el otro, quedan fuera del sistema.
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